Revista Nueva Minería

Ayer el Tribunal Ambiental conoció detalles del pacto, con el que la estatal asegura que cumple “holgadamente” el posible daño provocado en la división Salvador.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta conoció ayer los detalles del confidencial acuerdo mediante el cual Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) buscan dejar sin efecto la demanda interpuesta por este último organismo en contra de la minera por el supuesto daño ambiental producido en la división Salvador y que tiene en vilo el futuro de dicho centro de trabajo. El acuerdo, del cual no se conocían detalles hasta ahora, es clave para viabilizar uno de los proyectos estructurales de Codelco, Rajo Inca, cuya inversión supera los US$ 1.200 millones, y busca extender en 40 años la vida útil del yacimiento ubicado en la Región de Atacama.

En cuanto al documento, se trata de más de una decena de compromisos adoptados por la corporación, los cuales están respaldados por una boleta de garantía sobre los US$ 21 millones, que están destinados a reparar los daños que acusa el CDE y restablecer las condiciones de base del salar de Pedernales.

Ese grupo de acciones incluye estudios de seguimientos, estudios de bioecología, planes de monitoreo y compensaciones ante la pérdida de ecosistemas en la zona, además de la cesión de derechos de agua. De acuerdo con Codelco, las medidas presentadas “superan con mucho” el máximo efecto producido en los humedales según las estimaciones propias, aunque estas aún deben ser visadas por el tribunal, cuyo trámite comenzó ayer.

El programa de la minera estatal incluye un plan de puesta en valor para la zona, que según describe la corporación “permite hacerse cargo holgadamente de los eventuales daños imputados, desde que permite responder adecuadamente a la afectación de superficie estimada por el CDE, en una razón de casi 1:3”, según consta en el escrito.

No obstante, dentro de este monto no se incluye la medida que tiene que ver con restablecer un flujo de agua superficial aguas abajo del tranque La Ola, con un caudal promedio de 30 litros por segundo, con lo que se busca aumentar la recarga natural del acuífero del salar de Pedernales. Esta es una de las iniciativas que se tendrá que implementar de inmediato una vez autorizado el acuerdo y, según el documento, tendrá un costo de más de US$ 35 millones para la estatal, destinados a inversiones graduales para reducir el consumo de agua del proyecto Rajo Inca.

Próximos pasos

Con todo, el Tribunal Ambiental de Antofagasta informó que serán los ministros del tribunal quienes, junto al equipo asesor, deberán analizar el principio de acuerdo al que llegaron las partes, ya que el tribunal “debe realizar un control de indemnidad del daño causado, vale decir, velar para que las medidas de reparación ambiental propuestas se hagan cargo efectivamente del daño causado, tal como lo establece el artículo 44 de la Ley 20.600”. Una vez concluido el análisis de los antecedentes presentados, el tribunal podrá convocar a las partes a una audiencia de revisión del avenimiento y posteriormente determinar si acepta o rechaza el acuerdo.

Urgente tramitación

Si bien este proceso no tiene un plazo determinado, la estatal requiere de una rápida tramitación que permita dar inicio a las obras del proyecto Rajo Inca, considerando que las reservas de mineral de la división Salvador se agotan a fines del próximo año.

Fuente: El Mercurio