Proyecto de ley del gas y SVS establecen criterios distintos para las conversiones de Metrogas
Mientras el Ministerio de Energía busca que la empresa considere todo el proceso de transformación de clientes a gas natural por red como gasto, la entidad reguladora pretende que solo parte de ello se considere como activo.
El conflicto entre el Gobierno y la mayor empresa de gas por red, Metrogas, ha sido extenso. En medio de este enfrentamiento, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) exponen criterios diferentes respecto a cómo la compañía debe considerar las “conversiones”, o inversiones para transformar las instalaciones de clientes a gas natural por red.
El proyecto de ley que busca regular este mercado, y que envió al Congreso hace unos meses la cartera que lidera Máximo Pacheco, establece que todo ese proceso debe ser considerado como gasto por la compañía, lo que causaría importantes perjuicios patrimoniales a la firma controlada por el grupo CGE. De hecho, Metrogas estima estos impactos como equivalentes al 8% de sus activos totales.
Sin embargo, la SVS establece que hay tres pasos en el marco de las conversiones que deben ser considerados como activos, y otros tres como gastos. Esto último, queda de manifiesto en el oficio donde el regulador pide a la empresa rehacer sus balances de 2013 y 2014.
En la primera categoría figura la realización del empalme desde la red de distribución del hidrocarburo, la instalación del medidor y regulador de gas, y la red para conectar el medidor y la red interior existente.
Mientras que entre los gastos, según la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa debe tener en cuenta la adaptación de los artefactos para el uso de gas natural, la normalización de las instalaciones de acuerdo con la norma vigente, además de la certificación de la conversión ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Críticas a la iniciativa
El proyecto de ley de gas ha recibido una serie de críticas. En abril, un informe de la Corte Suprema cuestionó el proyecto de ley, y dijo que éste tenía una serie de falencias. Luego, a principios de mayo, el presidente del TDLC, Tomas Menchaca, calificó como “un error” y como un atentado contra “los principios más básicos del libre mercado” que la iniciativa pretenda establecer una tarificación obligatoria si la empresa excede un cierto margen de rentabilidad, sin necesidad de consultar al TDLC ni a ningún otro organismo.
La iniciativa legal que busca regular el mercado gasífero fue enviada por el Ministerio de Energía, y, entre otras cosas, propone la fijación tarifaria si las compañías sobrepasan el límite de rentabilidad -que reduce a 9%-, y prevé compensaciones a los consumidores en caso de producirse excesos.
El debate en torno a la necesidad de regular comenzó a mediados de 2014, cuando el Ministerio -basándose en estudios técnicos- estableció que la firma había sobrepasado por dos años consecutivos su límite de rentabilidad, definido en 11%. La compañía, por el contrario, aseguró con otros informes que nunca superó la cifra.
Luego, la Municipalidad de Maipú presentó una demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), pidiendo la fijación de tarifas a Metrogas y la compensación de los consumidores. Meses después, el Tribunal falló a favor de Metrogas, aunque validó la necesidad de cambios legales, puesto que en la normativa actual existen vacíos que no permiten calcular si una compañía sobrepasa o no el límite de rentabilidad, explicó la entidad.
Por último, en marzo la SVS le pidió a Metrogas rehacer sus balances y considerar parte de las conversiones como gasto. Esto, pese a los informes presentados por la compañía, donde las cuatro mayores auditoras del mundo avalaban su contabilidad.
Fuente: El Mercurio
