Proyecto Asociatividad plantea compartir propiedad de centrales eléctricas con las comunidades
Grupo de trabajo liderado por profesionales de la U. de Chile, trabajó seis meses para entregar una propuesta para el proyecto de Asociatividad, comprometido para el primer semestre. La iniciativa es clave para viabilizar inversiones en generación.
Es uno de los proyectos más esperados por las empresas eléctricas, principalmente por las generadoras, que ven en esta iniciativa una posibilidad cierta de destrabar el complejo escenario que hoy enfrentan los proyectos en su relación con las comunidades.
Esto, pues en los últimos años ha florecido una oposición a cualquier tipo de megaproyecto en distintas zonas del país, lo que ha derivado en una verdadera parálisis de proyectos de generación que, acusan los grandes productores de energía, es lo que más afecta a los precios de la electricidad. Aunque el envío del proyecto de Ley de Asociatividad ha sido postergado ya dos veces –en diciembre se dejó para marzo y ahora el compromiso es enviarlo durante el primer semestre-, el Gobierno ha seguido trabajando en afinar una serie de propuestas que permitirán concretar su idea fuerza: que las comunidades se sientan parte de los proyectos que albergan y viabilizar así su construcción.
El objetivo de la iniciativa es contribuir a generar las confianzas necesarias entre los actores sociales a la hora de desarrollar un proyecto, mediante el conocimiento conjunto, compartido, claro y transparente, sobre los objetivos, planes y programas de desarrollo que persigue cada uno de los actores, así como respecto a las demandas sociales de la comunidad.
“El propósito es conocer tempranamente las oportunidades de complementariedad entre dichos objetivos como para transformar las inversiones previstas en indicadores económicos, sociales y ambientales, que debidamente territorializados, contribuyan a generar zonas de beneficios compartidos”, señala el documento. Parte sustancial del contenido que se espera tenga el proyecto de ley fue recogido por el Informe Final de la comisión asesora establecida en el marco de Energía 2050, y que integran los académicos Hugo Romero, Jaime Iturriaga, Claudio González, Walter Traub, Eduardo Astorga y el ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
“El Ministerio de Energía a través de su División de Desarrollo Sustentable, se encuentra realizando procesos amplios de consulta ciudadana y encomendando propuestas a equipos profesionales sobre un conjunto de herramientas que apuntan a comprender la actual evaluación de la sociedad chilena respecto a los proyectos energéticos”, explica el documento, siendo la instancia que recogió todo este trabajo el grupo asesor de Asociatividad.
Esta instancia, con oficina en el Departamento de Geografía de la U. de Chile y en el que colaboró estrechamente la división de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, entregó hace algunos días un documento llamado “Levantamiento de Antecedentes para Apoyar el Diseño de un Proyecto de Ley de Asociatividad”, un informe final de más de 200 páginas que incorpora una serie de ideas y propuestas que se espera sean recogidas por la cartera que encabeza Máximo Pacheco para el proyecto de ley definitivo.
Allí se plantea que la asociatividad, a juicio del grupo de trabajo, debiera consistir en la generación, desarrollo e implementación de capacidades organizacionales para permitir que los actores locales sean protagonistas y los principales beneficiados con las acciones de inversión económica, social y cultural que se propongan para un lugar determinado.
¿Propuestas? Varias
La primera de todas, como viene siendo la tónica de las últimas normativas planteadas por el Gobierno en materia energética es aumentar el rol del Estado, en este caso tanto en lo relativo a la relación entre los proyectos de generación y las comunidades como el ordenamiento territorial y los planes de desarrollos regionales y locales. En ese contexto, se requeriría dotar de nuevas atribuciones a la autoridad energética “para que se transforme en un promotor y garante de los acuerdos sociales y económicos que se pueden abordar entre los diferentes actores involucrados, particularmente en aquellos alcanzados entre las comunidades y el sector privado”.
Todo esto, a juicio del grupo asesor, “debería significar un cambio sustancial entre las diversas prácticas existentes en la actualidad, tales como políticas de buena vecindad, responsabilidad social empresarial y otras, para llegar a un nivel en que se produzca una redistribución de los beneficios asociados a la generación de energía”.
La administración
Una de las ideas más novedosas tiene que ver con la posibilidad de que las empresas compartan la propiedad de las centrales de generación (ver recuadro), modelo que ha tenido relativo éxito en EEUU. Finalmente, se establece que las empresas que generen sobre 20 MW de capacidad instalada consideren la necesidad de realizar aportes económicos a las instituciones de asociatividad para contribuir a financiar los proyectos que las propias comunidades hayan decidido implementar de manera autónoma.
Para poder administrar estos recursos se propone implementar la figura de una Corporación de Desarrollo Privado sin Fines de Lucro, que estaría a cargo de la distribución y la recaudación de las empresas de desarrolladoras de proyectos de generación y que estén dirigidas a las comunidades asociadas.
Fuente: Pulso
