Revista Nueva Minería

En entrevista con revista Nueva Minería y Energía, Mauricio Oviedo evalúa los avances y desafíos del Primer Tribunal Ambiental a poco más de un año de asumir como su presidente. Además, destaca la importancia que el sector privado reconozca la armonización entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente.

Por Camila Morales
Revista NME
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Corría el mes de junio de 2019 cuando Mauricio Oviedo, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, fue electo presidente del Primer Tribunal Ambiental (1TA) para el período 2019 – 2021. Aunque el profesional integra el órgano colegiado desde su instalación, en julio de 2017, ahora su misión era distinta.

De hecho, en una entrevista al momento de asumir el cargo, Mauricio Oviedo indicó que el 1TA había culminado su fase de instalación, “para dar paso a una desafiante etapa de consolidación”, con el objetivo de “fortalecer el acceso a la justicia ambiental”.

A poco más de un año de estas palabras, en entrevista con revista Nueva Minería y Energía, el presidente del Primer Tribunal Ambiental hace un repaso por los principales hitos y desafíos de la entidad durante su gestión, además de analizar la contingencia, y los pasos de la institucionalidad ambiental en proyectos polémicos como Dominga y Pascua Lama.

¿Qué ha significado para usted encabezar esta etapa de consolidación del 1TA?

Ha significado un importante desafío y, ante todo, un tremendo compromiso con los principios que inspiran la justicia ambiental, en especial con el fortalecimiento del acceso que debe tener la ciudadanía a los tribunales ambientales. En esa línea, un gran avance es la firma del convenio que acabamos de suscribir los tres tribunales ambientales del país, cuyo fin es que podamos contar con un sistema de causas unificado, lo que facilitará el acceso a la justicia ambiental.

También, avanzar en la etapa de consolidación significa dar pasos que nos permitan ser reconocidos por la sociedad como una institucionalidad confiable, lo que se consigue no sólo con la dictación de sentencias razonadas y justas, sino que también a través de la interacción con los distintos actores presentes en el territorio, y con los cuales el tribunal se vincula desde el punto de vista de su quehacer jurisdiccional.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de este período?

Sin duda, el mayor desafío ha sido situar en el territorio jurisdiccional las discusiones de índole jurídico ambiental. Porque una justicia ambiental ejercida desde la propia macrozona norte se acerca mucho mejor a lo que debe ser una justicia cercana y oportuna, que es finalmente lo que la sociedad espera de nosotros.

Otro de los grandes desafíos es el que nos impuso la pandemia, en el sentido de tener la capacidad de reinventarse rápidamente para así dar continuidad al funcionamiento del tribunal. Afortunadamente, actuamos rápido (…).

Sumado a ello, otro de los retos tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental y el entendimiento que debe tener la sociedad respecto al rol de los tribunales ambientales. Su principal complejidad tiene relación con el carácter interdisciplinario de los temas que le compete conocer al tribunal, y con el lenguaje técnico jurídico que se utiliza en los fallos, lo que hace más difícil que la ciudadanía comprenda nuestro rol.

Tenemos el desafío constante de dar a conocer y explicar las facultades con las que contamos, las que están determinadas en la Ley 20.600, y que tienen que ver, en general, con el control judicial de los actos administrativos de la autoridad ambiental, y con el conocimiento de las demandas por daño ambiental. Lo anterior, no es tarea fácil atendiendo la especificidad de las materias.

Esto es muy relevante, ya que en muchas ocasiones la ciudadanía no comprende bien el rol, por un lado, de la administración, y por otro, el de la justicia ambiental. La Ley sobre tribunales ambientales no optó por un modelo de jurisdicción plena -como se planteó originalmente en la tramitación legislativa-, lo cual le hubiese permitido al tribunal reemplazar el acto de la administración, sino que se optó por un modelo de control restrictivo que básicamente lo que nos permite es efectuar un control de juridicidad de los actos impugnados.

¿Cuáles son los principales hitos que destaca del 1TA durante esta etapa?

Nuestro tribunal, por el territorio jurisdiccional a su cargo, concentra importantes conflictos judiciales ambientales y tiene la responsabilidad de resolver las controversias en causas asociadas a proyectos de gran envergadura como SQM Salar, Collahuasi, Pascua Lama, Dominga, Escondida, entre otros. Esto, sin duda marca hitos importantes en torno al desarrollo que irá teniendo en el país la justicia ambiental.

No podemos perder de vista que los tribunales ambientales se enmarcan en una institucionalidad nueva, de hace sólo 10 años, siendo nuestro tribunal el último en constituirse el año 2017. En consecuencia, la justicia ambiental es una justicia joven y en pleno desarrollo.

Respecto a los hitos, en lo que respecta a los internos, es importante destacar la implementación de diversos sistemas de gestión y de la dotación completa del equipo. Y en términos externos, hemos sido capaces de llevar adelante y resolver importantes causas y conflictos medioambientales de nuestra jurisdicción.

Desde nuestra puesta en marcha el Tribunal ha recibido 7 solicitudes de la SMA, 36 reclamaciones y 7 demandas por daño ambiental. De ellas, tenemos 38 terminadas, 4 en acuerdo y 6 en trámite, entre otros estados procesales.

¿Qué tan relevante es que los actores empresariales involucrados en un proceso jurídico ambiental, conozcan la importancia de la armonización entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente?

Es fundamental. Hoy hay consenso en la importancia del cuidado medioambiental, y no sólo del cuidado, sino también de la necesidad de generar acciones que propendan a revertir los impactos que ha tenido la acción del hombre en el medioambiente.

Si queremos avanzar en desarrollo económico, éste debe ser un desarrollo sostenible, no puede ser de otra manera. De ahí que los actores empresariales deben comprender que el cumplimiento ambiental forma parte intransable de su quehacer. Lo anterior porque, además, la conciencia social respecto a los temas medioambientales es distinta a la de hace 20 años, y la institucionalidad del país en el mismo ámbito impone normas y reglas que las empresas deben cumplir.

Nadie puede desconocer que a la hora de emplazar un proyecto, desde el principio se debe pensar en si es compatible o no con el entorno y, además, hacer partícipes a todos quienes forman parte de dicho territorio. Hoy, no tienen cabida las zonas de sacrificio, así como tampoco cabe vulnerar el principio de no regresión en materia ambiental, cuyo espíritu es no retroceder cuando se alcanza un nivel óptimo de protección ambiental.

¿Cree que la industria minera está avanzando en la comprensión del rol de las instituciones y los Tribunales Ambientales, y a una mayor empatía con las comunidades?

Hoy existe de parte de la industria mayor interés por conocer la institucionalidad ambiental, y en especial el rol de los tribunales ambientales. La industria, no sólo minera, está avanzando en la comprensión del rol que a cada uno le corresponde.

La empatía con las comunidades es una necesidad primordial, y si bien el acercamiento de los titulares o de empresas a la ciudadanía es evidentemente mayor, aún queda camino por recorrer. Seguimos viendo que gran parte de las controversias tienen relación con la participación ciudadana y eso nos demuestra que todavía quedan aspectos que deben ser mejorados y considerados por las empresas.

Los tribunales estamos para colaborar, y por eso estamos empeñados en difundir nuestro rol. En 2019 realizamos diversas capacitaciones a municipios, y este año estamos realizando capacitaciones y conversatorios con los gremios empresariales de la macrozona norte. En estas actividades con los gremios, lo que básicamente hemos planteado es que la actitud proactiva que tengan las empresas en pos de acercarse a las comunidades, es fundamental.

¿Cuál es su opinión sobre la forma en que ha reaccionado la institucionalidad ambiental respecto al proyecto Dominga?

La institucionalidad ambiental, y en particular la justicia ambiental, es relativamente joven. Los tribunales ambientales tienen siete años desde su puesta en marcha y la doctrina judicial ambiental se va construyendo de a poco. Así que lo que ha ocurrido con causas como Dominga está dentro de las alternativas posibles desde el punto de vista procedimental. Hoy esa causa está en acuerdo, lo que significa que prontamente se resolverá por sentencia definitiva.

En mayo el 1TA aprobó la conciliación por daño ambiental en contra de Pascua Lama. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta primera conciliación? (pregunta realizada antes de que se confirmara la clausura total y definitiva del proyecto)

Para poder responder, primero quiero explicar que en el caso de las demandas por daño ambiental, lo primero que se busca para la reparación o restauración del bien jurídico protegido -que es el medioambiente dañado- es que las partes puedan llegar a un acuerdo, es decir, conciliar.

Para nosotros, la conciliación en la demanda por daño ambiental contra Pascua Lama fue muy importante, no sólo porque fue la primera conciliación a la que llegamos como tribunal, sino también por la connotación de la causa.

Sobre las lecciones aprendidas, para nosotros lo principal es haber trabajado concienzudamente en las bases de conciliación. Y en esto debo destacar el trabajo del equipo de profesionales, quienes estuvieron abocados en que contáramos con unas bases de conciliación lo suficientemente contundentes para asegurar la reparación del daño ambiental.

Considerando la incidencia que han tenido las demandas ciudadanas tras el 18 de octubre de 2019, ¿cree que este contexto influirá en las mejores prácticas ambientales de grandes industrias como la minera?

Claro está que no podemos desoír las demandas de la ciudadanía. Son las personas las que les dan a las grandes industrias, como la minería, la licencia social para operar. Sin esa licencia, los conflictos socioambientales seguirán estando presentes y los proyectos no serán viables. Las empresas deben trabajar en modelos de comunicación y gestión en sustentabilidad socioambiental que permita generar relaciones de confianza con las comunidades de los territorios en que sus proyectos se llevan a cabo.