Preparan primera norma para regular concentración de arsénico
En Chile este contaminante es generado en un 99% por las fundiciones de cobre en donde se procesa el mineral, las que se verán impactadas por la nueva normativa.
El próximo lunes se espera que sea presentado el anteproyecto de Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y que estará en consulta pública hasta el 13 de julio. Con ello se busca crear la primera regulación de este contaminante en el país, fijando un máximo de presencia de este elemento como concentración anual, lo que podría impactar a varias ciudades del país.
El documento propone un límite de concentración de arsénico en el aire de 23 nanogramos por metro cúbico (ng/m ), en línea con las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), mientras que para calcular la superación de la norma se considerará un promedio de la concentración anual de tres años sucesivos.
“Con esto saldamos una deuda que teníamos como país. Nuestro objetivo es fortalecer y mejorar el marco normativo para proteger la salud de las personas. La elaboración de esta norma permitirá el desarrollo de planes de prevención o descontaminación en los territorios donde se acerque o supere el umbral establecido. Los planes incluirán medidas concretas para reducir el arsénico presente en el aire”, explicó el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Así, por ejemplo, en caso de estar cerca de superar la norma o al constatar que fue sobrepasada, se debe declarar la zona como latente o saturada, con lo que se da inicio a la elaboración de un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica para, en este caso, el arsénico. Los planes incluyen medidas para reducir la contaminación, las que sumarían acciones que impactarían en las fundiciones.
Según la información del ministerio, en Chile el 99% de las emisiones de arsénico generadas por fuentes puntuales corresponde a las fundiciones de cobre, por lo que la futura aplicación de la norma tendría impacto en las comunas en las que se ubican estas instalaciones, adelantando que lugares como Calama y Copiapó-Tierra Amarilla superarían el umbral propuesto por la norma.
De acuerdo al Análisis General de Impacto Económico y Social (Agies), elaborado en el marco del anteproyecto, se calcula que el costo para las fundiciones Chuquicamata (Calama) y Hernán Videla Lira (Copiapó), sumadas ambas, sería de 476.607 UF al año, unos US$ 21 millones. Eso sí, también se proyecta que los beneficios de la aplicación de la normativa supera las 311.648 UF al año, unos US$ 14 millones.
Fuente: El Mercurio
