Pelambres: “La ejecución del fallo produciría más daños de los que pretende mitigar”
El Presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino,criticó el fallo contra Los Pelambres y dijo que este genera “incredulidad e incertidumbre”. Afirmó que “si antes se había perdido certeza jurídica, ahora se consagraría la total incerteza”.
Dos son las palabras que utiliza Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para definir su sentir frente al fallo del juzgado de Los Vilos que obliga a minera Los Pelambres a derribar el muro de contención de su tranque de relaves El Mauro, situación con la que, según la firma, se haría prácticamente imposible la continuidad de sus operaciones.
¿Cuál es el impacto que provoca en la minería chilena la decisión del Juzgado de Los Vilos de obligar a Minera Los Pelambres a derribar el muro del tranque El Mauro?
Incredulidad e incertidumbre. Incredulidad, ya que la ejecución del fallo produciría más daños de los que pretende mitigar en términos humanos y medioambientales. Nadie que conozca un tranque de relave puede imaginar que se proceda a la remoción del muro de contención. Incertidumbre, porque si frente a un eventual incumplimiento de algunos de los requisitos de la resolución de impacto ambiental de un tranque en funcionamiento por varios años, se puede decretar la destrucción del mismo, nadie vuelve a desarrollar un proyecto minero en el país, y los que ya se están desarrollando, han sido notificados que su vida pende un hilo.
¿Es posible derribar este muro? ¿Cuáles serían sus efectos?
Técnicamente todo muro es derribable. Sin embargo, los efectos ambientales y humanos que podría producir no tendrían precedentes en la industria minera mundial, más encima ejecutado por resolución judicial. Sin comentarios.
¿Esta decisión es la puerta de entrada para la judicialización de faenas mineras?
No, las faenas mineras y todo proyecto que involucre grandes inversiones han estado expuestas a esto que denominamos judicialización. Los ejemplos son muchísimos. Lo que sí abre este fallo en una faceta nueva, ya no sólo se puede impedir por la vía judicial la ejecución de un proyecto que ha obtenido todos y cada uno de los cientos de permisos que demanda nuestro ordenamiento, también se puede ordenar su término en cualquier momento. Si antes se había perdido certeza jurídica, ahora se consagraría la total incerteza.
A raíz de este caso ¿falta mejorar los vínculos entre la minería y las comunidades afectadas?
No solo la minería, sino que todas las industrias tienen un gran desafío. Nosotros hemos estado trabajando sectorialmente y no nos cabe ninguna duda que Pelambres está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar las relaciones con sus comunidades. En este tema, es importante hacer un llamado a la sensatez. La solución de las diferencias que existen entre las compañías mineras y sus comunidades no puede pasar por el cierre o clausura de las faenas, menos por la destrucción de una infraestructura esencial. En el fondo el gran desafío es la búsqueda de espacios de conversación y acuerdo que mejoren y consoliden las buenas relaciones. Para eso se requiere cordura y generosidad de ambas partes y una autoridad política y judicial que contribuya decididamente a que se logren esos acuerdos.
¿Cómo evalúa el acuerdo entre el gobierno y parlamentarios para una futura ley de glaciares que incluya una revisión a la RCA de proyectos cercanos a un glaciar?
Durante los últimos años se ha avanzado mucho en normativa que, directa o indirectamente, protege los glaciares. Por esto es que hemos planteado aprensiones a iniciativas legislativas adicionales, sobre todo si buscan impedir en términos absolutos cualquier afectación de glaciares y cuerpos que se le parezcan, sin permitir un análisis técnico que lleve a distinguir los casos preocupantes de aquellos que no lo son.
Respecto al contenido del acuerdo, puedo decir que al menos vemos una lógica de análisis caso a caso del impacto sobre glaciares, sin prohibiciones absolutas, que esperamos se plasme adecuadamente en el proyecto de ley. Otros temas, como la revisión ad-hoc de las RCA ya otorgadas, que escapa de la regla general de la ley ambiental, nos parecen preocupantes.
Fuente: La Tercera
