Revista Nueva Minería

“La situación geopolítica preocupa a todos los inversionistas, porque la minería es una industria que necesita constante inversión e inversiones de largo plazo, y estar en un momento de inestabilidad y sin un futuro claro, genera desconfianza en el sector y dificulta mucho el acceso a capital”.

Por Eduardo Valente, socio líder para la industria de Energía y Minería de EY
y Alicia Domínguez, socia de Impuestos de EY.
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En los últimos años hemos presenciado un aumento significativo del riesgo geopolítico para la minería. Los gobiernos han cambiado drásticamente sus políticas y normativas en respuesta a un mayor dinamismo del sector para hacer frente al cambio climático y los desafíos sociales dejados por la pandemia.

Temas como los controles de las exportaciones y las políticas industriales para aumentar la “autosuficiencia” en productos esenciales, un impuesto mínimo global sobre las mayores empresas mundiales, el nacionalismo y la diplomacia de las vacunas, están creando nuevos obstáculos para la globalización y exacerbando las tensiones en el orden mundial.

En medio de estos importantes desafíos, no es de extrañar que el 77% de las mineras encuestadas en el Barómetro de Confianza del Capital de EY, afirma que la geopolítica las está obligando a modificar sus inversiones. Cuando las mineras consideren sus decisiones estratégicas, deberán evaluar los siguientes aspectos:

Cambio de gobiernos: en Perú y en Chile, por ejemplo, han llegado al poder nuevos gobiernos que probablemente se centrarán en la rentabilidad social, lo que supondrá una subida de impuestos si consigue convencer a los legisladores de la oposición en el Congreso para que lo apoyen. Perú ha señalado que las minas no solo deben hacer dinero para las empresas privadas y generar ingresos fiscales, sino también apoyar a las comunidades locales mediante la mejora de las infraestructuras, el respeto a las comunidades indígenas y una sólida normativa medioambiental. En Chile, el gobierno electo ya ha propuesto seguir con el royalty, materia que entraremos en detalle más adelante.

Cambios en la política comercial: el cambio en la relación entre EE.UU. y China, que ha pasado de la cooperación a la competencia, ha aumentado las tensiones comerciales a nivel mundial y no solo entre ambos países. También estamos viendo cambios fundamentales en los flujos comerciales de algunos mercados de materias primas. Por ejemplo, la prohibición china del carbón australiano ha desviado los flujos de carbón de ese mercado a la India y Japón. Mientras tanto, las importaciones de carbón de EE.UU. a China han cobrado fuerza.

Nacionalismo de recursos: hasta ahora, el estímulo global se ha centrado en apoyar a los individuos, incentivar a las empresas e invertir en infraestructuras para garantizar la recuperación económica. Sin embargo, con el tiempo, cuando los gobiernos se planteen cómo garantizar una ganancia equitativa de los recursos minerales y pagar la deuda generada por la pandemia, volverá a surgir el nacionalismo sobre éstos.

Inversión regional en minerales críticos: aunque EE.UU. se ha reincorporado a varias organizaciones y tratados mundiales, y la OMC señala que cierta contención de la política comercial está impidiendo una aceleración del proteccionismo, el sesgo hacia el regionalismo se mantiene. Los países están emprendiendo esfuerzos para redistribuir la fabricación o diversificar las cadenas de suministro para impulsar la autosuficiencia en sectores estratégicos.

Impuestos transfronterizos al carbono: recientemente, la UE propuso el primer impuesto mundial sobre el carbono en las importaciones, incluidos el acero y el aluminio, que se aplicará progresivamente a partir de 2026. Éste pretende proteger a las industrias de la UE de los competidores extranjeros que no están sujetos a las mismas medidas.

Cambio climático: la aceleración de los esfuerzos para hacer frente al cambio climático seguirá siendo un factor de disrupción clave durante la próxima década, tanto en términos de política como de su impacto en los negocios.

Claramente la situación geopolítica preocupa a todos los inversionistas, porque la minería es una industria que necesita constante inversión e inversiones de largo plazo, y estar en un momento de inestabilidad y sin un futuro claro, genera desconfianza en el sector y dificulta mucho el acceso a capital. Chile tiene una oportunidad única en la próxima década, casi todos los países desarrollados del mundo se comprometieron con metas muy desafiantes en la transición energética y descarbonización, y para lograr alcanzar estas metas, el cobre es fundamental. Por esto ahora es el momento ideal para construir las bases necesarias para atraer inversión, con el objetivo de captar esta demanda creciente de manera sustentable y amigable con el medioambiente para mantener al país como el principal proveedor mundial de este mineral.

Chile: panorama tributario

Sin lugar a duda, en este ambiente de genuino compromiso mundial hacia la descarbonización, abundan las oportunidades. Sin embargo, como todo en la vida, de la mano de la oportunidad viene atado el desafío de hacerlo bien. Y algo que deberá hacerse bien es legislar, y pronto, respecto de la tributación de la industria minera. Terminar con la incertidumbre es esencial para otorgar la certeza en el largo plazo, que es vital para este sector.

Desde ya, y prácticamente de la nada, apareció una nueva tributación de las patentes mineras a propósito del financiamiento para la Pensión Garantizada Universal. Este cambio ya es prácticamente ley y entraría en vigor el 2023, estimándose una recaudación adicional de aproximadamente US$ 280 millones en pleno régimen. Las empresas mineras deberán evaluar si este cambio las impacta o no y en qué medida. Será necesario analizar si las protege la invariabilidad tributaria del DL 600 11 ter; si tratan esas patentes mineras como gasto o si las tratan como crédito, etc. Los directorios de las empresas querrán saber a la brevedad cuál es el impacto de este cambio al Código de Minería.

Mientras tanto, después de casi cuatro años, sigue en marcha la discusión parlamentaria sobre un nuevo royalty minero, iniciado inconstitucionalmente en la Cámara de Diputados. Al texto original, que planteaba una compensación al Estado por la explotación de minerales totalmente desproporcionada y alejada de todo sentido de realidad, se le han indicado ya distintas modificaciones, que deberían ser votadas muy pronto.

Sin embargo, resulta infructuoso seguir parchando un texto mal concibo, en circunstancias que está pronto a asumir el presidente electo Boric, quien tiene el claro propósito de iniciar una discusión legislativa para imponer un royalty ad valorem a la minería y modificar en algunos aspectos el impuesto específico que hoy paga la industria, lo que confirma que la actual discusión es una pérdida de valioso tiempo de trabajo legislativo. Esperemos que el presidente electo envíe lo antes posible un proyecto de ley al Congreso, que recoja todo lo que se ha discutido y estudiado hasta ahora y se logre la tributación justa que nos merecemos como país líder en minería.

El mayor desafío es dejar atrás una discusión agresiva y sesgada e iniciar una discusión que, respetando el Estado de Derecho, escuche genuinamente a todos los actores y plantee una modificación en la que se capture la mayor tributación posible en tiempos de bonanza, y a la vez, se estimule seguir emprendiendo e invirtiendo. Legislar bien o mal tendrá un impacto gravitante en nuestra capacidad de seguir desarrollándonos en forma sustentable, de modo que todos ganen.

Finalmente, y no por ello menos importante, la industria tendrá que estar atenta a los impactos que puedan significar las alzas o eventuales imposiciones de impuestos verdes, respecto de los cuales aún no se visualizan mayores elaboraciones.