Revista Nueva Minería

Implementación de un Royalty, cambios en las concesiones mineras, manejo de los recursos hídricos, nacionalización de los minerales y el desarrollo de la industria del litio, son solo algunos de los temas que por estos días tienen tribuna en el plano político, bajo la llegada del nuevo gobierno y la Convención Constitucional. El debate se acalora con miras a lo que sucederá este 2022.

Por Camila Morales
Revista NME
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Agitadas han sido las últimas semanas para el país. El aterrizaje del nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric y el avance de la Convención Constitucional a la etapa de la aprobación de sus artículos, genera controversia entre los diversos actores que forman parte de la industria minera.

De acuerdo a lo planteado por personeros de gobierno y Convencionales Constituyentes, la minería, el principal pilar económico de Chile, sería un sector en el que se vendrían transformaciones relevantes, lo que conduciría a una nueva manera de proyectar el desarrollo de la actividad.

¿Cuáles son los cambios que podrían venir? Para tener una panorámica de las posibles transformaciones, revista Nueva Minería y Energía da a conocer los hechos más relevantes que han acontecido en las últimas semanas con relación a la minería, tanto en la Convención Constitucional como la llegada del gobierno de Apruebo Dignidad.

Nueva ministra, nuevo subsecretario

Tras semanas de especulaciones, finalmente el 21 de enero Gabriel Boric dio a conocer el listado de los 24 ministros y ministras que lo acompañarán en su gobierno. Entre los nombres, figura la designación de Marcela Hernando como ministra de Minería.

La ex diputada del Partido Radical (PR) de 61 años, médico cirujana de profesión, tiene cercanía con la Región de Antofagasta. Fue nombrada Intendenta de esa región en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y posteriormente fue alcaldesa de Antofagasta antes de representar la zona en la cámara baja del Congreso durante dos períodos.

Quién trabajará con ella en la cartera es Willy Kracht, de 42 años, quien antes de ser nombrado se desempeñaba como director y académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile (DIMin), y subdirector del Centro de Tecnología Avanzada para la Minería (AMTC).

El profesional, que se transformó en el coordinador del equipo de minería en la campaña de la segunda vuelta del entonces candidato de Apruebo Dignidad, es militante de Convergencia Social, mismo partido político que el presidente electo.

¿Cuáles serán los principales focos de trabajo del ministerio? Para Marcela Hernando uno de los focos del próximo gobierno será el litio. “Sentimos que falta desarrollar en profundidad una política nacional de litio. Sobre eso se ha escrito y dialogado bastante, pero finalmente está ausente de una política minera que se desarrolló, (…) como capítulo de litio es bastante residual. Las políticas de lo que se va a hacer a futuro esperamos desarrollarlas de forma participativa”, indicó la ex diputada hace unas semanas.

Respecto a este tema, ya en abril del año pasado Kracht promovía la existencia de una empresa minera estatal, punto que luego fue adoptado por el programa del presidente electo. En el marco de una entrevista con Revista Nueva Minería y Energía el ahora subsecretario indicó que la nueva Constitución no debería restringir “al Estado en su capacidad de desarrollar emprendimientos y participar en distintas actividades económicas por medio de empresas estatales”.

¿Cuáles serán sus posiciones respecto al royalty? Cuando era diputada, Hernando votó a favor del proyecto de royalty en la cámara baja, añadiendo que “para nosotros que vivimos en el norte y en las zonas mineras, este es un tema sensible desde hace muchos años. El royalty minero es el resultado de las demandas de las regiones”.

Ahora ya como nueva secretaria de Estado ha señalado que “sabemos que se tiene muchas esperanzas y expectativas respecto al royalty minero, para generar recursos permanentes para todas las reformas que pretende hacer este gobierno. Cuando empecemos a discutir el tema va a ser en conjunto con Hacienda porque se esperan muchos recursos”.

En tanto, en la entrevista realizada en abril de 2021 el por entonces director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile ya señalaba que “el Estado y la población de Chile debe recibir una retribución por la explotación de recursos no renovables que pertenecen a todos los chilenos y chilenas (…). Es importante establecer un verdadero royalty minero, que sea aplicado sobre las ventas y no sobre la renta operacional”.

El avance de la Convención Constitucional

Otra arista que ha concitado la atención de la industria es lo que está sucediendo en la Convención Constitucional. Luego de que el 1 de febrero se diera por terminado el plazo para presentar iniciativas populares de normas que lograran más de 15 mil firmas de apoyo, y de esa forma fueran analizadas por los constituyentes, la discusión pasa a una nueva etapa.

En este contexto, 78 normas populares lograron más de 15 mil firmas de apoyo, donde nueve tienen relación directa o indirecta con el sector. Una de las que ha generado polémica es la norma que busca estatizar los recursos naturales estratégicos, como el cobre y el litio, y las empresas de exploración y explotación.

De acuerdo a la propuesta, “cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”.

El artículo fue aprobado por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones y ahora los convencionales de la Comisión de Medio Ambiente deberán votar cada uno de los puntos de la propuesta y sólo entonces sería remitida en un informe al pleno de la Convención, donde sería nuevamente discutida y votada.

Tras darse a conocer la aprobación en general de esta norma, diversas entidades gremiales dieron a conocer su rechazo a la propuesta, como es el caso de la Sonami. Su presidente Diego Hernández no tardó en manifestar su preocupación por la decisión, argumentando que “no se pondera el impacto que tendría una medida de esta naturaleza. Se pretende que a través de una nacionalización se manejará el precio del cobre, que se determina en mercados internacionales. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta”.

Por su parte, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, indicó que las propuestas que se están desarrollando en la Convención Constitucional “adolecen de algunas falencias que son graves. Falta información, se desconocen sentencias judiciales, así como tratados internacionales que estaban explícitamente señalados en la reforma constitucional que dio origen a este proceso que no debían tocarse”.

La opinión de Villarino se refiere al debate por la posible nacionalización de los recursos, pero también por otras propuestas que tendrían repercusiones en la actividad, como la anulación de concesiones en tierras indígenas y el actual Código de Aguas y derechos concedidos desde 1981.

Por su parte, las principales entidades gremiales mineras, entre otros actores relacionados al rubro, promovieron la iniciativa popular de norma denominada “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, propuesta que también superó las 15 mil firmas y será debatida en la Convención Constitucional.

Uno de los principales aspectos que considera esta iniciativa es que la nueva Constitución debe contener disposiciones que otorguen seguridad y estabilidad a quienes desempeñan actividades mineras, como el establecer que el Estado podrá otorgar a las personas las concesiones necesarias para explorar y explotar las sustancias minerales, incluyendo las facultades para usar, gozar y disponer de ellas.

“Asimismo, que las concesiones mineras se constituyan y extingan por resolución judicial. Este modelo, en vigencia desde 1874, ha permitido contar con un proceso objetivo y transparente (…). No se divisa razón para transitar hacia a un sistema de concesión administrativa, ya que el actual presenta indudables ventajas y es valorado nacional e internacionalmente por su efectividad, probidad y transparencia”, señala el detalle de la iniciativa inscrita por Compromiso Minero.

Así las cosas, parece ser que la minería será un sector relevante en los cambios que podrían venir de la mano del gobierno de Gabriel Boric y la Convención Constitucional. Solo queda esperar qué sucederá este 2022 a nivel político y las repercusiones que tendrán las nuevas medidas para la minería, una industria clave para Chile.