Megalínea Antofagasta-Santiago inicia escalada de hitos en marzo y trabajo de estudio ambiental
Aprobación de la FNE, decreto de adjudicación y la constitución de la nueva sociedad, son parte del cronograma. Cálculos de la industria estiman que la obra podría pasar por 28 comunas distribuidas en cinco regiones.
Fue en diciembre del año pasado cuando el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa el sistema, adjudicó oficialmente al consorcio “Yallique” -integrado por ISA Inversiones, Transelec y China Southern Power Grid International HK- la megalínea Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago.
Desde entonces, la inquietud de la industria por el proceso se atenuó aunque ya comenzó de nuevo a reactivarse y tomaría más fuerza en marzo, mes en el que se espera el inicio de esta carrera contrarreloj donde la obra se erige como un habilitante de la descarbonización.
2028 ó 2029 será la entrada en operación, dependiendo de la fecha de publicación del decreto de adjudicación. US$2 mil millones y US$1.800 millones es el rango de inversión de la obra, mayor a la estimación del coordinador en torno a US$1.480 millones.
Un primer hito que aún está en desarrollo se gatilló el 31 de enero. Tal como señalaban las bases, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación sobre la asociación entre las tres firmas, activándose un plazo de 30 días hábiles para que el organismo se pronuncie. Será relevante observar, comentan fuentes, si se pedirán medidas de mitigación en cuanto a -por ejemplo- la conformación del cuerpo directivo para evitar un eventual intercambio de información a partir de este consorcio entre empresas que son competidoras.
En paralelo, desde el Ministerio de Energía confirman que el decreto de adjudicación ya es analizado por la Contraloría General de la República.
Luego, dentro de 30 días hábiles posteriores a la publicación del decreto de adjudicación en el Diario Oficial, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de la sociedad. Así, el consorcio -creado solo para esta obra- deberá formar una compañía nueva para llevar adelante el proyecto. Tendrá nombre, cada empresa pondrá personal y tendrá un directorio donde se velará por los intereses de cada socio.
De los siete años de desarrollo del proyecto, tres estarán dedicados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) más permisos, y cuatro a la construcción. En paralelo, el adjudicatario debe iniciar los estudios y la elaboración de los documentos técnicos de diseño para las subestaciones y la línea de transmisión.
Fuentes indican que el consorcio estaría trabajando en la medida de lo permitido. Conscientes de los plazos ajustados, ya estaría tratando de avanzar lo más posible en cuanto a quién se adjudicará la realización del EIA, instrumento que sería uno de los más grandes que se han emprendido hasta la fecha en cuanto a -por ejemplo- su alcance territorial.
Fuentes de la industria comentan algunos aspectos que podría involucrar esta megalínea, aunque todo dependerá del trazado que se decida emprender. Cálculos de actores del sector apuntan a que la obra podría pasar por 28 comunas distribuidas en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Estas zonas están marcadas por importantes inversiones, pero también por conflictos ambientales. Asimismo, se identificarían alrededor de 230 asentamientos humanos, entendidos como comunidades, grupos o conjunto de personas que comparten el territorio. Ahí estarían involucradas al menos tres comunidades y asociaciones indígenas.
El consorcio declinó referirse al respecto.
Los retos en juego
Hace menos de tres años se inauguró la línea Cardones-Polpaico de 753 kilómetros entre Atacama y Santiago que estuvo marcada por atrasos y conflictos. Esta vez, se comenzará una nueva tarea compleja donde -según expertos- la experiencia de la línea de ISA, filial de Interchile, sacó lecciones.
De todas formas hay dudas en algunos, partiendo por la visibilidad que tienen ahora estas iniciativas y porque no se hizo estudio de franjas, la que fue concebida como una herramienta para incorporar variables ambientales, sociales y económicas en la definición de los trazados en pos de facilitar la puesta en marcha de las líneas.
Junto al desafío constructivo en que se utilizará la tecnología HVDC por primera vez en Chile y el tiempo en juego, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), Javier Bustos, reconoce que la obra se ve compleja, no solo en la dimensión ambiental sino también de los permisos sectoriales. Pero, agrega, “estas son empresas con experiencia; hay una oportunidad de que el consorcio cumpla sus deberes y de que también el sector público acompañe de buena manera”.
Para el CEO de ORRISK y profesor del Magíster Economía Energética USM, Elio Cuneo, “es indudable que las exigencias medioambientales serán muy altas para lograr su puesta en operación comercial”. “La coordinación medioambiental del proyecto será el más grande de los retos para el conglomerado, pues puede limitar el desarrollo de las obras y poniendo estrés en los plazos de entrega de la línea”, dice.
Sin embargo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, cree que es lamentable que se siga el camino en que a la larga se le dejará al SEIA todo el conflicto, criticando que no se haya realizado un estudio de franjas. “El gobierno tuvo el tiempo de iniciar conversaciones, no lo hizo, estamos empezando mal”, recalca. Respecto a la conflictividad, advierte que “depende de la lógica de cómo se haga el estudio del trazado. Si se establece un menor costo como el criterio principal, claramente habrá problemas”.
Desde Energía recalcan que “dada la extensión de la línea, será relevante el trabajo que realicen para lograr una satisfactoria aprobación”.
Consultado, el subsecretario de la cartera, Francisco López, cuenta que, además del seguimiento del avance que realiza el Coordinador y el cumplimiento de los hitos de las bases, en el ministerio se conformó un equipo transversal que incluye el trabajo de tres divisiones (Mercados Eléctricos, de Desarrollo de Proyectos y de Participación y Relacionamiento Comunitario) dedicado a monitorear el proyecto.
López indica que, dado que el trazado oficial no está aún definido, es imposible asegurar dónde ocurrirán los mayores desafíos en el proceso de evaluación ambiental. Pero señala: “Tenemos certeza que a lo largo de los, al menos, 1.500 km será necesario un arduo y complejo trabajo de diseño de trazado, de contundentes levantamientos de línea base y de correctos relacionamientos comunitarios”.
Fuente: Diario Financiero
