Revista Nueva Minería

La producción de la mediana minería ha repuntado en forma notable los últimos años, pero los costos e incertidumbre que enfrenta al tramitar sus permisos ambientales amenazan con dinamitar su desarrollo.

Por Marina Parisi
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¿Sabía que la mediana minería en Chile supera en tamaño a la industria de la celulosa? Sus ventas se empinaron en US$3.588 millones al cierre del 2021 empleando a 24 mil trabajadores, según el estudio “Caracterización de la Mediana Minería en Chile” desarrollado por Plusmining y dado a conocer durante el Seminario de Mediana Minería realizado por Sonami, en agosto pasado.

La producción de cobre del sector experimentó una auspiciosa alza del 22,3% entre 2017 y 2021, lo que representó el 5% de la producción nacional de cobre en el quinquenio, precisó Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining. “La mediana minería por sí sola es el 14° productor de cobre del mundo después de Polonia y es interesante constatar que mientras la producción de la gran minería anota una caída, la de la mediana minería ha crecido”.

Su aporte económico a las regiones representa otro alentador avance, ya que los traspasos de esta industria promediaron US$296 millones en el período, “mostrando una evidente y estrecha relación con las comunidades cercanas a su operación”, sostuvo el experto.

Bien lo sabe Cristián Argandoña, vicepresidente de Sonami y CEO del Grupo Minero Las Cenizas, quien durante el seminario explicó que “estamos ubicados a un kilómetro y medio de uno de los principales pueblos de la zona, y si no nos hubiésemos vinculado identificando sus necesidades y generando valor para el territorio y las personas, hoy no habría ninguna relación con la comunidad”.

En sintonía con la transición energética, el segmento también ha dado importantes pasos, dado que su consumo eléctrico proveniente de fuentes limpias equivalió al 30% de su consumo total, en el quinquenio. Y en cuanto al recurso hídrico, si en 2017 el agua de origen continental representaba el 81% de sus operaciones, en 2021 disminuyó a 76%, gracias al mayor uso de agua de mar.

Pero eso no es todo. El 74% del sector se encuentra realizando esfuerzos por proyectar la sustentabilidad de sus operaciones, mediante proyectos de exploración brownfield y focalizadas principalmente en cobre, recalcó Guajardo. “De hecho, los metros perforados aumentaron un 49% y el presupuesto lo hizo en un 51%, durante el quinquenio. Sobre el presupuesto nacional de exploración, esta industria sería responsable del 6-10% con tendencia al alza”.

Hasta aquí es evidente que la mediana minería ha cosechado valiosos logros, pese a su histórica vulnerabilidad financiera y apostando a desempeñar un rol estratégico en la escena minera del país. Pero, la tramitación de sus permisos ambientales se ha transformado en una bomba de tiempo, que amenaza con dinamitar el desarrollo de esta industria.

Excesiva tramitación

“Sin duda, la tramitación de permisos ambientales se ha convertido en un problema y golpea con mayor fuerza a la mediana minería respecto de la gran minería, al ser una actividad con un horizonte de planificación operacional mucho menor”, advirtió Guajardo durante el evento de Sonami.

Argandoña fue aún más lejos y sentenció que “el aspecto ambiental está impidiendo el desarrollo genuino, formal y equitativo de esta industria. No es justo que en los mismos 40 años una gran minera entre una vez al sistema para su evaluación y aprobación, y una mediana tenga que pasar hasta siete veces, porque la autoridaddebe revisar nuevamente todo elproyecto, con cambios de criterio ydiferentes formas de interpretar los datos”.

Coincidiendo con el ejecutivo, Gonzalo Montes, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, explica que esta situación se debe en parte a la constante renovación de las reservas de mineral del sector, “haciendo que la información se actualice en forma periódica. Si el horizonte de operación es de un máximo de seis años, una vez cumplido este período el sistema regulatorio exige la renovación de todos los permisos”.

Sin duda, la obtención de permisos es tal vez la principal barrera que enfrenta la industria, ya que implica una tardanza para el comienzo de cualquier proyecto minero, enfatiza Gustavo Lagos, profesor honorario del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. “Cada cambio que experimenta el proyecto debe informarse al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y si es aceptado, se añaden compromisos a la RCA (Resolución de Calificación Ambiental)”, describe el académico. “Así, la RCA de una iniciativa va tornándose cada vez más compleja. Y si hay una modificación mayor a la operación, se requiere de un nuevo EIA (Evaluación de Impacto Ambiental)”.

Todo de nuevo, otra vez

No obstante, para Montes lo que realmente hoy está noqueando al segmento, es que al momento de renovar los permisos para un proyecto de expansión o decontinuidad operacional, “toda la documentación parte nuevamente de cero, sin considerar la información histórica anterior, aun cuando las reservas incluyen sectores muy cercanos a la actual operación y habiendo sido aprobado todo ello en forma previa por la autoridad”.

¿Resultado?, “una carga adicional muy pesada para la mediana minería, con costos asociados e incertidumbre ante eventuales retrasos o rechazo a sus iniciativas”, enfatiza José Antonio Valdivieso, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD). De hecho, la tramitación ambiental de permisos se ha vuelto tan crítica para las empresas del sector, “que los inversionistas están más preocupados por este aspecto del negocio que de la ingeniería, la geología o la tecnología a utilizar”, grafica Montes.

Lo anterior se manifiesta en preocupantes cifras. “Entre 2006 y 2022 los proyectos de inversión en cobre de la mediana minería anotaron un retraso promedio de 6,3 años”, recalcó Guajardo. “Este atraso se explica por la demora en la tramitación de permisos; la excesiva cantidad de permisos requeridos; y la interconexión entre ellos, dado que la aprobación de uno depende de la confirmación de otro, generando aún más demoras e incluso la suspensión del proyecto durante su evaluación”, detalló el experto.

Críticas al SEA

Un claro ejemplo de las dificultades que desafían a la mediana minería durante la tramitación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), es lo que ocurre en el caso del permiso de Cierre de Faenas, describe Valdivieso. “Al trabajar con horizontes de vida útil acotados, la garantía de cumplimiento a los 2/3 de la vida útil impone una carga financiera enorme al sector”.

Los obstáculos involucran a entidades como Sernageomin, Seremis de salud y DGA (Dirección General de Aguas) y persisten en la tramitación de otros PAS, según reveló la investigación desarrollada por Plusmining. Esta identificó trabas para obtener el permiso de: construcción de obras hidráulicas; construcción y operación de depósitos de relaves; y construcción y operación de plantas de tratamiento de basuras y desperdicios; entre otros. El estudio de la entidad, que contó con la participación de 15 importantes empresas del sector, como Atacama Kozan, Carola, Las Cenizas, Ojos del Salado, Pampa Camarones, Pucobre y Yamana, entre otras, hizo además un crítico balance al funcionamiento del SEA.

Según explicó Guajardo, “a juicio de las compañías mineras, la deficiente evaluación del organismo estatal es sistémica y asociada a protocolos defectuosos, pobre gestión interna y deficiencias en la performance operacional de profesionales y entidades involucradas”. Incluso, las empresas mineras resumieron en cinco puntos sus principales dificultades durante la obtención de permisos: excesivos tiempos de tramitación; no hay distinción entre gran y mediana minería; exceso de solicitud de información; sistema con falta de capacidad (personal); e influencia política y falta de criterios de evaluación uniformes.

Cambios de criterios

Especial mención hicieron las compañías mineras de las nuevas exigencias metodológicas, que aparecen durante la misma evaluación ambiental. “Hay consenso entre las medianas empresas de estar sujetas a un continuo aumento de las normativas ambientales y sociales, con falta de claridad de los estándares a cumplir, lo que genera incertidumbre y dificultad al momento de solicitar permisos. A ello se suman los cambios en los criterios ambientales y la posibilidad de la autoridad de impugnar los permisos en forma ilimitada, contribuyendo a aumentar la incertidumbre en esta industria”, aseguró Guajardo.

Otro aspecto que también abordaron las empresas del sector, fue lo referido a la influencia política de la autoridad, apuntando al Comité de Ministros. “Si bien éste órgano conformado por diversos titulares de Gobierno, tiene por función revisar y resolver los recursos de reclamación presentados contra las RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y emitidas por el SEA, el proceso de reclamación extiende significativamente los plazos del procedimiento”, explicó Guajardo. “Además, está sujeto a discrecionalidad política, lo que genera preocupaciones respecto de la imparcialidad del proceso”.

¿Vientos de cambio?

Por todos estos motivos, “soy pesimista en cuanto al desarrollo de esta industria”, declaró Argandoña. “Si el aspecto ambiental no se interviene pronto, vamos a perder una gran oportunidad de desarrollo”.

Montes, en cambio, confía en que las políticas públicas están avanzado en comprender este escenario, “a fin de generar un marco regulatorio que corrija estas situaciones actualizando la normativa, de tal modo que se ajuste a la realidad de las acciones de la mediana minería”. Instancias como mesas de trabajo entre los gremios mineros y la autoridad, ya se están materializando, asegura Valdivieso, “y la legislación de cierre ya se ha abierto a incorporar nuevas herramientas de garantía, como las pólizas de seguros de cierre. Esta experiencia de trabajo se podría replicar a otros ámbitos, a fin de encontrar fórmulas para fomentar la mediana minería como un polo de desarrollo, y al mismo tiempo, para garantizar su viabilidad ambiental”.

Mientras tanto, la industria tiene que aprovechar la gran oportunidad que ofrece el precio del cobre “y que promete ser muy alto en los próximos años, considerando su rol crítico en las metas para combatir el cambio climático”, adelanta Lagos. “Aquí hay buenas oportunidades para invertir”. Es de esperar que estas inversiones sean apoyadas por una tramitación ambiental más eficiente y veloz.