Mayor gasto superará en US$ 2.600 millones anuales la recaudación de reforma tributaria

15 junio, 2015
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Según el estudio de Fundación Avanza Chile, la suma de los compromisos legislativos del Gobierno para la próxima década implica desembolsar US$ 8.700 millones por año.

Los numerosos compromisos legislativos del Gobierno y otros que tuvieron que asumir a mitad de camino en estos 15 meses de la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet han presionado el gasto fiscal de manera importante.

Estos mayores desembolsos superan incluso la recaudación prevista para la reforma tributaria, cuyo destino principal sería la educación. Un estudio de la Fundación Avanza Chile -vinculada al ex Presidente Sebastián Piñera- dice que si se utiliza la información disponible en el informe financiero del proyecto tributario actualizada al tipo de cambio promedio del año de $620 -más alto que el que se utilizó para las estimaciones en 2014-, se tiene que la reforma tributaria permitiría recaudar del orden de US$ 7.000 millones a partir de 2017-2018, una vez que esté en régimen.

Si se consideran todos los compromisos fiscales adquiridos, existiría un mayor requerimiento de recursos públicos para los próximos 10 años, de US$ 8.700 millones promedio anual.

Así, considerando que la recaudación del proyecto es gradual y solo entrará en régimen en tres años más, en los próximos 10 años los compromisos del fisco no financiados para ese período ascenderían a US$ 2.600 millones en promedio cada año, estima el documento.

El mayor gasto anual comprometido, y no financiado, equivale en promedio a un 1% del PIB durante la próxima década, ocupando las estimaciones de crecimiento del FMI. Esta cifra aumentaría hasta un 1,7% en 2017 y 1,4% en 2018, concluye el estudio de esta fundación.

Los nuevos compromisos

Hasta ahora, se han enviado 62 proyectos de ley al Congreso. De estos, 33 ya son leyes aprobadas en vigencia o que entrarán en los próximos meses. Ejemplos de ello son la reforma que puso fin al lucro, el copago y la selección, el bono permanente en marzo, la Ley Ricarte Soto, la capitalización de Codelco, entre otros. Sumados, representan un mayor gasto en promedio de US$ 2.800 millones anuales en los próximos 10 años, estima el estudio.

Adicionalmente, existen proyectos de ley que, si bien aún no han sido ingresados al Congreso, sí han sido anunciados o son parte del programa de gobierno e implicarán importantes desembolsos fiscales, como la gratuidad en educación superior, la desmunicipalización o la capitalización de Enap.

En el caso de la gratuidad en educación superior, Clapes UC realizó una estimación que, en su escenario más conservador, implicaría para el fisco un costo incremental de US$ 4.128 millones.

Adicionalmente, la desmunicipalización podría costar entre US$ 314 millones y US$ 1.413 millones si se considera cubrir el cofinanciamiento que actualmente realizan los municipios, la deuda previsional que existe con los profesores, los costos de indemnizaciones a docentes y los adelantos de subvenciones que adeudan los municipios, dice Avanza Chile.

Finalmente la capitalización de Enap podría costar US$ 400 millones a partir del año 2016.

Como una medida para enfrentar la desaceleración, el Gobierno ha anunciado una agenda de inversión en infraestructura que ascendería a US$ 18.000 millones entre 2014 y 2021, y una agenda de infraestructura en salud, con 60 nuevos hospitales por US$ 6.800 millones.

“El mayor déficit se daría entre los años 2017 y 2019, cuando el gasto por sobre la reforma tributaria superaría los US$ 3.900 millones. Así, se deja poco espacio para que un próximo gobierno pueda ajustar las cuentas o implementar su programa”, dice Gonzalo Blumel, director ejecutivo de Avanza Chile.

Blumel ve un complejo escenario para el compromiso que asumió el Gobierno de llegar al balance estructural en 2018. Afirma que si se mantienen los ingresos de la reforma tributaria y si se considera un crecimiento cercano al 4% en los próximos años, el déficit estructural llegaría a 1,3% del PIB en 2018.

“También, puesto en otras palabras, si el Ejecutivo absorbiera todos esos gastos adicionales y además cumpliera con el balance, el gasto público tendría que crecer solo un 2,6% en los próximos tres años”, sentencia. La expansión de dicha variable en 2015 fue de 9,8%.

Fuente: El Mercurio

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