Revista Nueva Minería

Es uno de los proyectos de ley que la industria minera observa con mayor atención. La iniciativa que busca legislar sobre la protección de los glaciares, ha generado polémica en el sector, ya que podría limitar el desarrollo de la actividad. El debate se intensifica, en medio de un contexto en que el cambio climático no da tregua.

Por Camila Morales
Revista NME
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Fue en el año 2005 cuando por primera vez se planteó la necesidad de poner en evidencia la existencia de los glaciares del territorio nacional por parte del Estado. Corría el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando se presentó la necesidad de una ley para resguardar estas “masas de hielo”.

Fue a causa del controvertido proyecto Pascua Lama -el cual contemplaba intervenciones en los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza- que el debate se intensificó. Pero aquello ya es historia pasada. Hoy, a dieciséis años de aquel primer intento por legislar respecto al cuidado de estas reservas estratégicas, aún no se da luz verde a una ley sobre el tema.

¿La razón? Nuevas indicaciones y el rechazo del sector minero al proyecto que busca proteger los glaciares en su totalidad, han generado más dudas que certezas. Es así como a partir de marzo de 2019, cuando se aprueba en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado la idea de legislar un nuevo proyecto de ley de Protección de Glaciares, que se inicia una nueva etapa en la discusión.

El actual proyecto

La normativa que actualmente se encuentra en el Congreso plantea la protección de los glaciares, ambiente periglacial y permafrost, con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que genera debate a nivel político, social, ambiental y económico.

Para Diego Hernández, presidente de la Sonami, “la inclusión en la iniciativa del ambiente periglacial y el permafrost, prácticamente prohíben la actividad minera en la cordillera. (…) La ambigüedad en las definiciones derivará en una mayor judicialización e incerteza”. En la visión del representante del sector minero, “la regulación actual en materia de evaluación de impacto ambiental contempla una protección compleja y suficiente de los glaciares, sin perjuicio del fortalecimiento que se puede hacer de la misma”.

Al respecto, Hans Fernández, doctor(c) en Geografía de la Fundación Glaciares Chilenos, explica que por la importancia reguladora de los glaciares en términos hídricos, es que destaca “la intención de hacerse cargo en términos de política pública de un elemento natural que hasta el momento ha sido ignorado”. Sumado a ello, Fernández valora la inclusión del permafrost en la ley. “El permafrost es menos conocido que los glaciares, sin embargo, también se considera en ocasiones un recurso hídrico básico para las regiones áridas y semiáridas”.

Con relación al desarrollo que tendrá este proyecto, Francisca Bown, investigadora senior en Tambo Austral Geoscience -consultora dedicada al estudio de glaciares y ambientes asociados-, indica que “la actual propuesta tiene varias debilidades e imprecisiones teóricas”, por lo que, a su parecer, “la discusión continuará, y de no haber cambios será difícil que haya un consenso que permita su aprobación final, al menos en su forma actual”.

Entre los argumentos esgrimidos para justificar esta propuesta de ley hay varios aspectos que generan dudas más que certidumbres, indica la experta. Por ejemplo, “el considerar a todos los glaciares como fundamentales desde el punto de vista hídrico, cuando hay algunos, como los rocosos, que generan aportes muy menores y en periodos de tiempo muy limitados”. No obstante lo anterior, lo más controversial de esta propuesta de ley, a su juicio, “es la inclusión del permafrost y el ambiente periglacial, que son definidos sin un respaldo pleno de la literatura científica”, lo que “generará problemas interpretativos a la hora de materializar esta ley”.

En esta misma línea, Andrés Rivera, académico del departamento de Geografía de la Universidad de Chile, comenta que “en general hay consenso sobre lo que se debe impedir en glaciares, pero la inclusión del permafrost y ambiente periglacial adiciona incertidumbres, en especial por las numerosas actividades ya existentes en esos ambientes. (…) Tampoco se ha dimensionado en forma integrada el impacto de una ley como la propuesta en el desarrollo económico del país”, por lo que, en su visión, “son comprensibles las aprehensiones de numerosos sectores del país”.

La minería en el debate

En el desarrollo de la tramitación de esta ley, el sector minero ha dado a conocer su descontento, ya que limitaría su desarrollo en zonas aledañas a estas masas de hielo. En la opinión de Hans Fernández, es una reacción esperable. Sin embargo, afirma, la industria debe mirar o colocar atención a sus zonas aledañas sin focalizarse únicamente en la ley de Protección de Glaciares.

“La falta de agua y la degradación ambiental ha llevado a comunidades cordilleranas, muchas de ellas rurales, a organizarse para rechazar la actividad minera. Esto responde a cómo se ha desplegado territorialmente el funcionamiento de la gran minería. Básicamente, a través de un extractivismo masivo y poco amigable”, comenta el representante de Fundación Glaciares Chilenos.

Otra visión es la que tiene el presidente de la Sonami, quien reafirma que rechaza el proyecto de ley, “que hemos calificado como antiminería, por cuanto de prosperar, según ha indicado Cochilco, se traduciría en una caída de 2,4% en el PIB y una destrucción de 42 mil empleos, obligando a detener cinco grandes faenas mineras, como Los Bronces, Caserones y Los Pelambres, que se sumarían a las divisiones Andina y El Teniente, de Codelco”.

Para Andrés Rivera, la protección de glaciares tiene un consenso transversal que incluye al sector minero, mientras que la inclusión del permafrost y ambiente periglacial no ha logrado el mismo nivel de acuerdo. “Esto se debe, a nuestro entender, que estos ambientes no se han definido en forma aceptable por toda la comunidad científica y que, por ende, la delimitación espacial de estos ambientes y las consecuencias normativas que tendrán esos espacios serán materia de litigio y controversia”.

No obstante, agrega, “los avances del sector minero en materias ambientales en general y glaciológicas en particular, tienen un largo camino que recorrer para que los efectos indirectos que puedan tener los procesos productivos sigan reduciéndose, por ejemplo, con una menor y más controlada generación de material particulado sedimentable, o un uso más racional y eficiente del agua proveniente de glaciares”.

De cara al futuro

Más allá de lo que suceda con el proyecto de ley, el debate respecto a la protección de estas “reservas estratégicas” en el marco del avance del cambio climático no cesará. En este sentido, hay aspectos que pueden resultar primordiales a la hora de avanzar en la preservación y cuidado de los glaciares en Chile.

Para Francisca Bown, “la principal amenaza a los glaciares de Chile son los cambios climáticos que afectan al planeta, por lo que su protección está vinculada en forma prioritaria a las iniciativas legislativas que adopten e implementen los compromisos que se están logrando a nivel internacional con relación a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Respecto a este punto, Andrés Rivera comenta que “lo primordial para una mejor preservación de glaciares es mejorar su conocimiento científico, perfeccionando los programas de monitoreo para que efectivamente se puedan detectar impactos indirectos”.

Otra arista relevante es reconstruir la relación entre la sociedad chilena y sus altas montañas. Así lo considera el representante de Fundación Glaciares Chilenos, quien indica que para esto se requiere, “además de un cambio cultural en cómo percibimos Los Andes, mecanismos institucionales de gestión y manejo de la cordillera. Solo con las reglas claras se pueden saber los alcances territoriales reales para la conservación de ecosistemas, antes no”.

Sumado a ello, Hans Fernández destaca que “es importante que el Estado chileno resguarde el derecho al medio ambiente y el cuidado de la biodiversidad, ya que si no lo hace, es probable que los ecosistemas bajo presión colapsen, perjudicando a las comunidades y también a los intereses mineros”.

Para Diego Hernández, en este contexto, es importante recalcar que es compatible el desarrollo de la actividad minera y la protección de los glaciares. “Creemos que una política de protección de los glaciares que responda al interés público debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos, y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva”.