Revista Nueva Minería

Plantean que tributación real de la minería no sobrepasará el 80% como se ha sostenido y piden estudios exhaustivos para tomar una decisión final.

“Los profesionales que suscribimos este documento postulamos que la discusión sobre el royalty es necesaria y legítima, y que debe plantearse sobre datos objetivos y, sobre todo, independientes”, es parte de las conclusiones de un documento suscrito por siete ex ejecutivos de Codelco, liderados por Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la estatal hasta septiembre del 2019.

La carta de 17 páginas, publicada y distribuida esta semana entre los socios del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCH), marca la reaparición del reconocido ejecutivo minero, que aún enfrenta en tribunales una querella por tráfico de influencias, acusación que la minera impulsó por considerar que mientras ejerció el cargo benefició a un hijo en un contrato en la División Salvador.

Pizarro había preferido mantenerse alejado de la esfera pública. Hasta ahora, que se pronuncia sobre un tema en debate parlamentario, junto a un grupo de sus excolaboradores cercanos en la minera estatal: Alvaro Aliaga, ex vicepresidente de Operaciones Norte; Patricio Chávez, ex vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad; Daniel Sierra, ex vicepresidente de Recursos  Humanos; Alejandro Salineros, ex encargado de Relaciones Laborales; Fredy Valdovinos, ex gerente de Recursos Humanos de Andina, y Nemesio Orellana, ex consejero jurídico del Distrito Norte.

Su primer planteamiento está basado en el análisis de los aportes de Codelco y la minería privada. Dicen que desde su creación, la estatal ha aportado cerca de US$120 mil millones (en moneda de 2021) a las arcas fiscales, en comparación con una suma similar entregada por todas las privadas, pero sobre dos tercios de la producción nacional de cobre. “¿Es posible entonces, equilibrar de mejor manera los aportes del sector privado teniendo la referencia de lo aportado por Codelco?”, se preguntan.

Otro elemento que consideran relevante son las tasas de rentabilidad obtenidas. “Sabemos que hasta hace poco el precio de incentivo del cobre para estimular la inversión era de US$3 por libra, con el que se aseguraba un retorno adecuado, cercano a dos dígitos, pero ¿qué pasa en un escenario de súper ciclo, con el precio disparado? Se origina lo que los economistas denominan rentas o, en simple, utilidades excesivas por sobre o muy por encima de la expectativa de rentabilidad de quien hizo la inversión… es en este espacio donde el royalty parece tener cabida”. 

Así, dicen que urge discutir y definir una fórmula de cálculo que mantenga la competitividad del país y procure recaudar de una forma más simétrica los excedentes del negocio. Esa discusión, señalan, debe plantearse considerando una comparación exhaustiva de las tasas impositivas reales de Chile y otros países; datos objetivos y transparentes sobre la rentabilidad real de las empresas; y un conocimiento experto de la situación productiva actual y futura, entre otros.

Críticas a los gremios

Sobre la tributación actual del sector, aludiendo a quienes advierten que con el nuevo impuesto subiría al 82% su carga impositiva –versus el 40% de la mayoría de los países mineros– estos exejecutivos, varios de los cuales han pasado por mineras privadas, entre ellos el propio Pizarro, plantean que “no es menor que estudios independientes sobre carga tributaria de la minería en Chile y Perú concluyan que en Chile la tasa impositiva real a las utilidades de los últimos años no ha sido 40,3% sino levemente por sobre el 17% en promedio”.

De igual manera, señalan que el impuesto específico a la minería realmente pagado sería del 3,7% promedio en el período, y que es muy difícil que alguna vez se den las condiciones para que alcance la tasa máxima del 12,3%. “Desde esta perspectiva, la  tasa impositiva total promedio de los últimos 20 años (incluyendo el impuesto específico) sería de poco menos del 21%, bastante por debajo del 40,3% nominal”. “Variados reportes se han generado desde el Consejo Minero o Sonami. Si bien son altamente informativos, no permiten despejar las dudas que razonablemente existen en estas materias, por provenir de organismos gremiales que, sin tener intencionalidad negativa al respecto, tienen grandes intereses que defender. Esta posición ha sido incluso avalada por el Ministerio de Minería”, critican.

Por eso plantean la necesidad de contar con un informe comparada “generado por especialistas independientes, en lo posible internacionales, con fuentes de información independientes y globales, que permitan a los parlamentarios superar el riesgo de tomar decisiones sin información o con información parcial”.

Fuente: La Segunda