Revista Nueva Minería

El proyecto de ley presentado la semana pasada por el ministro Pacheco tiene como metas minimizar las alzas proyectadas de energía y aumentar la competencia en el sector generación. Los suministros sin contratos y rol de la Comisión Nacional de Energía generan dudas.

En el sector eléctrico hay coincidencia en que el proyecto de ley presentado la semana pasada que introduce cambios a los mecanismos de licitaciones eléctricas era necesario y que, en general, las políticas incorporadas en la iniciativa van por buen camino.

No obstante, han surgido algunas discrepancias, las que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos: el rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad que liderará los futuros procesos, y la modalidad escogida para regular los suministros sin contrato, esto es, cuando las demandas proyectadas superan las cantidades de energía asignadas entre generadoras y distribuidoras.

Un reporte de la consultora Systep plantea que para evitar la exposición al ciclo político y mantener la independencia de grupos de interés, es importante que la agencia licitante sea independiente del gobierno. “En particular, sería difícil separar el rol de regulador y operador del mercado. En cualquier caso, si finalmente el gobierno resultase estar a cargo como un comprador único de las licitaciones, es indispensable que los instrumentos, atribuciones y flexibilidades estuviesen claramente establecidos por ley, para reducir la incertidumbre futura y el riesgo regulatorio”, se señala.

Entre las empresas distribuidoras la sensación es más bien que el proyecto de ley -así lo planteo recientemente el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo- supone el fin de una era en la que el Estado se mantenía neutro a las decisiones al menos en teoría, para pasar a adoptar una posición y a incorporarla en las determinaciones de política pública, lo que a su juicio es correcto.

La semana pasada, durante la presentación de la propuesta de reforma, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que en su visión, “el Estado está adoptando un nuevo rol en este proceso con el fin de convertir a las licitaciones en un instrumento de política pública que efectivamente cumpla con los objetivos de contar con una electricidad más segura, eficiente, barata, sustentable y que opere con mayor competencia, tal como se ha comprometido en la Agenda de Energía”.

Entre las generadoras, no obstante, existen dudas sobre el mecanismo escogido para suministrar aquellas demandas sin contrato, el que será repartido a prorrata entre todos los actores que inyecten al sistema en el período, y remunerado de acuerdo a una fórmula que incorpora el precio del contrato y el costo marginal al momento de la inyección.

Este punto ha generado cierto debate y se espera que las empresas del sector, así como también las distribuidoras e incluso organizaciones de consumidores, expongan sus argumentos en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que ya se encuentra tramitando este proyecto de ley.

Competencia

Para Pacheco, es clave incorporar más competencia e incluso el ministerio apunta a buscar fórmulas que premien el hecho de que el suministrador de un acuerdo sea un actor que no esté dentro de los que actualmente participan en el sistema.

“Definitivamente, nosotros queremos traer nuevos actores, nueva competencia, nuevos oferentes. Queremos asegurar nuevos proyectos. Queremos que este país enfrente un tema que es muy sensible, y que es el déficit que tenemos en generación y transmisión. Las razones por la que los precios de la energía en Chile son altos son básicamente dos: la existencia de escasa competencia y el déficit de infraestructura que tenemos”, dijo Pacheco en el Congreso la semana pasada.

Fuente: Pulso