Revista Nueva Minería

En los últimos 16 años Chile ha sido testigo de una serie de conflictos entre comunidades y empresas por el desarrollo de proyectos energéticos, con gran presencia mediática. ¿Cuáles son las dimensiones socioculturales de estas pugnas? Un estudio adelanta conclusiones y especificaciones técnicas de estos conflictos.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Corría el año 2011 cuando en varias ciudades del país, se producían masivas manifestaciones en contra del polémico proyecto HidroAysén. Pese a ser una iniciativa hidroeléctrica ubicada en el extremo sur del país, específicamente en los ríos Baker y Pascua, miles de ciudadanos de distintas localidades de Chile daban a conocer su rechazo al proyecto.

Aunque esta iniciativa en un comienzo fue aprobada en mayo de 2011, la presión de los manifestantes fue determinante para que tres años más tarde el Comité de Ministros rechazara el proyecto, decisión que marcó un antes y un después para aquellos casos en que ciudadanía y empresas se enfrentan por el desarrollo de proyectos energéticos.

Así lo señalan los investigadores que están detrás del Catastro de Conflictos Energéticos 2000-2016, investigación que analizó los conflictos energéticos con presencia comunicacional en Chile, catalogados por especificaciones técnicas y dimensiones socioculturales.

“Es poca la investigación que hay en Chile sobre las dimensiones sociológicas de los conflictos energéticos, pese a que se han tomado la agenda pública desde la oposición a HidroAysén en adelante”, comenta Manuel Tironi, sociólogo y académico de la UC, quien formó parte del grupo que elaboró el documento.

Zonas con mayores conflictos

Considerando que la producción, distribución y consumo eficiente de energía en Chile se ha transformado en un desafío constante, desde el sector público y privado han surgido diversas medidas y propuestas para lograr un desarrollo energético eficiente, seguro, equitativo y sustentable.

Este propósito implica una serie de retos técnicos para la industria, pero también involucra desafíos socioculturales que muchas veces son invisibilizados. Es el caso de las manifestaciones ciudadanas en contra de ciertos proyectos polémicos, tal como sucedió con HidroAysén, la Central Termoeléctrica Castilla y la Central de Ciclo Combinado Los Rulos, entre otros.

Así lo corrobora el Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad (Numies) y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile (UC), dos entidades que analizaron los 1.153 proyectos energéticos que fueron ingresados al SEIA entre enero del año 2000 y marzo de 2016. ¿El resultado? 71 proyectos (aproximadamente, el 6% del total) generaron conflicto.

“La cantidad de proyectos que generan tensión puede parecer un porcentaje menor. Sin embargo, es importante recalcar que el conflicto se concentra en pocos, pero en iniciativas que tienen una alta capacidad de MW de acuerdo a los datos presentados y calificados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental”, precisa Manuel Tironi.

En todo caso, para aterrizar aún más el estudio, se debe analizar el nivel de criticidad de estos conflictos, versus la cantidad de movilizaciones que generan estas pugnas, “lo que arrojaría una menor cantidad de conflictos en estado crítico”, advierte Javier Zulueta, jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía.

Por su parte, Gloria Baigorrotegui, académica de la Universidad de Santiago (Usach), asegura que para validar esta nueva dimensión sociocultural en materia energética, “es importante desmitificar que los conflictos son ‘una foto’, un momento, como lo exhiben los medios de comunicación. Hay que darle dinamismos a estos procesos para comprenderlos con mayor detalle”.

Además de la cantidad de proyectos, entre las grandes conclusiones del estudio se destaca que los conflictos se concentran mayormente en territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica, como es el caso de María Elena, Mejillones, Calama y Diego de Almagro, todas localidades ubicadas en la zona norte de Chile.

En la opinión de los expertos, el indicador de vulnerabilidad socioeconómico habla del fondo del problema. “Lamentablemente, hay zonas de sacrificio muy establecidas, las cuales han sufrido las mayores consecuencias de estos conflictos”, asegura la académica de la Usach.

Tipos de proyectos y duración

Respecto a los tipos de proyectos que generan mayor tensión, el estudio concluyó que las centrales termoeléctricas encabezan la lista de los proyectos más conflictivos (28) y los que han involucrado más MW (61%).

(Fuente Numies – UC)

Además de las centrales a carbón, las centrales hidroeléctricas de embalse y de pasada también presentan un alto grado de conflictividad a nivel ciudadano.

Respecto a la duración, el catastro concluyó que más de la mitad de los conflictos tienen una duración superior a tres años y un tercio de las iniciativas en pugna tienen una duración de más de cinco años, “lo que muchas veces se traduce en largos procesos judiciales”, agrega Manuel Tironi.

Con estos datos sobre la mesa, se ha instalado la discusión sobre qué medidas se deberían implementar para aminorar la tensión entre ciudadanía y empresas, qué rol debería cumplir el Estado en esta disputa, y qué nivel de relevancia debe tener la arista sociocultural en estas iniciativas de gran envergadura que inevitablemente afectan a comunidades y territorios.

Para Javier Zulueta, los movimientos sociales reflejan el poder de la ciudadanía cuando existe organización y una menor asimetría de la información, pero advierte que aún hay desafíos. “Es urgente que exista un ordenamiento territorial vinculante, una mayor descentralización, una democracia más participativa y que se trabaje para mejorar la institucionalidad ambiental. Sólo así avanzaremos de manera real”, advierte el especialista del Ministerio de Energía.

Por su parte, Gloria Baigorrotegui asegura que los resultados de este catastro dejan entrever que el dilema sobre el uso del territorio es cada vez más importante, y que los aspectos menos evidentes del conflicto a nivel sociocultural tienen directa relación con la situación de pobreza que posee América Latina, y la nueva percepción de la naturaleza en la ciudadanía. “Sin duda, este tema da para mucho más”, concluye la académica de la Usach.