Hasta 2 mil permisos podría requerir un proyecto de inversión
De estos, cerca de 400 son únicos y son entregados por 53 instituciones del Estado. En Australia y Canadá, proyectos similares, manteniendo los estándares ambientales, requieren entre tres y dos años para ser totalmente autorizados.
“Esta gran cantidad de regulaciones implica que algunas iniciativas se dejen de realizar y que el país no avance hacia el desarrollo”, señala el presidente de la CNP, Raphael Bergoeing. “Estamos regulando mal”, afirma el economista.
“Se dejan de realizar grandes inversiones, impidiendo que el país siga avanzando, incurriendo en costos que son mucho mayores. Finalmente, esto termina siendo traspasado a los usuarios, perjudicándolos y reduciendo el nivel de ingreso real de las personas”. Así resume el presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Raphael Bergoeing, las implicancias de los resultados obtenidos en la primera parte de un estudio mandatado por el Presidente Piñera sobre stock regulatorio en Chile.
“Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos” se denomina el análisis. En el trabajo se detectó que, en promedio, para iniciar un proyecto de inversión en Chile son necesarios entre 500 y 2 mil permisos.
El catastro identificó 400 trámites que podría requerir un proyecto, llamados “permisos únicos”. Estos son entregados por 53 organismos estatales distintos.
Un proyecto minero podría requerir, por ejemplo, pasar por 200 de estos. Sin embargo, en la práctica, debe conseguir el mismo permiso varias veces para avanzar. “Como hay permisos que deben ser aprobados en distintas etapas, los permisos efectivos totales que un proyecto debe conseguir pueden llegar a cerca de 2 mil”, explica Bergoeing.
El economista ejemplifica que con esta cantidad de tramitación, un proyecto minero requiere del orden de cinco años para poner “la primera piedra”. “En Australia y Canadá, proyectos similares, manteniendo los estándares ambientales, requieren entre tres y dos años para ser totalmente autorizados. La mitad que en Chile”, explica el presidente de la CNP.
Y agrega: “Pese a que países desarrollados tienen estándares medioambientales que son incluso más exigentes que en Chile, es evidente que estamos regulando mal este tipo de proyectos. La idea es proteger el medio ambiente y otros bienes públicos relevantes, mientras al mismo tiempo seamos capaces de invertir en estos grandes proyectos”.
Para la construcción de la información, la CNP contó con el apoyo de 16 gremios empresariales. Con ellos se realizó el levantamiento de todos los permisos y procesos necesarios para desarrollar proyectos de inversión en sectores como la minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria (ver recuadro).
Modernizar el Estado
Conocer el stock de regulaciones que existen en la actualidad es la primera parte de un trabajo de tres fases, que la CNP desarrollará para contribuir a la modernización del Estado.
En la segunda etapa, la CNP está próxima a realizar un nuevo “mandato” que apuntará al flujo de nuevas regulaciones. “Este estudio propondrá que el diseño de las regulaciones -leyes y los reglamentos que las ejecutan- cuenten con una metodología, estructura y herramientas de análisis, con el objetivo final de mejorar la calidad de políticas públicas en Chile”, sostiene Bergoeing.
Para el desarrollo de la iniciativa, la CNP está observando las “mejores prácticas internacionales” para proponer la creación de un proceso completo -que hoy no existe- para garantizar que desde el momento en que se planee una nueva regulación, esta esté adecuadamente desarrollada y con una evaluación de impacto en un período determinado.
Este tipo de análisis, agrega el economista, permitirá contar con un proceso que mejore el diseño y análisis de las leyes.
Para Bergoeing, este proceso deberá contemplar una etapa final de evaluación y que deberá ser revisada por una institución autónoma como la CNP, distinta a aquel que diseñó y evaluó el impacto inicial de la nueva regulación.
Una tercera fase para “cerrar el círculo”, señala Bergoeing, será trabajar en una propuesta de mecanismo que permita utilizar de manera centralizada los datos que hoy se disponen de manera disgregada en las distintas reparticiones del Estado. “Esto ayudará a que en distintas etapas de la creación de una regulación, cuando requieran un diagnóstico inicial o necesiten evaluaciones ex post , puedan alimentarse de la información necesaria para que este sea el mejor posible”, indica Bergoeing.
Fuente: El Mercurio
