Gobierno y empresarios crearán mesa de trabajo sobre agenda de descentralización
La principal inquietud de los empresarios apunta al tema del ordenamiento territorial.
Las aristas que incluye la agenda de descentralización que está impulsando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet son variadas, pero hay una en particular que está concentrando la atención del empresariado: el proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización.
Esto, por las dificultades que puede generar en la localización de proyectos de inversión necesarios para el desarrollo del país y, en específico, las atribuciones que se entregarán a los gobiernos regionales en materia de ordenamiento territorial.
Así lo planteó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en un análisis que realizó de la iniciativa legal y que hizo llegar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) hace unos días. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el titular de la repartición, Ricardo Cifuentes, recibió a representantes del gremio ayer en La Moneda.
Y la cita derivó en la formación de una mesa de trabajo de carácter técnico para abordar los temas relativos a la agenda de descentralización.
Así lo confirmó a la salida de la reunión el gerente general de la CPC, Fernando Alvear, quien destacó la buena acogida por parte de la autoridad. “El subsecretario nos ofreció constituir una mesa de trabajo, así que ahí vamos a organizar el trabajo y nuestras inquietudes. Tenemos sí que trabajar rápido, porque este es un proyecto que está avanzando en el Congreso, así que esperamos que la mesa se constituya a la brevedad”, dijo Alvear.
También planteó que en el tema específico de ordenamiento territorial, el gremio quiere hacer algunos aportes “para que haya una debida coordinación entre las facultades que puedan tener los entes regionales también con los entes nacionales”.
El gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado, quien también participó de la cita, se sumó a esta inquietud y advirtió que es necesario que exista un criterio general a la hora de abordar los proyectos de infraestructura pública. “No puede ser que existan demasiados estándares distintos o muchas formas de contratar distintas, por ejemplo”, planteó.
Ante esto, el subsecretario Cifuentes dijo que el gobierno tiene “la mejor disposición” para resolver las dudas tanto en esta como en todas las materias que involucran la agenda de descentralización.
“La mesa va a estar compuesta por técnicos de la CPC y nuestros y ellos nos van a hacer llegar las propuestas y observaciones relativas al proyecto y así ordenar una agenda de trabajo”.
Tal como lo manifestó la CPC, la premura tiene que ver con que el proyecto de fortalecimiento de las regiones está ya presenta avances en el Congreso. De hecho, Cifuentes espera que el proceso finalice durante el primer trimestre del próximo año y espera que el trabajo conjunto con los privados incluso pueda acelerar el proceso.
El proyecto de fortalecimiento regional contempla planes de ordenamiento para los gobiernos regionales, los que se adecuarán a la política nacional que se está trabajando en paralelo por una comisión interministerial liderada por la cartera de Vivienda y Urbanismo.
En los próximos días, la Subdere y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) firmarán un convenio para trabajar experiencias piloto en tres regiones del país, para identificar cómo se pueden agilizar las inversiones.
Como explicó Hurtado, la idea es que las regiones unifiquen ciertos criterios a la hora de seleccionar y asignar recursos a los proyectos de inversión tanto pública como privada.
Las dudas de la CPC al proyecto de fortalecimiento regional
De acuerdo a lo expuesto por la CPC en el documento que le hizo llegar a la Subdere, que los gobiernos regionales puedan elaborar y probar los planes de ordenamiento territorial podría provocar que algunas regiones excluyan ciertos proyectos por consideraciones locales, no tomando en cuenta el interés nacional.
Otro punto que genera dudas al interior del gremio se refiere a las restricciones que se les impone a los gobiernos regionales en esta materia, ya que sólo podrán regular materias que estén dentro del territorio regional. A juicio de la entidad, esto no deja claro el alcance ni la operatividad e institucionalidad para su cumplimiento.
“En particular, surgen las siguientes dudas: los proyectos energéticos o un proyecto que está instalado en dos regiones, ¿serán considerados en esta categoría?”, plantea el documento.
Para la multigremial también existen dudas respecto a la atribución de los planes regionales de ordenamiento territorial a la hora de realizar una macro zonificación del territorio. “En otros casos donde la legislación ha otorgado esta atribución, esto ha derivado en procesos de zonificación de gran detalle que pueden generar complicaciones para la instalación de proyectos de inversión”, sostiene.
Asimismo, expresa que en este contexto se debe resguardar la compatibilidad de este proyecto con los diversos puntos de la agenda que actualmente está impulsando el Ministerio de Energía.
Otro tema que inquieta a los empresarios se relaciona con la creación de áreas de protección (ambiental, cultural y artístico) que el proyecto de fortalecimiento entregará a los gobiernos regionales.
Para la CPC, la definición de estas áreas “no está clara”, lo que hace necesario establecer criterios objetivos “dada la amplitud del concepto”.
“Consideramos que esta oportunidad debe quedar radicada en órganos especializados de creación de zonas territoriales calificadas según ya ha sido previsto en la ley. Si no, podríamos tener zonas con calificación superpuestas, donde prevalecerá la calificación realizada por un órgano no especializado como lo es el gobierno regional”, expone la organización empresarial.
Fuente: Diario Financiero
