Revista Nueva Minería

Buscan desacreditar los argumentos de la comunidad indígena que se opone a la iniciativa, por ejemplo, acusando que esta se asienta a más de 140 km del salar.

En un informe de más de 20 páginas, el Gobierno, a través del Ministerio de Minería, salió a defender el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) entregado en 2018 a la minera estatal, con el objetivo de viabilizar la explotación del salar de Maricunga, donde la corporación cuenta con pertenencias mineras En el marco de la demanda interpuesta por una comunidad local, en el informe firmado por el subsecretario de Minería, Willy Kracht, se critica los plazos adoptados por la organización, considerando que han transcurrido más de cuatro años desde que fueron entregadas las autorizaciones, y asegurando que no es plausible el argumento de que dicha comunidad se enteró recién con el fallo de la Corte Suprema, que desechó la licitación del mineral impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.

En esta línea, también se descarta una supuesta vulneración permanente reclamada por los recurrentes, por la extensión de la autorización, y se asegura que “adoptar la postura contraria conduciría a una conclusión absurda, considerando que la vigencia del CEOL es hasta el 31 de diciembre de 2057”.

Pero, además, se pone en duda la vinculación de la organización con el salar, considerando que esta se asienta a 140 kilómetros de este, y que en la presentación no se incluyeron antecedentes específicos que permitan asociar las actividades propias de la comunidad con dicho sector.

Con todo, en el proceso judicial también se hizo parte la estatal Codelco, a través de su filial Maricunga SpA, que defendió la obtención de la autorización por parte del Estado, con un documento en el que piden que se desestime la petición de la comunidad Colla, realizado por el estudio de abogados Pfeffer & Asociados, en el que se asegura que lo expuesto por la comunidad carece de base y de antecedentes concretos para acreditar los hechos acusados.

Asimismo, se sostiene que “el CEOL constituye una herramienta indispensable para que nuestra representada cumpla con su mandato de liderar la explotación y exploración de una sustancia mineral no susceptible de concesión minera que, como el litio, resulta estratégicamente indispensable para los intereses fiscales de los próximos 35 años”.

La defensa de la minera acusa que “de modo improcedente”, la parte recurrente pretende que las resoluciones aprobatorias del CEOL sean dejadas sin efecto bajo el pretexto de una supuesta ilegalidad y arbitrariedad, en razón de no haberse implementado un proceso de consulta indígena respecto de los intereses que dice representar.

“No es efectiva la ilegalidad o arbitrariedad que reclama la recurrente, ni menos una afectación de derechos fundamentales, como los que enumera en su presentación, más aún si, como se detallará en lo sucesivo, estamos ante una comunidad que impugna el CEOL de marras sin haber nunca probado ante el organismo sectorial competente —Conadi — que el área que incumbe al mencionado CEOL constituya efectivamente una zona en que se desarrollen sus costumbres o modos de vida, ni cómo el acuerdo que reviste el CEOL pudiese ser en lo concreto susceptible de afectarles”, se detalla en el documento presentado por la defensa de la minera.

En una reciente entrevista con “El Mercurio”, el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, reconoció que “tenemos pertenencias en Maricunga, destinamos US$ 20 millones a exploraciones, pero ha sido un año desde el punto de vista climático bien difícil, con nevadas y vientos, que han hecho que la exploración sea más lenta, pero vamos a tener los resultados el primer trimestre de 2023”.

En esta línea, el líder de la corporación apuntó a que una vez conseguida esta información, se tomará la decisión de cómo proseguir, teniendo en consideración, también, las definiciones que tome el Gobierno respecto a la Empresa  Nacional del Litio, anunciada en el programa del Presidente Gabriel Boric.

Fuente: El Mercurio