Revista Nueva Minería

Reforma limitará plazos a nuevos derechos de agua, dijo Carlos Estévez, titular de la DGA. Considera “un error” seguir la vía de la expropiación.

Las aprensiones del sector privado respecto de los alcances de la reforma al código de Aguas, que entre otras materias busca darle rango constitucional como bien de uso público al recurso, se mantienen.

Ayer, el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, descartó de plano que el ejecutivo esté buscando con las indicaciones ingresadas al proyecto -que en principio fue de iniciativa parlamentaria- afectar y limitar los derechos de aguas vigentes, indicando que las medidas propuestas solo se aplicarán a los derechos que se soliciten una vez que el proyecto sea Ley de la República.

Hoy, los derechos de uso de agua, tanto consuntivos -por ejemplo, el consumo humano o la agricultura- como no consuntivos (hidroelectricidad), son otorgados de manera permanente a los titulares.

En el marco del seminario “Reforma al Código de Aguas” organizado por Mas Recursos Naturales y revista Capital, el titular de la DGA señaló que los ejes del proyecto del gobierno apuntan a priorizar el uso de los recursos para consumo humano, por sobre la actividad productiva; la protección patrimonial y ambiental, por ejemplo en el caso de los glaciares; el fortalecimiento de la institucionalidad y los avances hacia una mayor sustentabilidad del agua; y sancionar el “acaparamiento y la especulación” con el recurso, a través de la limitación temporal.

“El marco institucional actual no responde a la realidad actual de Chile”, señala Estévez, agregando que el proyecto del gobierno “tiende a profundizar el mercado”.

“No se puede seguir amparando la propiedad de un derecho que se da solo en papel” dice, aunque por otro lado descarta que el camino de la expropiación sea una vía para solucionar el tema: “esto sería un error”, sostiene.

Estévez indica que, en el caso de las aguas superficiales (aquellas que escurren), aún queda por adjudicar entre un 5% y 8% de los recursos, mientras que en las subterráneas, la disponibilidad supera el 50%.

Visión privada

En todo caso, en el sector privado la palabra “incertidumbre” sigue rondando.
Luis Mayol, ex ministro de agricultura de la administración Piñera y director de MAS Recursos Naturales, señala que el proyecto de ley “ha generado dudas y confusión, por lo que hay que actuar y despejar estas interrogantes”.

Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), sostuvo que existe un “déficit crónico de infraestructura y regulación” respectos de los derechos de agua, y que la mayoría de los excedentes es desaprovechado. Asimismo, señaló que en caso de que se decida por el camino de la limitación de los actuales derechos, los propietarios deberían ser indemnizados por ello.

En tanto, Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras apunta a los plazos propuestos para la extensión de los derechos como una de las cuestiones que complican al sector eléctrico, y también a la necesidad de evitar la especulación. “El aumento de las patentes es una buena señal para incentivar el uso de ellas”, dijo.

Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, señala que cualquier cambio debe hacerse basado en datos fidedignos, y que hoy existe un déficit respecto al diagnóstico de la realidad del país.

“Se señala que en Chile existe especulación, entonces, veamos quién lo está haciendo y analicemos los problemas que produce para generar las soluciones correctas. Sin embargo, si se realizan cambios en base a eslóganes, tendremos un código que generará muchos conflictos”.

Guillermo Pickering, presidente de Andess -gremio que agrupa a las empresas sanitarias-, señaló que la reforma es positiva y la calificó de “moderada”, aunque el proyecto puede ser mejorado.

“No estamos resolviendo los problemas de información. Una cosa es establecer la obligación de inscribir los títulos de agua en el conservador de bienes raíces, pero otra es que –y no lo resuelve esta reforma- la DGA no tiene un registro único y actualizado para saber, con esa información, cómo gestionar las cuencas”.

Fuente: Diario Financiero