Revista Nueva Minería

El Ejecutivo busca desactivar una disputa que se arrastra desde hace más de dos años en tribunales. En paralelo, representantes de la estatal asisten hoy a la Cámara por el caso Seguros.

En medio de la polémica por el caso seguros, que mantiene enfrentados a la minera estatal Codelco con Chilena Consolidada y sus propios trabajadores, existe otro tema relacionado con transparencia que involucra a la corporación y que podría estar cerca de su fin. Se trata del juicio que mantiene con Contraloría, disputa iniciada hace un par de años y que se encuentra alojado en los tribunales civiles, luego de que la estatal presentara una denuncia apuntando a la capacidad que tendría el órgano fiscalizador para inspeccionar a la minera.

A mediados de enero, en el Palacio de la Moneda se realizó una reunión bilateral entre el Presidente Sebastián Piñera, y los dos principales líderes de la estatal: el presidente del directorio, Juan Benavides, y el presidente ejecutivo, Octavio Araneda. En esa cita, en la que también participó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el jefe de asesores del Presidente, Cristián Larroulet, se discutió la estrategia que impulsará el Ejecutivo para intentar nuevamente dar por terminada esta disputa. Una de las definiciones adoptadas fue descartar la creación de una nueva ley de Codelco o modificar la que existe hoy, por temor a los resultados que se podrían dar ante un potencial trámite legislativo. Bajo ese escenario, se decidió optar por reformar Cochilco, entidad que posee el mismo cuerpo legal desde 1976. En esa línea, según cuentan fuentes conocedoras del proceso, son al menos tres los ejes que tiene el proyecto que está impulsando el Ministerio de Minería, dentro de ellos está el potenciar la capacidad de fiscalización de Cochilco a través de herramientas de mayor tecnología, además de la modificación de temas de confidencialidad. También se buscará que la fiscalizadora pueda acceder a las declaraciones de interés que realizan unos 2.000 trabajadores de la minera y que, además, estas se eleven de nivel a tercer grado por consanguinidad y tercero por afinidad.

Por último, está la definición de que Codelco sí pueda estar afecto exclusivamente al artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, pero especificando que no se trata de un servicio público. Esta ha sido la principal diferencia entre ambas partes, ya que dicha normativa establece que existe una obligación de informar los contratos con partes relacionadas con la Contraloría y la Cámara de Diputados, lo que a juicio de la minera afectaría su negocio.

Esta estrategia ya había sido presentada con anterioridad a los altos ejecutivos de la minera, quienes, incluso, presentaron algunas sugerencias. Con todo, ahora resta que el Gobierno presente el proyecto de reforma a Cochilco, lo que según el nuevo vicepresidente de la entidad, Marco Riveros, se podría producir hacia mayo. Sin embargo, los plazos se podrían ajustar. El pasado jueves, en medio de la inauguración del proyecto Recursos Norte, de la división El Teniente de Codelco, el ministro Prokurica aseguró que la iniciativa se va a presentar “luego”; además, la autoridad señaló que “Codelco en la reunión con el presidente dio todas las señales de que está comprometido con la transparencia y con el poder hacer que cualquiera de estos temas negativos se corrijan”.
Fallidos acercamientos

De todos modos, se espera que la iniciativa aún sea presentada en un próximo encuentro al contralor Jorge Bermúdez, por lo que se podría avanzar en nuevos ajustes de aquí a que se presente en el Congreso. No obstante, dicha reunión tendrá que esperar algunas semanas, debido al período de vacaciones de las autoridades. En la antesala de ese encuentro y a solo días de asumir en el cargo de vicepresidente de Cochilco, Marco Riveros se reunió con Bermúdez y este tema también fue abordado. De prosperar la iniciativa, el Ejecutivo tendrá que convencer a la minera de retirar la demanda que hay en tribunales, lo que ya ha fracasado en un par de ocasiones. En 2017, antes de iniciar el trámite judicial, los equipos legales de ambas instituciones entablaron conversaciones para evitar el juicio, pero no se logró un acuerdo. Posterior a eso, y con la llegada del actual gobierno, se impulsó un período de conciliación, el que también tuvo un resultado negativo. Según las estimaciones de los expertos, de mantenerse una disputa, se podrían tardar más de dos años en llegar a una solución, en la que la principal empresa del Estado ha tenido que enfrentar al propio Consejo de Defensa del Estado en tribunales

Fuente: El Mercurio