Revista Nueva Minería

Actores ligados a la industria de las ERNC han dicho que se debe perfeccionar el marco legal vigente relacionado a la generación distribuida. Incluso, varios de ellos han abogado por mejorar el pago que se entrega a los usuarios que generan electricidad, ya que es bajo y hace poco atractiva la inversión.

Revista Nueva Minería y Energía

Daniela Tapia
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“No ha prendido tan rápido”. Ese fue el mea culpa que hizo el otrora ministro de Energía, Máximo Pacheco, en el marco de un seminario, al referirse a la Ley 20.571 de generación distribuida, promulgada en 2014, también conocida como Net Billing.

Un cuerpo legal que otorga a los clientes regulados de las empresas distribuidoras -los consumidores- de electricidad, el derecho a generar energía para su autoconsumo mediante fuentes ERNC o de cogeneración eficiente, y a vender sus excedentes de energía a la red de distribución.
Pero los resultados no han sido los esperados. Y es que aún con este marco legal los proyectos asociados a generación distribuida en Chile representan una fracción muy pequeña.

Los datos son concluyentes. Hasta febrero este año las distintas empresas distribuidoras habían recibido solicitudes de conexión equivalentes a sólo 1,76 MW de potencia, es decir, sólo un 0,009% aproximadamente de la capacidad instalada total existente en Chile. De esta manera, un poco más de 130 hogares se han acogido a este sistema, transformándose en generadores y consumidores de electricidad.

Es por esto que actores ligados a la industria de las ERNC han dicho que se debe perfeccionar el marco legal vigente. Incluso, varios de ellos han abogado por mejorar el pago que se entrega a los usuarios que generan electricidad, “el cual es muy bajo, lo que hace poco atractiva la inversión. Particularmente en algunos casos, se puede esperar un retorno sobre la inversión a más de 9 años, plazo que es claramente alto y poco atractivo”, dice Fabián Fuentes, investigador del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica de Chile.

¿Qué se ha hecho para lograr que la generación distribuida tenga los resultados esperados? Una de las iniciativas implementadas es el programa Techo 30+ que se está llevando a cabo en la comuna de Vitacura, y que consiste en establecer al año 2030, que un 30% de la energía -eléctrica y térmica- consumida en la comuna provenga de fuentes limpias y renovables.

Además, se busca reducir el consumo energético del total de actores pertenecientes a la comuna en un 30%, tomando como línea base el consumo del año 2013, y también lograr una meta de 30 sistemas solares instalados.

Sin embargo, la propuesta no ha llegado a buen puerto, alcanzando alrededor de sólo 20 sistemas solares instalados hasta la fecha. Muestra que refleja la difícil penetración que está teniendo la generación distribuida.

A esto se suma que si bien hay beneficios tributarios para las instalaciones de energía solar térmica en el marco de la Ley 20.365 (hasta 100% sobre el valor del proyecto para viviendas de valor menor a 2000 UF), no existen tales beneficios para la energía solar fotovoltaica como medio de generación eléctrica distribuida.

“Teniendo en cuenta que la participación ciudadana en la generación e integración de energías renovables ha sido defendida en varias ocasiones por el gobierno, se podría decir que las políticas públicas en el sector están en deuda”, plantea Héctor Chávez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Desafíos pendientes

Así las cosas, varios son los retos que impone la implementación de la generación distribuida. Uno de ellos surge desde el punto de vista regulatorio, ya que la definición de pagos por kWh inyectado son, en Santiago, cerca de 60% del valor de la tarifa por el kWh consumido.

Para el académico de la Usach, esta situación conlleva a un escepticismo de los actores de la generación distribuida hacia el real interés de la autoridad para incentivar la generación de energía por parte de la ciudadanía.

“Si bien esta definición tarifaria está basada en argumentos técnicos, éstos pueden ser perfectibles hacia tarifas que representen, por ejemplo, la utilidad de la energía inyectada respecto a si ésta se ha producido en eventos de peak de consumo u otros indicadores similares”, acota Héctor Chávez, de la Usach.

Otra fórmula que se puede aplicar, según el especialista de esa casa de estudios, es pensar en pagos por capacidad instalada (potencia firme) cuando los medios de generación están dotados de almacenamiento y así coordinarlos desde el operador del sistema para que inyecten energía en momentos adecuados.

A su vez, también existen brechas de competitividad asociadas al cálculo de rentabilidad cuando la energía generada es auto-consumida dentro del proceso productivo donde es instalada.

En ese caso, -agrega el experto de la Usach- el valor de la energía generada es el valor de evitar el consumo desde la red externa, mejorando el valor de retorno de la inversión.

“La pregunta es, ¿cómo saber cuánta energía es auto-consumida y cuánta es inyectada a la red a priori para realizar análisis de prefactibilidad? Si bien la tecnología para realizar estos análisis on-line existe, tanto el marco regulatorio como la oferta de mercado son aún insuficientes”, añade Héctor Chávez.

Pero más allá de las consideraciones técnicas, hay un factor que debe primar a la hora de revisar el sistema de generación distribuida. Esto es la necesidad de establecer políticas públicas, para que la población participe activamente en el mercado eléctrico a través de proyectos energéticos sustentables.

“Una definición adecuada de los esquemas de incentivos ayudaría a que las ERNC se desplieguen en una mayor escala a través de la generación distribuida, además de disminuir aún más la alta participación que todavía tienen los combustibles fósiles en la matriz eléctrica chilena”, concluye Fabián Fuentes, de la Universidad Católica.