Revista Nueva Minería

Mientras algunas naciones centroamericanas realizan cambios normativos para aumentar las inversiones en el sector, El Salvador marca un precedente al transformarse en el primer país del mundo en prohibir legalmente la minería metálica.

Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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En octubre del año pasado la industria minera mundial siguió de cerca la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), sobre el litigio que mantenía El Salvador con la empresa canadiense Oceana Gold, antes denominada Pacific Rim.

La compañía había demandado al país por la revocación de los permisos de explotación minera, y tras siete años de disputa, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial ordenó a Oceana Gold pagar US$ 8 millones en intereses al Estado de El Salvador por los costos procesales que esta nación debió realizar durante el proceso de demanda.

Pero la decisión del Ciadi no sería el único revés que tendría la industria minera en suelo salvadoreño. Más bien, esta resolución fue la antesala de una medida aún más profunda tomada por el poder legislativo de este país.

En marzo pasado, esta nación centroamericana con potencial aurífero se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica en su territorio, luego de que el congreso local aprobara una ley con el apoyo de 69 de sus 84 diputados.

Bajo el argumento de que la minería es “una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública”, el nuevo reglamento que impide de manera absoluta la extracción de metales, puso la atención de la industria minera mundial en este país que figuraba con siete distritos mineros.

La nueva normativa prohíbe las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento minero metálico, ya sea subterránea o a cielo abierto, y también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esta actividad.

Asimismo, se cancelaron de forma inmediata los trámites ambientales de empresas mineras que buscaban la obtención de licencias para operar, y se ordenó a los respectivos ministerios proceder al cierre de minas y cuantificar “los daños causados por la actividad al medio ambiente y la población”.

De acuerdo a datos del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas, por lo que luego de esta decisión histórica, la nación centroamericana se enfocará en establecer medidas para mejorar la calidad del recurso hídrico.

Sin embargo, la prohibición legal no aplica para la extracción o minería de carbón, sal y otras sustancias no metálicas.

Reacciones

Una vez conocida la resolución del congreso salvadoreño, diversas organizaciones ambientalistas celebraron esta decisión que habían buscado infructuosamente a través de seis iniciativas legislativas similares presentadas con anterioridad al parlamento.

“Esta es una victoria para las comunidades que durante más de una década se han organizado implacablemente para mantener a las empresas mineras fuera de sus territorios. La prohibición garantiza la viabilidad ecológica a largo plazo de un país ya considerado uno de los más vulnerables ambientalmente en el mundo”, aseguró Pedro Cabezas, vocero de la organización Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador.

Por su parte, Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, afirmó que el resultado de la votación “es una decisión histórica, valiente y decisiva. Nuestro país territorialmente es muy pequeño y desarrollar la minería metálica significa prácticamente un suicidio”, declaró.

Sobre las repercusiones en el corto plazo para el país, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que el impacto fiscal que tendrá la prohibición de la minería metálica en este país “será mínimo”, dado que el aporte de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador fue de tan sólo el 0,3 % entre 2010 y 2015.

A diferencia de lo que ocurre en otras naciones centroamericanas, la minería en El Salvador se realizaba principalmente a través de operaciones de pequeña escala, en parte porque la guerra civil que afectó al país durante la década de los 80 impidió un desarrollo a mayor escala.

Pero más allá de esta prohibición, la minería metálica estaba prácticamente detenida en El Salvador desde el 2008, cuando el entonces presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) anunció que no concedería nuevos permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.

El Congreso de El Salvador aprobó la ley que prohíbe la actividad minera con el apoyo de 69 de sus 84 diputados.

¿Precedente para otros países?

Tras la prohibición de la actividad minera metálica en El Salvador, surge la interrogante sobre qué sucederá en aquellos países que mantienen un alto nivel de conflictividad por el desarrollo de la minería. Pese a que aún no hay una respuesta clara, algunos actores afirman que la decisión de este país centroamericano sí podría marcar un precedente para otras naciones.

“Es difícil decir con precisión cómo se va a emular la experiencia de El Salvador en otros países de la región, pero estoy convencida que muchas organizaciones y personas que llevan años peleando contra la minería a diferentes niveles, van a analizar el decreto aprobado para ver sus posibles aplicaciones en sus propios contextos”, explicó Jen Moore, coordinadora del Programa de América Latina de la organización MiningWatch Canadá.

En tanto, para Oswaldo Samayoa, abogado y analista político guatemalteco, “ahora el problema se ha vuelto regional”. Queda por discutirse una convención centroamericana sobre limitación o prohibición minera. Por ejemplo, Costa Rica, país que en 2012 prohibió la minería a cielo abierto, “tiene la solvencia política para plantear la discusión y promover la prohibición general de la actividad”, precisó Samayoa.

De esta manera, queda abierta la interrogante sobre las repercusiones que tendrá en otros países de la región esta decisión histórica de El Salvador; un país que desde 2004, cuando se comenzaron a levantar los primeros proyectos mineros, ya daba luces del alto nivel de conflicto que traería la actividad. Sin embargo, nada hacía presagiar en ese tiempo que trece años más tarde se cerraría de manera absoluta toda posibilidad de desarrollo minero metálico en este territorio centroamericano.