Revista Nueva Minería

El vencimiento de los plazos para concretar el primer proyecto minero a gran escala de este país cierra un capítulo fundamental para la minería uruguaya. Una incipiente industria que apostaba por el desarrollo de ese sector de la mano del polémico (y ahora indefinidamente postergado) proyecto Aratirí.

Revista Nueva Minería y Energía

Camila Morales
_____________

Fue en septiembre de 2013 cuando el Congreso de Uruguay aprobó un nuevo código minero que regulaba por primera vez esta actividad a gran escala y establecía mayores impuestos. Buscando abrir un nuevo foco productivo, el gobierno encabezado por el entonces presidente José Mujica, daba así inicio formal a lo que se esperaba podía ser el desarrollo de la gran minería en el país.

Sin embargo, tras la aprobación del marco legal, primó el escepticismo. El rechazo de la ciudadanía a la explotación a cielo abierto de minerales, generó una larga disputa social, legal y política, que involucró a organizaciones ciudadanas, al Congreso, a las empresas y al propio gobierno.

Pese a la controversia, el Ejecutivo siguió adelante con su idea de desarrollar la minería a gran escala, promoviendo negociaciones con privados para abrir las inversiones.

Se iniciaba así un largo camino para transformar a esta nación en un referente para la industria del hierro. Con más de 2.500 millones de toneladas de este mineral en subsuelo, Uruguay esperaba convertirse en el octavo productor de hierro a nivel mundial con la puesta en marcha de su primer proyecto minero a gran escala: Aratirí.

El proyecto de la discordia

Años antes de que los parlamentarios uruguayos aprobaran la nueva regulación para la minería, la empresa anglo-suiza Zamin Ferrous ya se mostraba interesada por explorar 14.000 hectáreas de la zona central del país, en terrenos totalmente dedicados a la ganadería.

Luego de los buenos resultados obtenidos en esa etapa, el primer gran proyecto minero de Uruguay comenzaba a tomar forma. Denominado “Aratirí”, la empresa a cargo estipulaba una inversión de US$ 3.000 millones para un complejo minero de 5.928 hectáreas, que incluía cinco minas a cielo abierto y una producción estimada de 18 millones de toneladas anuales de hierro.

Además, el mega proyecto incorporaba un mineroducto de 212 kilómetros y un terminal portuario ubicado a un kilómetro de la costa, en el departamento de Rocha, al centro este del país.

Sin embargo, las constantes postergaciones de la autorización ambiental para dar el vamos a la iniciativa terminó por modificar los planes de la minera en tierras uruguayas.

En medio de esta discusión sobre el plazo para la firma del contrato se produjo un cambio de gobierno en Uruguay. Mientras asumía Tabaré Vásquez como nuevo mandatario, José Mujica se despedía de la presidencia sin lograr concretar la firma que iniciaría el camino de la minería a gran escala.

¿Qué vino para el sector con la llegada del nuevo presidente? Argumentando “no manejar ninguna información de su reactivación”, el actual jefe de Estado mantuvo en suspenso el camino que tomaría el Ejecutivo sobre el desarrollo de la minería, específicamente de Aratirí.

En medio de esta incertidumbre, comenzaron a circular versiones de prensa sobre la posible compra del proyecto por parte de capitales asiáticos, los que finalmente no se confirmaron. Así, Zamin Ferrous seguía liderando el proyecto a la espera de una respuesta positiva del gobierno.

Sin embargo, luego de más de tres años de tramitaciones, ya es un hecho que Aratirí no se llevará a cabo.

¿La razón? El contrato entre la minera y el gobierno vencía el 24 de noviembre de 2015. Al no llegar a un acuerdo en dicho período, Zamin Ferrous tenía la posibilidad de presentar en un plazo de 90 días un nuevo interesado para obtener la concesión, lo que ocurrió el 15 de marzo pasado, cuando la compañía presentó a “Invertexi”, sociedad anónima que fue creada por Zamin Ferrous para reflotar el proyecto.

El movimiento Uruguay Libre de Megaminería fue la organización que lideró las manifestaciones en contra de la minería metalífera a cielo abierto. En la foto, una de las marchas que protagonizaron en 2014 en contra de Aratirí.

Fue en ese momento cuando comenzó a correr nuevamente un período de 120 días para llegar a un acuerdo entre las partes, plazo que concluyó definitivamente el 13 de julio de 2016 sin entendimiento entre el gobierno y la nueva sociedad mandante de la iniciativa.

A partir de esa fecha, los títulos mineros de Aratirí pasaron a archivarse en el Registro de Vacancias de la Dirección de Minería, mientras casi un centenar de ex trabajadores de la minera iniciaron un juicio en el segundo semestre de 2016 para cobrar salarios impagos por parte de Zamin Ferrous.

En tanto, desde el gobierno encabezado por Tabaré Vásquez han evitado referirse públicamente sobre el tema, ni tampoco sobre los planes a seguir por el Ejecutivo ahora que Aratirí fue postergado de manera indefinida.

Así, el promisorio futuro que parecía tener la minería a gran escala en Uruguay hoy es incierto y oscuro. Un capítulo que parece cerrarse, al menos por un buen tiempo, para la incipiente industria minera local.