Dominga, un síntoma ¿de qué?

13 septiembre, 2021
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“Una minería sustentable e inclusiva entonces debe ser el resultado de acciones que sean debatidas en su mérito, abiertas, con la vinculación de los territorios y resueltas a través del sistema democrático”.

Por Emilio Castillo y Luis Felipe Orellana, académicos del Departamento de Ingeniería Civil de Minas, U. de Chile
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Desde 2010 hasta agosto del 2021, 1.728 proyectos mineros han sido calificados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Del total evaluado, solo el 2% ha sido rechazado. Y si consideramos proyectos de inversión superiores a US$ 100 millones, la tasa de rechazo es aún inferior, condición también compartida con proyectos de energía.

Lo anterior revela el carácter de la institucionalidad ambiental en Chile, la cual se enfoca en asegurar que cada proyecto identifique debidamente sus impactos, que se ejecuten los mecanismos de participación y que existan medidas de mitigación, reparación y compensación de acuerdo con la ley. En este contexto, el rechazo al proyecto Dominga en 2017 fue un evento poco frecuente, como confirman los propios datos del sistema. Igualmente, raro es el vuelco en su aprobación 4 años más tarde.

Se sostiene que el proyecto Dominga ejemplifica todos los males que adolece la legislación ambiental: la judicialización, el centralismo, y el cuestionamiento para atender la participación ciudadana. También sobre el rol del Estado protegiendo zonas de interés y conservación natural, o generando participación vinculante. Sin embargo, vale la pena cuestionarse si el proyecto Dominga corresponde a un evento excepcional o si demuestra un problema sistémico mayor.

En este caso, los inciertos impactos en el medio marino, la redundancia territorial del puerto, y el conflicto socioambiental, claramente no son atributos deseables. Por otro lado, hay elementos que representan acciones sistemáticas y que alimentan el escrutinio público que no perdona errores. En efecto, tal como existen casos exitosos, también los hay fallidos, donde la minería no ha cumplido sus compromisos o donde sus impactos han sido subvalorados, permeando la ya frágil reputación local.

Así, mientras se reconocen a la minería nacional aportes varios al desarrollo del país, también son evidentes las discrepancias sobre esas contribuciones, y si ellas son suficientes para compensar o tolerar las externalidades negativas que genera en los territorios que la rodean.

Ante estos síntomas, urge entonces que el sector minero encuentre no solo un discurso, sino que acciones congruentes en el contexto del desarrollo sostenible. Consensuar minería y desarrollo sostenible es central y requiere una estrategia que no puede sostenerse únicamente en las voces expertas. Al contrario, requiere de consensos más ambiciosos, basada en la técnica, pero también en los espacios sociales y políticos, aquel donde se ponderan elementos que no tienen una escala común de valorización. Una minería sustentable e inclusiva entonces debe ser el resultado de acciones que sean debatidas en su mérito, abiertas, con la vinculación de los territorios y resueltas a través del sistema democrático.

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