Revista Nueva Minería

Los parlamentarios sostienen que no hubo una autorización previa por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y que no se determinan los yacimientos que se explotarán. Además, no descartan iniciativas políticas en el Congreso y acciones judiciales.

La bancada de diputados del Partido Socialista, junto a las bancadas de partidos de la oposición presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República para dejar sin efecto el acto administrativo de la licitación del litio por parte del gobierno, apuntando a “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.

¿La razón? este martes el ministerio de Minería anunció la adjudicación de la licitación del litio, justo dos días antes de que venciera el plazo para conceder la producción de hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas.

El gobierno finalmente decidió entregar dos de las cinco cuotas a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, argumentando que ambas ofertas fueron mucho más altas que el resto. Además, aseguraron que que se acogió gran parte de los reparos del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric.

Tras el hecho, fue el mismo Boric quien calificó como “una mala noticia”. “Me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos los chilenos en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años”, dijo.

Pero no fue el único a quien no le gustó el anuncio. Varios parlamentarios de oposición abandonaron la Sala de Cámara de Diputados donde se debía analizar el proceso. “Nos parece que es una falta de respeto y un ninguneo a un poder del Estado que el gobierno, una hora antes de la sesión especial donde estamos llamados a debatir esta materia y tomar acuerdos relevantes para el país, haya adjudicado a dos empresas privadas la explotación del litio por 30 años”, dijo el diputado Raúl Soto, quien minutos después aseguró que “intentarán por todos los medios” frenar el proceso.

Desde el PS, el diputado Juan Santana, detalló que están solicitando información “acerca de un proceso que nos parece vergonzoso e inaceptable para nuestro país, un proceso en donde se está poniendo en riesgo el valor de uno de los principales patrimonios que tiene nuestro país (…) para que exista una manifestación respecto a la legalidad de cómo se llevó adelante el proceso”.

Santana también subrayó el hecho de que “no haya habido una consulta como corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que estaba contemplada dentro de las cosas que se deben realizar, es una cuestión que manifiesta inmediatamente un vicio de legalidad, y por otra parte esta licitación marca un precedente en orden a que no se habla y no se determinan los yacimientos que se van a explotar”.

“Sebastián Piñera está vendiendo a precio huevo los recursos naturales de Chile, y esa cuestión nos parece a los parlamentarios de oposición que se debe detener y vamos a proteger a través de actos administrativos de fiscalización, a través de instancias políticas, este recurso natural que es de todos los chilenos”, recalcó.

La diputada Daniella Cicardini (PS), reiteró la importancia de una autorización previa por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y en segundo lugar que “la Constitución señala de manera explícita que para poder explotar el litio se debe conocer el yacimiento, el lugar dónde se va a realizar y acá claramente el gobierno hace una licitación que está hablando de volúmenes, de cuotas (…) todo este proceso se ha llevado bajo la oscuridad, con poca claridad, con poca transparencia”.

Desde la misma bancada, Leonardo Soto, enfatizó: “El Congreso tiene el deber de defender el patrimonio de todos los chilenos. El litio es una reserva estratégica de nuestro país, hoy día es clave para el desarrollo de toda la industria eléctrica futura y a 40 días de dejar el gobierno este Presidente está regalando miles de toneladas de litio que van a afectar ocho periodos presidenciales (…) le hemos pedido al contralor que paralice este proceso y lo declare ilegal”.

Además, aseguró que no descartan iniciativas políticas en el Congreso -interpelaciones, por ejemplo-, acciones judiciales y “pedirle al Consejo de Defensa del Estado evaluar la presentación de una demanda de nulidad de derecho público, esto “hasta conseguir el objetivo de defender el patrimonio de todos los chilenos”.

El parlamentario Rodrigo González (PPD) manifestó: “Está claro que el gobierno, la intención que tiene, es amarrar por 30 años los contratos de operación del litio dejando comprometido el interés nacional. Si se va a recordar a Sebastián Piñera, entre otras atrocidades y actos de mal gobierno, este va a ser un acto histórico (…) se puede incluso llegar a hablar de que aquí hay un acto de traición a la patria, es la patria la que está en juego y lo que estamos defendiendo es el interés nacional”.

En tanto, la diputada Marcela Sandoval (RD) expresó que “lo que ha hecho el Presidente es una cuestión de espalda a la ciudadanía, que tiene vicios de legalidad, vicios administrativos”, y que lo más grave es que “es un recurso que pudiéramos haber tenido la oportunidad de planificarlo como una política nacional del litio, que es lo que el Presidente electo ha dicho”.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI), integrante de la comisión de Hacienda, fue crítico con el accionar de los diputados opositores. “Lo que está haciendo la izquierda es insólito. Están pidiendo que la institucionalidad no se respete”.

“Yo me preguntó si cuando ellos lleguen al gobierno el 11 de marzo van a seguir con esta actitud que han tenido como oposición, de no respetar la Constitución, de no respetar las leyes y de no respetar la institucionalidad. Más allá de la posición que uno pueda tener frente al tema del litio, ésta es una pésima señal para la institucionalidad y la democracia chilena”, concluyó.

Fuente: La Tercera