Revista Nueva Minería

En el mes de julio el Congreso aprobó el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, que durante 61 años ha financiado a las Fuerzas Armadas. Por medio de un mecanismo gradual y con un nuevo destino de los recursos, Codelco enfrenta esta modificación. ¿Le permitirá aportar a la estabilidad del negocio este nuevo escenario?

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Corría el año 2017 cuando el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, calificaba de “obsoleta” la normativa que estipula la entrega de fondos de parte de la cuprífera a las Fuerzas Armadas. “Creo que ese es un instrumento que está obsoleto, que el país debiera abordar otra manera de manejar ese tipo de finanzas”, indicó en aquel momento el economista.

Y es que en medio de un contexto en que el precio del cobre era protagonista de un menor dinamismo, la Ley Reservada del Cobre fue blanco de críticas. Poco a poco el proyecto que buscaba suprimir la cuestionada normativa volvió a la palestra, y tras ocho años descansando en el poder legislativo, este 2019 hubo un cambio histórico: se derogó la Ley Reservada del Cobre.

Fue el 10 de septiembre pasado cuando el presidente Sebastián Piñera promulgó de manera oficial la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, revocando la normativa que acordaba un tributo especial a Codelco por el 10% de su ingreso por exportaciones para financiar la compra y mantenimiento de armamento y materiales militares.

Con el fin del vínculo entre la principal empresa pública del país con la Defensa Nacional, ¿a qué cambios deberá enfrentarse Codelco?, ¿la derogación de esta ley le permitirá aportar a la estabilidad del negocio? A continuación, la visión de expertos y representantes de la industria minera respecto a estas interrogantes.

Cambios para la estatal

De acuerdo a información emitida por el gobierno, entre los puntos claves que explican el nuevo sistema, destaca que continuará subsistiendo el impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de nueve años, disminuyendo desde el año diez un 2,5% anual, hasta llegar a 0% en el año doce.

Para Andrés Ulloa, director del Departamento de Economía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), “si bien la gradualidad es aceptable, ya que permite evaluar el funcionamiento de la nueva ley en el tiempo y permite que no se produzcan cambios abruptos, diez años es excesivo. Un período de cinco años era mejor, de manera de reducir el aporte en un 20% anual y comenzar a trabajar en un plan de presupuesto”.

Una opinión similar es la que tiene Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), quien destaca que “curiosamente, esta definición no provocó el debate político en el Congreso que debería haber generado”.

Tras participar de la mesa técnica que organizó la Comisión de Hacienda del Senado y el gobierno para avanzar en la reforma al financiamiento de las Fuerzas Armadas, Fuentes argumenta que “el mundo se encuentra en una encrucijada en materia de explotación de los recursos naturales y la industria del cobre requiere fuertes recursos para garantizar su sustentabilidad. En la visión de los congresistas primó la idea que ese 10% debería ser un ‘impuesto’ a la cuprífera, una suerte de candado para mantenerla atada al Estado”.

Respecto a esta medida, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, es categórico al señalar que “la vigencia del gravamen por 12 años puede ser perjudicial para la estatal, pues durante los próximos cinco años Codelco enfrentará las mayores exigencias financieras de su historia, con niveles de deuda que sobrepasan los US$ 15.000 millones”.

Otro de los aspectos que establece la nueva normativa, la cual no ha estado exenta de polémica, es que los recursos remanentes de la Ley Reservada del Cobre serán incorporados al Fondo de Estabilización Económica y Social, lo que plantea una nueva discusión respecto a la estabilidad del negocio de la estatal en los próximos años.

Para Claudio Fuentes, “si bien debió discutirse más la pertinencia de este aporte, y si efectivamente Codelco se encuentra en una situación compleja, debió evaluarse si aquél era el mejor camino a seguir”. No obstante, le parece apropiada la medida, “pues implica una decisión de permitir ahorrar para eventuales escenarios de crisis”.

En tanto, el académico de la UCSC indica que “se entiende que se piense esto como un royalty y, por lo tanto, los recursos adicionales deberían formar parte del Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, me parece más razonable que la empresa maneje estos recursos y los use para sus proyectos de inversión”.

Desde el punto de simbólico, Juan Carlos Guajardo destaca que “el hecho de desvincular a Codelco como una fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas es sumamente positivo, toda vez que esto contribuye a fortalecer la imagen de autonomía de Codelco, lo que puede ser favorable para potenciales negocios fuera de Chile”.

Codelco y su estabilidad

La nueva etapa que tendrá Codelco con la derogación de la Ley Reservada del Cobre ha generado debate en el sector minero. Pese a que se continuará contemplando recursos de la cuprífera para el Fondo de Estabilización Económica y Social, se abre la discusión respecto a la futura sostenibilidad del negocio de Codelco con la derogación de la normativa.

Andrés Ulloa comenta que a la cuprífera “se le debería aplicar los mismos impuestos y reglas que a una empresa privada, y su directorio debería poder decidir con cierta libertad sobre sus inversiones y las utilidades después de impuestos (…). De otra manera, solo eliminamos el problema del financiamiento a las Fuerzas Armadas, pero seguimos manteniendo una especie de ‘espada de Damocles’ sobre Codelco, lo que le resta competitividad y aumenta el riesgo de desaparecer”.

Los entrevistados destacan el fin del vínculo de la estatal con las Fuerzas Armadas, ya que podría contribuir a fortalecer la imagen de Codelco a nivel internacional. (Foto: Codelco)

Respecto a las medidas que se podría implementar con el monto que otorga hasta la fecha Codelco a las FF.AA., el académico de la Universidad Diego Portales plantea que “uno de los principales déficits de Chile se refiere a la escasa inversión en el campo de la investigación y desarrollo. Se requiere un incremento muy significativo a nivel público y privado de la investigación que permita anticipar nuevas soluciones, y supongo que la minería del cobre no escapa a esta necesidad”.

Juan Carlos Guajardo, por su parte, plantea un escenario hipotético, en el cual no existiera el gravamen del 10% a las ventas por la Ley Reservada del Cobre. El entrevistado indica que “Codelco podría ser capaz de tener utilidades anuales adicionales por US$ 800 millones en promedio, durante los próximos cinco años”.

Bajo este supuesto, la empresa “podría ser capaz de prescindir de abultadas cantidades de deuda nueva y, si es autorizado a retener utilidades, podría contribuir a mejorar su salud financiera en el mediano plazo”.

En este sentido, el representante de Plusmining agrega que “con tasas de retención de utilidades similares a las del promedio de la industria minera mundial (cercanas al 40%), y suponiendo la ausencia del impuesto del 10% a las ventas, la deuda neta total de Codelco podría disminuir en torno a los US$ 3.000 millones para el año 2023”.

De esta manera, Codelco se enfrenta a una nueva etapa tras la derogación de la histórica Ley Reservada del Cobre; una normativa que para muchos resultaba “anacrónica” considerando el nuevo escenario político, económico y social en que se desarrolla el negocio de la principal empresa estatal del país.

¿Era pertinente la derogación de esta ley?

Claudio Fuentes, cientista político y académico de la UDP:

“Era necesaria por tres razones principales. Primero, establecía un mecanismo que estaba totalmente fuera de las definiciones de la política de Defensa al establecer montos mínimos y un mecanismo de control directo de los recursos por parte de las instituciones armadas. Segundo, se trataba de un mecanismo sin transparencia ni control. Y tercero, afectaba a Codelco en sus posibilidades de desarrollo”.

Andrés Ulloa, director del Departamento de Economía de la UCSC:

“La Ley Reservada del Cobre fue siempre una mala idea, una verdadera piedra en el zapato para cualquier empresa, ya que viene a ser una especie de royalty adicional aplicado a una empresa pública, lo que la pone en una posición competitiva desmejorada respecto a sus pares privadas. Ello le da menos flexibilidad para gestionar y le reduce los recursos para realizar inversiones”.

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining:

“Desde la perspectiva de Codelco, la Ley Reservada del Cobre supone un desafío importante en términos económicos, puramente por la naturaleza del gravamen impuesto a las ventas, toda vez que no considera aspectos clave, como los resultados operacionales de la estatal. En este sentido, la derogación es sensata y atingente al período de transformación que enfrenta Codelco”.