Revista Nueva Minería

Hay coincidencia en que deben existir acercamientos entre las empresas y las comunidades previos a las mesas de diálogo.

Creado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989 y vigente en Chile desde el 15 de septiembre de 2009, el Convenio 169, es una herramienta que busca regular la relación de las comunidades indígenas con los proyectos de inversión, instancia moderada por el Estado.

“La implementación del Convenio 169 ha sido un desafío para todos los actores. Primero, para el Estado que no sabía cómo llevar a cabo las consultas; para los pueblos originarios en el sentido de la regulación que existe con respecto a sus derechos, y también es importante para los proyectos de inversión y, en particular, para la exploración, porque agrega un componente social y de relacionamiento que antes no existía con estas comunidades”, explica Juan Pablo Schaeffer, académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.

Los expertos coinciden en que la ratificación de esta herramienta de diálogo para alcanzar el máximo de su efectividad, necesita de un fortalecimiento de las etapas previas al Consejo, donde tanto los pueblos originarios como la dirección de los proyectos, puedan informarse de las necesidades y los requerimientos de cada una de las partes involucradas.

“La importancia del relaciona-miento comunitario temprano, es que permite incorporar las visiones de la comunidad dentro de la planificación de los proyectos. De esta forma se puede, entre otras cosas, proteger los elementos de valoración de las mismas comunidades como son los ambientales, los patrimonios culturales, etc; al mismo tiempo, genera la posibilidad de crear oportunidades para las mismas comunidades, tales como la sinergia entre las actividades de exploración y los beneficios comunitarios”, explica Cristián Jauré, Jefe de Propiedad Minera, Medio Ambiente y Comunidades del grupo empresarial minero Rio Tinto.

En relación al proceso, Jauré señala que debe ir acompañado por parte de las empresas por una investigación previa, donde se identifique cuáles son los dueños de los previos, qué comunidades están presentes en el sector, o bien cuáles son las personas relacionadas con el área donde se llevará a cabo el proyecto, de forma que, al iniciarse la conversación, estén claros los puntos a tratar en la negociación.

Este proceso planteado, tanto por Jauré como Schaeffer, evitaría situaciones como las ocurridas en 2012, donde 12 iniciativas por más de US$ 13.000 fueron paralizadas tras las consultas, las que, en algunos casos, estaban ligadas al inicio de procesos de exploración y obra, sin el consentimiento de las comunidades, siendo el caso emblemático el de El Morro, de la mina de oro de GoldCorp.

Según fuentes del Servicio de Evaluación Ambiental, en lo que va de 2014 se han realizado 13 consultas a pueblos originarios, de las cuales sólo cuatro, han tocado temas relacionados con proyectos para la minería, y sólo una, estaba relacionada con exploración: el proyecto de CM Patagua en la Región de Tarapacá, que aún se encuentra en etapa de tramitación ambiental.

Fuente: Diario Financiero