Revista Nueva Minería

Mientras en Perú la oposición de las comunidades a la actividad minera preocupa a los expertos, en Chile las empresas mineras han trascendido, esforzándose por recoger y atender las necesidades de sus vecinos.

Por Marina Parisi
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Nada menos que 20 años ha esperado Southern Copper Perú para obtener la aprobación de las comunidades y así poder construir su anhelado proyecto Tía María.

Desde que la empresa anunció la construcción de esta mina de cobre en 2003, ubicada en el desierto La Joya (ciudad de Cocachacra, Región de Arequipa), enfrentó la oposición de los habitantes. Preocupados por el uso de las aguas del río Tambo, el ruido y el polvo que levantarían los explosivos, los pobladores se organizaron para protestar contra la iniciativa.

Muy pronto Tía María estuvo en boca de todos y la sociedad peruana era escenario de un intenso debate, que derivó en violentas manifestaciones. De hecho, las protestas realizadas por los detractores del proyecto en 2011 y 2015, respectivamente, cobraron la vida de seis civiles y un policía.

Pero, no solo es Tía María. “Otras importantes iniciativas mineras fueron reprimidas por la comunidad peruana y finalmente quedaron sin ejecución, como Michiquillay (depósito de caliza de elevada pureza), Conga (mina de oro) y TamboGrande (yacimiento de oro, plata y cobre)”, ejemplifica Miguel Herrera Marchant, profesor de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Hoy Perú experimenta niveles alarmantes de protestas en la industria minera”, advierte el académico. “El 66,7% de los conflictos sociales y ambientales del país durante el 2015 provinieron de este sector y en 2022 lideró el número de conflictos entre minería y comunidades”.

El fenómeno suma y sigue. A comienzos del 2023 el campamento de compañía Minera Antapaccay (proyecto de cobre), emplazado en Cusco, fue atacado por manifestantes, quienes incendiaron parte de sus instalaciones. Mientras que en agosto pasado el principal productor de oro de Perú, Yanacocha, denunció ataques y bloqueos a su centro de operaciones, en la Región La Libertad.

Otro dato más: “hasta abril del 2023 la nación vecina registraba 95 conflictos activos entre la población y la minería”, agrega Italo Montofré Bacigalupo, director de la escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte (UCN).

El impacto económico

Todo ello ha golpeado con fuerza las inversiones en Perú, razón por la cual la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) del país del Rímac, ya ha encendido varias alertas rojas.

La entidad advirtió en enero pasado que la minería peruana dejará de recibir US$2.000 millones en inversiones el 2023, a raíz de las protestas, bloqueos de vías y ataques a campamentos. Pero, la Snmpe fue aún más lejos, alertando que la inversión minera viene en caída, debido a la desconfianza de los inversionistas al constatar el aumento de ataques a zonas mineras.

Sin embargo, la pérdida de US$2.000 millones en inversiones no solo se debe a la desconfianza, aclara Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú). “También se explica por retrasos en la evaluación y aprobación de permisos para nuevos proyectos mineros, un gran reto que hoy enfrenta el gobierno si desea retomar la senda del crecimiento económico”.

Desigualdades que persisten

“¿Cómo no van a haber problemas con las comunidades si tenemos importantes desigualdades que aún persisten en Perú?”, cuestiona Miguel Cardozo, presidente de la Convención Minera Perumin 2023. “Y estas brechas sociales se deben a la falta de servicios básicos”.

Ortiz comparte la visión de su compatriota, detallando que “la población cercana a las operaciones mineras en Perú, sufre desde hace muchos años un retraso en infraestructura (falta de carreteras, colegios, centros de salud), a pesar de contar con recursos económicos en sus respectivas regiones”.

A lo anterior se suman las expectativas en torno a fuentes de trabajo directo y la oportunidad de brindar servicios, acota el vocero del IIMP. “Todo este escenario ha generado mucha impaciencia y frustración entre los habitantes, y en muchos casos ha desbordado la capacidad de gestión de sus líderes locales, optando por medidas de fuerza que lamentablemente tampoco ayudan a resolver el problema”.

“Ahora bien”, repara Cardozo, “hay colectividades que se aprovechan de esta situación, porque no tienen otra forma de obtener lo que quieren y tampoco hay un Estado presente. Así, las compañías mineras y otras actividades industriales son las principales perjudicadas”.

Lo preocupante, a juicio del vocero de Perumin 2023, es que desde hace algunas décadas se han conformado movimientos que no necesariamente protestan en pro de objetivos nacionales. “Se trata de grupos activistas a nivel internacional con muchos recursos, que generan una tendencia anti-explotación de recursos naturales. También han asomado organizaciones ambientalistas con posiciones radicales. Todo esto no ayuda, alimentando diferencias y discursos de odio”.

En consecuencia, “lo que estamos haciendo es propiciar con fuerza la discusión y el consenso, aunque todavía no lo logramos”, enfatiza Cardozo.

Destrabando el conflicto

Sin embargo, el fenómeno en Perú tiene otras aristas aún más finas. En opinión de Herrera, “en la nación vecina la población tiene una limitada participación en la fase de aprobación de proyectos de gran envergadura, lo que plantea desafíos muy duros para las instituciones que participan en el desarrollo de estas iniciativas”.

Si bien existen acciones muy concretas para mitigar el conflicto, “la verdad es que son de difícil implementación, una vez que ha estallado la disputa”, sostiene el académico. “En este punto las empresas mineras corren el riesgo de perder su licencia social para operar, siendo muy difícil reconstruir la confianza. Aunque se puede lograr”.

En tanto, Montofré plantea una hoja de ruta muy clara, tanto para prevenir como para destrabar el conflicto. “Hay que definir a los actores claves que representan a los habitantes de la colectividad y con ellos desarrollar un plan basado en el diálogo directo, fluido, transparente y eficiente. Ello también implica ser capaz de recibir los reclamos y opiniones contrapuestas de estos voceros, y luego gestionarlas”.

“Adicionalmente, la compañía minera debe trabajar para mejorar su imagen con acciones concretas, incrementar el valor de estas acciones, generando estabilidad y seguridad entre sus trabajadores, colaboradores y demás actores de la cadena de valor, junto con asegurar el respaldo financiero para cumplir con las inversiones prometidas”.

¿Hay otras salidas a la problemática que enfrenta Perú?, a juicio de Ortiz sí, pero implica la activa participación del gobierno y la institucionalidad. “Hay una oportunidad de mantener altos estándares de control ambiental y gestión social en proyectos brownfield y greenfield, si se optimizan los tiempos de evaluación y aprobación de los permisos de estas iniciativas, sin tener que esperar meses por una resolución de la autoridad”.

“Lo segundo es fortalecer la institucionalidad en Perú, a fin de mantener la estabilidad política y económica que requiere las inversiones mineras de largo plazo”, describe el representante del IIMP.

Beneficio mutuo

Una de las principales conclusiones, entonces es que, “mientras más temprano comience el diálogo para abordar oportunamente las preocupaciones de la población, mejor”, grafica Herrera.

Esta gestión participativa, sin duda, ayuda a generar sentido de pertenencia a todas las partes involucradas, enfatiza Montofré. “Además, es la oportunidad de que la compañía minera desarrolle un sistema, donde pueda dar seguimiento a sus acciones con enfoque en la responsabilidad social”.

Esta estrategia ya ha sido abrazada por varias faenas mineras en Chile, materializándose en un vínculo basado en la integridad y el beneficio mutuo.

Hasta hace poco no existía ningún centro de formación técnica en la provincia del Choapa. Eso hasta que minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, que opera en la comuna de Salamanca (Región de Coquimbo), selló en 2018 una alianza con el Centro de Educación (Ceduc) de la Universidad Católica del Norte, para justamente dar vida a la primera casa de estudios en la región.

“Dispusimos la infraestructura y entregamos las instalaciones en comodato, aportando una inversión de $3.000 millones para habilitar el recinto y acondicionarlo con los requerimientos técnicos de cada especialidad técnica”, explican desde Los Pelambres.

“Hoy este centro de formación técnica cuenta con seis carreras disponibles y a la fecha registra más de 600 matriculados, en su mayoría de la provincia del Choapa. El 80% de ellos cuenta con gratuidad del Estado y gracias a este proyecto los vecinos de Los Vilos, Illapel, Salamanca y Canela tienen oportunidad de estudiar muy cerca de sus hogares”, subraya la firma minera.

En tanto, más al norte del país, en Tocopilla (Región de Antofagasta), trabajadores pesqueros, incluidos mariscadores, algueros y buzos, luchaban por obtener más posibilidades de desarrollo en su actividad artesanal. Fue entonces que minera El Abra de Freeport McMoRan decidió actuar.

La empresa minera desarrolló el Programa de Desarrollo Sustentable del Borde Costero Tocopilla, “donde trabajamos con 15 sindicatos de la comuna, concretando proyectos enfocados en la sustentabilidad e innovación del proceso productivo, procurando nuevas oportunidades de desarrollo para los trabajadores”, detallan desde El Abra.

“Gracias a este programa financiamos proyectos que refuerzan la explotación sustentable de los recursos marinos, iniciativas que son presentadas por los mismos sindicatos de pescadores del borde costero de Tocopilla”, agrega la empresa minera.

Intensa campaña comunicacional

Al comienzo de este reportaje decíamos que Southern Copper Perú ha debido enfrentar una férrea oposición a su proyecto Tía María. Pese a esto, la empresa siempre ha manifestado que “no vamos a construir la iniciativa hasta obtener la aprobación de la comunidad”.

Gracias a una intensa campaña comunicacional orquestada por la compañía minera, donde se ha esmerado en aclarar los temas más sensibles que preocupan a la población, hoy la tensión ha dado paso a una tregua de aparente calma, donde el feliz desenlace se ve más próximo en el horizonte.

Desde la empresa minera explican que “no vamos a utilizar las aguas del rio Tambo, dado que el proyecto contempla la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar. El ruido tampoco afectará a la población, debido a que las voladuras serán controladas, se realizarán cada dos días y durarán solo cinco segundos. Además, vamos a desplegar una eficiente estrategia para controlar el polvo”.

“Tampoco vamos a construir en el Valle del Tambo, ya que tanto La Tapada como Tía María estarán ubicados a 3 km y 7 km, respectivamente, del valle”, aclara Southern Copper Perú.

Si este proyecto de US$1.480 millones prospera, generará 3.600 nuevos puestos de trabajo, durante los dos años que dure su construcción. Hasta aquí las manifestaciones contra Tía María han cesado y la empresa minera manifiesta optimismo ante el destrabe de la iniciativa. A todas luces, una lección que nos enseña a todos cuán valioso es el diálogo para crear confianza.