CNE: Nuevo marco regulatorio para transporte de energía
La columna de Andrés Romero, Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, sobre los desafíos de la conectividad de la energía en Chile.
En mayo del año pasado se anunció la Agenda de Energía, como una de las primeras medidas del actual gobierno, fruto de un trabajo participativo liderado por el Ministerio de Energía, que contó con el aporte de expertos, representantes políticos, actores sociales y de la industria.
Uno de los puntos centrales de esta agenda se refiere a la “Conectividad para el Desarrollo Energético”. Dentro de las metas planteadas en este capítulo de la agenda, ya se inició el proceso de interconexión de los dos principales sistemas eléctricos del país (Sing-SIC) y, desde junio de 2014, se trabaja intensamente en el diseño de un nuevo marco regulatorio para el transporte de energía (transmisión troncal, subtransmisión y transmisión adicional) y en la reforma de los Centros de Despacho Económico y Carga (CDEC). El compromiso es someter esta reforma a consideración del Congreso Nacional el 30 de junio.
A pocas semanas de cumplirse este plazo, vale la pena resaltar el proceso de discusión que hemos tenido en estos meses.
En junio de 2014 se inició el diagnóstico participativo de las deficiencias regulatorias de la transmisión eléctrica, con un encuentro en la sede del Congreso en Santiago. Desde entonces se constituyeron tres grupos de trabajo, representativos de diversos sectores, para abordar el análisis de varios aspectos: Expansión, remuneración y libre acceso; Seguridad, tecnologías, continuidad y calidad de servicio, y Operación del sistema interconectado (CDEC).
El diagnóstico participativo arrojó como resultado una visión compartida en lo fundamental: La expansión de la transmisión ha sido insuficiente o poco adecuada, debido a un crecimiento poco robusto y los retrasos en obras de transmisión, así como la consecuente estrechez de capacidad de transporte, lo que eleva los costos de suministro eléctrico, limitada integración de nuevos competidores en generación, y un desarrollo poco sustentable. Por otra parte, la inminente interconexión de nuestros principales sistemas eléctricos exige repensar su operación integrada, a través de un único coordinador nacional que, recogiendo las mejores prácticas internacionales, goce de total independencia respecto de los actores de la industria.
Una vez concluido el diagnóstico, la Comisión Nacional de Energía, con el apoyo de la Universidad Católica, ha coordinado la elaboración de una serie de estudios que permitan llegar a soluciones para los problemas evidenciados y, a inicios de 2015, ha conformado dos grupos de trabajo, con presencia de especialistas del gobierno, académicos, consultores, representantes de la industria y miembros de la Comisión Ciudadana de Energía, para compartir el diagnóstico específico de los problemas asociados a la regulación de la transmisión eléctrica y las propuestas de cambio que surgen del análisis de la experiencia internacional y de la aplicación de la ley vigente en nuestro país. A la fecha, ya se han efectuado 11 sesiones, avanzando no sólo en una visión común acerca de las dificultades, sino, también, sobre las soluciones.
Entre los principales aspectos que se han formulado en la propuesta de cambios a la ley general de servicios eléctricos figuran: la necesidad de fortalecer el proceso de planificación de la expansión de la transmisión, con horizontes de más largo plazo, en la perspectiva de contar con sistemas dotados de mayor holgura, que faciliten el ingreso de nuevos entrantes de generación eléctrica; transparentar el financiamiento del transporte de energía por parte de la demanda; simplificar el mecanismo de remuneración del sistema; fortalecer el acceso abierto a los sistemas de transmisión; propiciar polos de desarrollo de generación de energía, y dotar al coordinador del sistema de mayor independencia y de nuevas funciones, como el monitoreo de la competencia dentro del mercado eléctrico.
El proceso de discusión prelegislativo concluirá en junio, para abrir el debate del proyecto durante el segundo semestre de 2015 en el Congreso, instancia en la cual estas propuestas serán, sin duda, enriquecidas, pero con la tranquilidad de iniciar la discusión sobre bases sólidas que han resultado de un proceso participativo y orientado técnicamente.
Fuente: La Tercera
