Bolivia: Gobierno asegura que 100 cooperativas mantienen contratos irregulares
Las 1.642 cooperativas mineras registradas reciben un trato preferente por parte del Estado porque supuestamente trabajan con un esquema social que beneficia por igual a todos sus miembros.
El Gobierno denunció ayer que al menos un centenar de cooperativas mineras, menos del 10 % de las existentes en el país, mantiene en vigor contratos supuestamente irregulares con empresas privadas que dañan la economía del Estado.
El nuevo ministro de Minería, César Navarro, dijo ayer en una rueda de prensa que ese es el número de las cooperativas detectadas con ese tipo de acuerdos en las primeras indagaciones realizadas sobre contratos que supuestamente afectan los intereses estatales.
Navarro puso como ejemplo el contrato de siete cooperativas con la empresa Manquiri, filial de la estadounidense Coeur D׳Alene Mines Corporation, que recupera la plata todavía existente en los montes de tierra que salen de la explotación del Cerro Rico de Potosí.
Se trata de un contrato por 25 años que fenece en 2021.Según Navarro, en 2012 Manquiri tuvo ingresos por ventas por 200 millones de dólares y una utilidad neta de 65 millones de dólares, pero pagó al Estado 5 millones y a las cooperativas 3,5 millones.
“Este fue el mecanismo que encontró el neoliberalismo para privatizar los recursos naturales y en este caso los desmontes y ׳pallacos׳ (minerales obtenidos de residuos y escombros) que están en las faldas del Cerro de Potosí y que han sido acumulados desde la época de la invasión española”, sostuvo ante los periodistas.
Otros 35 contratos muestran acuerdos en los que los cooperativistas ceden a las privadas el control de los yacimientos que les otorga el Estado a cambio, en algunos casos, de sólo un 15 % de los ingresos.
Las 1.642 cooperativas mineras registradas en Bolivia reciben un trato preferente por parte del Estado porque supuestamente trabajan con un esquema social que beneficia por igual a todos sus miembros.
Se trata de un sector aliado del presidente boliviano, Evo Morales, que mañana se reunirá con los dirigentes mineros para buscar una solución al conflicto que plantea el sector.
El problema comenzó cuando el Gobierno y el partido de Morales decidieron modificar el proyecto final de la nueva ley minera para prohibir que sea legal la firma de contratos entre cooperativas y las empresas, ya que esa es una facultad constitucional del Estado.
Los asesores legales de los cooperativistas han defendido que ese tipo de acuerdos son legales al amparo de la normativa minera aún vigente, aunque abrieron la posibilidad de que se analice si causan daño económico al Estado.
Morales designó el martes a Navarro en reemplazo de Mario Virreira, tras conocerse las primeras denuncias sobre esos contratos supuestamente irregulares con trasnacionales del sector.
El conflicto causó la semana pasada la muerte de dos trabajadores por disparos y un centenar de lesionados en medio de los choques en carreteras protagonizados por cooperativistas y los policías.
Navarro subrayó que el centenar de cooperativas que firmaron esos contratos representan menos del 10 % de todas las existentes, por lo que no se pueden generalizar las críticas contra el sector.
Apuntó a un pequeña “elite” de las cooperativas como la responsable de haber firmado contratos lesivos al Estado.
La Fiscalía de La Paz precintó la noche del martes la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección Jurídica y la Dirección Técnica de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para comenzar la investigación sobre los contratos cuestionados que, según otras fuentes del Gobierno, suman al menos 42.
El equipo de trabajo del Ministerio de Minería será reestructurado para trabajar no solo con la producción, sino con proyectos de fundición e industrialización, agregó Navarro.
Morales consideró el martes que los funcionarios de Comibol y del Ministerio de Minería que dieron aval a esos acuerdos deben ser procesados por “traición a la patria”.
Fuente: La Jornada
