Revista Nueva Minería

Mientras el mundo pide a gritos más cobre, litio y otros minerales para recorrer con éxito la transición energética, catapultando la electromovilidad y las fuentes limpias, la minería chilena reacciona tardíamente.

Por Marina Parisi
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La producción nacional de cobre ha retrocedido sin tregua. En 2021 la industria minera produjo 5.623,8 millones de toneladas de cobre, lo que representó una reducción del 1,9% frente al 2020, según cifras de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre). Los números continuaron a la baja en 2022 anotando 5.200 millones de toneladas, vale decir, 400 mil toneladas menos que el año anterior.

Con llamativo optimismo, Cochilco había pronosticado que “el 2022 debía cerrar el ciclo de pérdidas productivas asociadas a la pandemia y el 2023 sería de recuperación productiva para el país, alcanzando las 5.650 millones de toneladas de cobre” (estudio “Proyección de la producción de cobre en Chile 2022-2033”).

Pero, hasta aquí el vaticinio de Cochilco se aleja de la realidad y así lo advierte Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami (Sociedad Nacional de Minería).

“En los primeros cinco meses del 2023 la producción de cobre anotó una merma del 4,7%, mientras que la plata disminuyó un 6,3% y el molibdeno lo hizo en un 4,1%”, detalla el experto. “La menor producción de cobre se debió al relevante retroceso del 15% en Codelco, con 94 mil toneladas menos frente a igual período del 2022”.

“La verdad es que nuestra proyección a fines del 2022 era muy superior a los resultados que hoy estamos viendo”, revela Merino. “Sin duda, el envejecimiento de los yacimientos es uno de los factores que explica la menor producción”.

Lo cierto es que este fenómeno se enquista cada vez más, sin una aparente solución. En 2005 por cada tonelada de roca procesada se extraían 10 kilos de cobre, pero la cifra cayó estrepitosamente a 6 kilos en 2021. Podemos concluir, entonces, que hoy la minería apenas logra procesar 5 kilos de cobre por tonelada de material. Tal vez menos.

Menores leyes

En la actualidad la ley del mineral promedia un 0,8% en Chile, muy lejos del 1,41% que registraba en el 2000. Sin embargo, en medio de este adverso escenario hay actores que están remando contra la corriente.

Minera Sierra Gorda, que opera con una ley del mineral inferior al 0,4% en su yacimiento, casi duplicó su producción en los últimos años. ¿Cómo lo hizo?, “implementando una serie de medidas para hacer más eficiente la producción, tras identificar varias oportunidades de mejora en el proceso”, explica Tomasz Piwowarczyk, gerente general de Sierra Gorda (SCM). “En 2018 nuestra producción registró 101 mil toneladas, pero gracias a los cambios realizados aumentó a 198 mil toneladas en 2021”.

No obstante, para Merino hay otro aspecto tan o más preocupante que la caída en las leyes del mineral y que amenaza la producción del sector: la falta de inversión.

“De acuerdo con la CBC (Corporación de Bienes de Capital), este año la inversión minera se contraería fuertemente en un 42%”, afirma el vocero de Sonami, “pasando de US$6.225 millones en 2022 a solo US$3.721 millones en 2023”. Se trata de la cifra más baja de los últimos 15 años.

Incerteza jurídica

Pero, el estancamiento en la producción y la inversión minera, también se explica por factores externos como la incerteza jurídica, sentencia Miguel Zauschkevich Domeyko, presidente de la Cámara Minera de Chile, “que impide que ingresen nuevos proyectos que aporten el tonelaje necesario para aumentar la producción de cobre en el país”.

Sumándose a su colega del gremio, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin (Asociación de Proveedores Industriales de la Minería), plantea que aquellos proyectos que cuentan con sus estudios ambientales aprobados y luego son rechazados por organismos públicos, “explicarán una menor producción a futuro. En lo inmediato, es indudable que esta situación afecta a todo el sector”.

“En múltiples oportunidades hemos dicho que lo único que debe influir en la admisión o negación de proyectos mineros, es el informe técnico del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”, recalca el ejecutivo. “Rechazamos que entidades netamente políticas como el Comité de Ministros acepte o deseche una iniciativa que ya cuenta con su respectiva autorización ambiental”.

Merino de inmediato toma el palco para alertar que “todo esto es una muy mala señal para la inversión y la competitividad del país, que no hace más que mostrar una seria falencia en certeza y seguridad jurídica, y que son claves para la inversión minera de largo plazo”.

En este punto es imposible pasar por alto a Dominga, proyecto minero-portuario de US$2.500 millones de inversión, que fue rechazado en enero pasado por el Comité de Ministros, razón por la cual Andes Iron decidió acudir al tribunal ambiental, a fin de revertir la decisión del Gobierno.

Con una tramitación ambiental que anota un récord Guinness de 10 años, habiendo pasado ya dos veces por el Comité de Ministros y el tribunal ambiental, Dominga cuenta con el irrestricto apoyo de las comunidades aledañas. A juicio de los expertos, este caso está lejos de zanjarse y es posible que se resuelva en la Corte Suprema.

Permisos: cuello de botella

Aunque hoy no solo se abortan proyectos que podrían estar en plena capacidad, aportando a la productividad de la minería nacional, la excesiva espera en la obtención de permisos es un cuello de botella que tampoco quiere ceder y bien lo saben las empresas mineras.

“Esperamos casi tres años para recibir la aprobación para el cambio de la huella de carbono de nuestro depósito de relaves”, ejemplifica Piwowarczyk, “cuyo propósito era reducir los riesgos de estabilidad y el impacto medioambiental”.

En opinión del gerente general de minera Sierra Gorda, la demora en los permisos debería ser una prioridad para resolver por la autoridad, “porque todos vamos a ganar con la optimización en los tiempos de tramitación. De hecho, es la forma más económica que tiene el Estado de entregar un gran incentivo a los inversionistas”.

Royalty en la mira

Piwowarczyk va aún más lejos aseverando que en vez de atraer nuevas inversiones mineras con incentivos tributarios, la autoridad va en dirección opuesta, debido a que el royalty recientemente aprobado “discrimina a mineras con baja ley como Sierra Gorda”.

“El royalty no considera la diferencia entre la minería de baja ley y la gran minería, debido a que su componente ad valorem calcula la carga tributaria sobre las ventas”, describe el ejecutivo. “La minería de baja ley tiene costos mucho más elevados y márgenes más estrechos, por lo que proporcionalmente pagará más ad valorem que las mineras de mayor tamaño”.

Este impuesto sobre las ventas va a perjudicar la situación de la minería de baja ley que es la minería del futuro, advierte Piwowarczyk, “y el Estado debería cuidar a este sector generando incentivos tributarios”.

Política que divide

Aunque el gobierno se ha esforzado por eludir el fantasma de la estatización en torno a su estrategia nacional del litio, “el sólo hecho de que los futuros proyectos de litio en Chile sean producidos por una empresa estatal, ahuyenta a los inversionistas privados que planean invertir en nuestro país”, subraya Hernández.

Zauschkevich coincide plenamente y acota que “es complejo que quienes deseen ingresar al negocio del litio en Chile, primero deban invertir grandes sumas para su instalación y luego entregar el 51% al Estado”.

“No veo cómo Chile puede aprovechar mejor sus reservas de litio a través de una compañía estatal”, repara Hernández. “Tenemos el recurso y nos falta tecnología, capitales y capacidad para administrar el negocio. Codelco y Enami perfectamente podrían licitar sus concesiones de litio anteriores a 1979 y el litio concedido podría ser explotado con un CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio) emitido por el Ministerio de Minería”

El siguiente paso de Codelco y Enami debería ser la asociación con privados, afirma el ejecutivo, “tal cual lo está haciendo Corfo con SQM y Albemarle. Así, las estatales aliviarían sus enormes problemas financieros, quedando con excedentes fiscales para su tranquilidad y el desarrollo de planes sociales. Todo esto exige decisiones inmediatas, para no seguir perdiendo oportunidades con los buenos precios del litio”.

Fundiciones estatales

A todo este escenario, se suma la reducida actividad exploratoria enfocada en el desarrollo de proyectos brownfield, mientras que los sondajes para descubrir nuevos yacimientos (greenfield) van a la baja.

“Desde los inicios de la Cámara Minera de Chile hemos planteado a la autoridad que debe fomentar la exploración geológica en Chile, para así contar con información de potenciales yacimientos y atraer más inversión extranjera”, asegura Zauschkevich. “Los incentivos tributarios son indispensables para desarrollar la exploración geológica, que representa una actividad de alto riesgo”.

Pero, el desempeño de las fundiciones estatales también está contribuyendo a la limitada producción del sector, asevera Hernández. “Las fundiciones privadas operan muy bien, con costos controlados y favorecidas por el precio del ácido sulfúrico en el último tiempo. En cambio, las estatales, especialmente las de Codelco, sufren la falta de inversión y además son integradas, dificultando su gestión”.

En cuanto a la fundición Paipote de Enami, las inversiones han sido solo ambientales, sin favorecer la producción, asegura Hernández, “por este motivo está obsoleta. El Fisco, que financia solo 1/3 del fomento al pequeño productor y el resto lo hace Enami, nunca ha entendido el tremendo rol de esta empresa y su importancia geopolítica de desconcentración de la producción, de cobertura territorial en el norte y la movilidad social que brinda al pequeño minero”.

“Por ello soy un promotor de la inversión privada en fundiciones no integradas, bajo el modelo de Custom Smelters, con tecnología china o alemana de punta y ambientalmente amigables”, recalca Hernández.

Proyecciones 2023

Pese a todo este panorama, Merino rescata un gran punto a favor: “el 21% de las reservas mundiales de cobre están presentes en Chile, según el Servicio Geólogico de Estados Unidos. “Además, la minería nacional tiene grandes oportunidades con la transición energética contribuyendo a mitigar el cambio climático y ofreciendo los insumos que tanto requiere la electromovilidad y las fuentes renovables”.

Más confiado que al inicio del debate, el experto sostiene que durante el 2023 se espera la entrada en producción de nuevos proyectos y el incremento de la actividad en importantes faenas en operación. “Creemos que este año la minería irá de menos a más, pudiendo anotar una producción cercana a las 5.400.000 toneladas de cobre, esto es 200 mil toneladas más que el 2022”.

Es de esperar también que el gobierno abrace el diagnóstico aquí expuesto por los principales actores de la industria. Urge hacer cambios para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros.