Andes Iron reclama ante Tribunal Ambiental por rechazo del proyecto Dominga
En enero, el Consejo de Ministros desestimó la iniciativa minero-portuaria. El recurso manifiesta que dicha entidad “demostró un actuar absolutamente refundacional”, en su resolución.
Andes Iron presentó un recurso de reclamación al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Esto, para solicitar que la resolución emitida el pasado 30 de junio por el Consejo de Ministros (CM) respecto del proyecto Dominga, así como el acuerdo que la fundó (en enero pasado), sean declaradas ilegales.
En su escrito, la compañía titular de la iniciativa minero-portuaria, señala que el Consejo contradice e ignora abiertamente todos los razonamientos contenidos en la sentencia dictada el 16 de abril de 2021 por el propio Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto al proyecto Dominga.
De esta forma, se indica en el recurso que dicho Comité “demostró un actuar absolutamente refundacional, al pretender que las etapas técnicas y judiciales anteriores del proceso de evaluación ambiental de Dominga, que ya se extiende por 10 años, no le eran vinculantes y podía partir desde cero en el análisis del proyecto.
En la práctica, el CM decidió despojar al 1TA de la facultad de pronunciarse sobre el contenido técnico-ambiental, convirtiéndolo en un mero anulador de resoluciones administrativas, arrogándose ilegalmente la prerrogativa de conocer y de resolver todas aquellas cuestiones que fueron conocidas y resueltas por el 1TA”.
El escrito agrega que el Consejo actuó vulnerando la fuerza obligatoria de una sentencia dictada por un tribunal de la República, cuestión que socava las bases de la institucionalidad ambiental, desincentiva el desarrollo de proyectos y genera incertidumbre en las comunidades locales. Y añade que la vulneración del Comité de Ministros a lo resuelto por el Tribunal Ambiental “es tan insólita (…) que queda graficada en un tema que ha sido icónico en el caso del proyecto: la línea de base de medio marino.
Al respecto, el 1TA resolvió en 2021 de forma clara y contundente que la línea de base presentada es completa y suficiente para caracterizar el maritorio del área de influencia del proyecto, abarcando variabilidad estacional e interanual, y descartó expresamente que solo estuviera conformada por una campaña de terreno de dos días”.
Sin embargo, manifiesta Andes Iron, lo resuelto por el Comité es llanamente lo opuesto: que la línea de base es insuficiente en intensidad y oportunidad y que tendría datos de terreno de una campaña de solo dos días. Junto a lo anterior, Andes Iron hizo presente que el proyecto Dominga “ha superado el test técnico y ambiental una y otra vez, siendo rechazado exclusivamente en instancias políticas y por razones ideológicas, por lo que la abierta desobediencia del CM al 1TA solo se explicaría por el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña de la actual Administración: No a Dominga”.
Querella anterior
A fines de julio, Andes Iron presentó una querella contra el seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, y contra todos quienes resulten responsables.
El documento acusa los delitos de prevaricación administrativa y falsificación por ocultación de documento oficial e instrumento público. La solicitud de la empresa fue acogida en una primera instancia, luego de que el Juzgado de Garantía de La Serena declarara admisible la querella.
Según acusó la empresa en esa acción legal, el seremi Gros y, eventualmente, otros funcionarios han utilizado la tramitación administrativa del Área Marina Costera Protegida (AMCP-MU) para “limitar severa o incluso totalmente el desarrollo de las futuras actividades productivas del proyecto Dominga y de otras iniciativas industriales en esa zona, como puertos, plantas desaladoras, corredores bioceánicos, entre otras, para lo cual han incurrido en conductas delictivas”.
La compañía detalló que la primera conducta delictiva identificada en la querella ocurrió en el proceso de adjudicación y posterior aprobación, por parte del seremi, de un informe técnico justificatorio para la implementación del AMCP-MU, el cual tenía como fin su uso como “respaldo técnico” para que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático resolviera sobre la materia.
“De manera maliciosa, dicho informe, elaborado por la consultora GEAM, omitió mencionar la concesión marítima vigente que tiene Andes Iron SpA para operar un terminal marítimo y una planta desaladora. Cabe señalar que la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (CRUBC) se manifestó favorable a que el proyecto Dominga fuera titular de una concesión marítima en la bahía de Totoralillo Norte, la que fue otorgada mediante Decreto Supremo N° 405 de 18 de julio de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional”, se afirma en la acción legal referida.
Fuente: El Mercurio
