Revista Nueva Minería

Si bien la agenda energética presentada por el gobierno promueve algunas medidas relevantes, mientras no se modifiquen las leyes eléctricas y se incorpore mayor competencia al sistema, no habrá cambios importantes. Así, el mapa eléctrico seguirá tal como está y no podrá salir de la crisis en la que se encuentra sumido, aseguran algunos expertos.

Con alta expectación y una igual dosis de expectativas fue presentada la Agenda de Energía, la nueva hoja de ruta del gobierno que se lanzó con una sola convicción: enfrentar las dificultades que podrían venir en uno de los sectores críticos para el desarrollo del país. Un objetivo ambicioso, dicen algunos, mientras que para otros se trata de una tarea urgente y que no se puede seguir postergando.

Y es que sin HidroAysén en el mapa eléctrico y con un grupo considerable de proyectos paralizados, el documento del gobierno busca enfrentar un escenario complicado con un nuevo marco general y prioridades. ¿Pero qué tan viables son las medidas contenidas en la Agenda? ¿Apunta hacia cambios importantes? ¿Es un documento más de otros tantos que se han dado a conocer?

Son interrogantes que a esta hora se hacen algunos especialistas en energía que plantean ciertas dudas en relación a esta nueva estrategia: si bien la agenda promueve algunas medidas relevantes, no apuntaría a resolver los problemas de fondo que adolece el sistema eléctrico.

Así lo plantea la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, al considerar que faltó incorporar iniciativas concretas que apunten a desconcentrar el mercado eléctrico. Sólo de esta manera, dice, se podrán eliminar las barreras y salir de la crisis que aqueja al sector.

“Si bien la agenda plantea un nuevo rol del Estado en materia energética, éste no será viable si no hay cambios legales que pasen por la Constitución. El nuevo documento no plantea cambios regulatorios para que el Estado asuma en forma permanente un rol en el diseño de la política pública energética”, dice Liberona.

Una opinión que comparte el académico de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado, quien pone el foco en la necesidad de cambiar el DFL 1 de 1982, que regula el funcionamiento del sector eléctrico, y en modificar o derechamente sustituir el esquema tarifario marginalista. Factores que, a su juicio, son los responsables de la crisis del sistema energético chileno, que se caracteriza por ser “dependiente, concentrado, sucio, carbonizado y caro”, afirma.

Se trata de temas sensibles, coinciden los expertos, ya que el actual esquema eléctrico se caracteriza por la escasez de actores. Es por esto que se instala la duda de que sea el mercado, por sí mismo, el que permitirá incorporar nuevos actores y mayor competencia.

En este escenario, faltó establecer metas cuantitativas obligatorias para lograr la desconcentración del mercado, añade el representante de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria de Energía (CCTP), Rodrigo García. Una de ésas metas podría haber estipulado la regulación de la propiedad con el fin de que ningún actor posea más de un 20% del mercado al año 2020, ni más del 10% al 2030, explica García.

Otro tema olvidado en la nueva hoja de ruta del gobierno fue el cambio regulatorio para independizar a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) de las empresas.

“Con esta medida, estas instituciones se hubiesen abierto a una gestión más diversificada de actores y de tecnologías en la matriz, eliminando las barreras de entrada a nuevos miembros e incentivando el acceso masivo de energías limpias”, sostiene García.

Comunidades y calificación ambiental

Si la ausencia de mayor competencia en el sistema eléctrico preocupó a algunos, también lo hizo la falta de un tratamiento más profundo para el vínculo entre institucionalidad y calificación ambiental de los proyectos. Es más. No se plantean reformas claves a la institucionalidad ambiental, dicen las voces críticas.

Para Flavia Liberona, este punto es esencial, ya que si no se entienden las causas, no se pueden buscar soluciones a los conflictos socioambientales.

Pero lo más preocupante, asegura Liberona, es que en la agenda se esbozan mecanismos para agilizar la entrega de derechos de agua no consuntivos sin ningún vínculo con las regulaciones ambientales.

“Considerando este planteamiento, el sistema seguiría operando como lo hace actualmente, es decir, se puede aprobar ambientalmente un proyecto hidroeléctrico sin que tenga los derechos de agua, lo cual es “curioso” por decirlo menos”, asevera.

Y es que la viabilidad de la agenda también depende de que se considere realmente la opinión de las regiones y las comunidades. “Varios puntos relevantes para los territorios, que fueron discutidos con el ministro (de Energía, Máximo) Pacheco en el proceso de elaboración participativa de la agenda, no se tomaron en consideración”, revela el representante de la CCTP, Rodrigo García.

Otro aspecto crítico para Pedro Maldonado, de la Universidad de Chile, es que el énfasis del plan de obras actual puede entrar en contradicción a la hora de incorporar mayor participación ciudadana, además de dar licencia social a los proyectos y avanzar en un ordenamiento territorial integral.

Por otro lado, para Maldonado no está clara la mención que se hace en el documento acerca de promover la generación distribuida. ¿Se trata sólo de autogeneración residencial o supone cambiar el paradigma de los macroproyectos por proyectos de tipo local o regional? Esta es la pregunta que se formula el académico.

Optar por estos últimos, a su juicio, contempla varios beneficios. Algunos de éstos son el aumento en la confiabilidad del sistema, reducir las pérdidas de transmisión y distribución, reducir la congestión de las líneas de transmisión y generar holguras. “Si bien muchos de estos efectos se pueden lograr en el mediano plazo, hay que partir ahora”, señala el académico.

En el nuevo lineamiento energético, también se evidencia la ausencia de un apoyo explícito a la energía fotovoltaica en cuanto a generación distribuida. Para el presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), Andrés Bogolasky, es fundamental que a nivel de políticas públicas se facilite el desarrollo de esta tecnología.

“En especial, considerando que la ley original de Net Billing sumado a los más de 2 años de tramitación del reglamento de la ley de Net Metering, han obstaculizado el desarrollo de la energía fotovoltaica en el país”, agrega.

No todo es malo

Pese a que no se integraron estos temas cruciales, los expertos también reconocen algunas virtudes que posee esta nueva hoja de ruta.

Es así como Maldonado concede que la agenda energética destruye el paradigma de la neutralidad tecnológica y se la juega por el gas natural y el cumplimiento de la ley 20/25 de fomento a las ERNC. Asimismo, otorga a la eficiencia energética el rol estratégico que le corresponde y fija metas específicas al año 2025, a través del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética (PNAEE).

“Creo que se trata de un documento positivo. Hay que recordar que Chile vivía en una burbuja que se expresaba en la anulación del problema energético que padece el país”, indica.

Más allá de eso, a ojos de los especialistas, la nueva agenda es una señal política e instala al Poder Ejecutivo como un actor que durante mucho tiempo estuvo ausente en la escena energética.

“Pero mientras no se hagan cambios en la Constitución y las leyes eléctricas en términos regulatorios, todo será en vano. Pues, seguirá siendo un puñado de empresas las que deciden cómo, cuándo, dónde y con qué tecnología instalan sus proyectos”, manifiesta la profesional de Fundación Terram en alusión a que la alta concentración del sector eléctrico puede conspirar contra la puesta en marcha de los objetivos de la Agenda.