Sala debatió proyecto que mejora herramientas de fiscalización para el correcto uso de las aguas
06-06-2012 Cámara de Diputados – Noticias
La iniciativa perfecciona la legislación vigente en torno al uso del agua estableciendo altas sanciones para los infractores. Por haber concluido el tiempo destinado al debate y quedar diputados inscritos para intervenir, se continuará con su discusión este miércoles.
El proyecto (boletín 8149) introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. La propuesta legal establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización, perfeccionando la legislación vigente en torno al uso del agua, ya que hoy en día, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, y de los esfuerzos para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
Asimismo, el texto legal entrega a la Dirección General de Aguas (DGA) la facultad de ordenar, mediante resolución fundada, la paralización y el cegamiento de un pozo en caso de acreditarse fehacientemente la extracción de aguas en un punto no autorizado por ella.
Adicionalmente, el organismo podrá exigir la instalación de sistemas de medida a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y almacene la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído desde la fuente natural.
La propuesta también modifica el Código Penal aumentando las penas a presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 5 mil UTM para quienes, sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos saquen agua y hagan uso de ellas; rompan o alteren obras relativas a la contención y canalización de aguas y usurpen derechos en este sentido.
El proyecto fue informado en la Sala por los diputados Juan Carlos Latorre (DC), de laComisión de Obras Públicas; y Ramón Barros (UDI), de la Comisión de Agricultura.
