35% de la recaudación por nuevo royalty tendrá como destino las regiones mineras
Los planes del Ejecutivo apuntan a que en pleno régimen, el mecanismo recaude hasta un 0,6% del PIB.
Este lunes el Gobierno finalmente concretó el ingreso de las indicaciones al proyecto de royalty minero que se tramita actualmente en el Senado. En la iniciativa, que es parte de la reforma tributaria, destaca la creación de un inédito componente ad valorem que viene a gravar las ventas de mineral.
Pero también se determina parte del destino de los fondos que se consigan con el nuevo instrumento, el cual, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, podría llegar a recaudar en torno al 0,6% del PIB en pleno régimen.
El proyecto considera la creación del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de los gobiernos regionales. Dicho fondo deberá usarse en un 35% en las regiones mineras, entendidas como aquellas cuyo producto interno bruto minero regional, excluyendo la minería de petróleo y gas natural, represente más de un 2,5% del producto interno bruto minero nacional y de su producto interno bruto regional.
“Los recursos que se distribuyan con cargo a este fondo se destinarán al financiamiento de inversión productiva, esto es, proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica, en línea con la estrategia regional de desarrollo, las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y la Política Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo”, detalla el articulado.
Dichas cifras son menores a las que se esperaban en la industria, y a juicio del director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, dejan la sensación de que se busca utilizar más recursos a nivel central, al contrario de lo que perseguían los impulsores de esta medida en el Congreso.
“El proyecto de ley va quedando con algunas características que no son muy buenas para el negocio minero, como vincular los tramos de royalty a los niveles del precio del cobre. Esta fórmula introduce rigideces innecesarias porque perfectamente se podrían aplicar reconociendo las distintas realidades de las empresas mineras. Esto es un retroceso respecto de la tendencia de sistemas tributarios mineros que buscan recaudar de acuerdo a la realidad de cada operación”, agrega el experto.
Otro punto diferente a lo ya conocido respecto a la iniciativa tiene que ver con que se había adelantado que la tasa por el elemento de renta minera sería de 32% hasta los US$ 5, lo que se mantuvo, pero se añadió una tasa adicional para cifras sobre este monto, para intentar recuperar un mayor valor de ese alto precio, mientras que la carga total propuesta es más alta incluso de lo que había trabajado la comisión de Minería del Senado.
El abogado socio de Dalgalarrando y Cía., Alejandro Montt, recordó que la producción de cobre de Chile está estancada hace más de 10 años, por lo que incluir a la mediana minería en el pago de royalty acentuaría aún más la pérdida de competitividad del país, reduciendo la posibilidad de nuevos proyectos que, sin ser tan rentables, son un aporte para la economía del país.
“Lo más preocupante sigue siendo la componente ad valorem o sobre las ventas, que no toma en consideración la realidad de la empresa, que incluso con pérdidas debería pagar este impuesto, los costos elevados, la situación de los yacimientos con leyes medias que son bajas (entre 0,3% y 0,6%), ni la realidad internacional, lo que hace a Chile un lugar muy poco atractivo para invertir”, advierte Montt.
En este sentido, el experto ejemplifica que en países como Perú, el componente ad valorem es de 1% y Chile cobraría hasta 4% para la gran minería, con el agravante de que nuestro país no cuenta con los incentivos tributarios de Perú.
Por su parte, el académico de la Universidad Católica Gustavo Lagos comenta que “me parece que es alta la recaudación, es mucho mayor a la propuesta nuestra que presentamos en el Senado. Está claro que pusieron la mayor carga a las tres empresas más grandes, pero también les cargan la mano a otras que no tienen bajos costos.
Fuente: El Mercurio
