Un nuevo financiamiento para las FF.AA.
“La Ley Reservada del Cobre ya cumplió su ciclo y debe ser reemplazado por un nuevo mecanismo que le dé estabilidad al gasto militar, tanto en tiempos de paz como ante eventuales contingencias bélicas, pero que también cuente con herramientas eficaces de transparencia y control”.
Por Jaime Pilowsky, diputado (DC) y presidente de la Comisión Investigadora de la Ley Reservada del Cobre
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El fraude en el Ejército, cifrado hasta el momento en más de $ 6.600 millones a través de facturas material e ideológicamente falsas con cargo a los recursos de la Ley Reservada del cobre, ha puesto nuevamente en el debate la necesidad de derogar este cuerpo legal y avanzar, en el corto plazo, hacia un nuevo mecanismo de financiamiento a las Fuerzas Armadas.
La ley 13.196 y la administración de los recursos que de ella derivan en su estructura actual, ha dado pie para que se produzcan una serie de irregularidades y fraudes, que tienen a un coronel y cinco suboficiales, como máximos responsables, hasta hoy, de las de malversaciones producidas principalmente por la falta de sistemas de control en los distintos organismos competentes y por la falta de transparencia con que son manejados estos recursos fiscales.
La Ley Reservada del Cobre, que como se conoce públicamente destina el 10% de las ventas brutas al exterior de Codelco para la compra o mantenimiento del potencial bélico, ya cumplió su ciclo y debe ser reemplazado por un nuevo mecanismo que le dé estabilidad al gasto militar, tanto en tiempos de paz como ante eventuales contingencias bélicas, pero que también cuente con herramientas eficaces de transparencia y control por parte de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.
En este contexto, cabe destacar que el año 2102 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que se encuentra en el Senado, y que en lo sustancial establece un sistema de financiamiento con un presupuesto plurianual (cuatro años) aprobado por el Congreso Nacional, con un “piso mínimo”, con un “Fondo de Contingencia Estratégico” y con los debidos controles de la Contraloría y el Parlamento; todo lo anterior, dentro de una “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa” a doce años plazo.
Ahora bien, a mi juicio, otras prioridades legislativas, algunas diferencias sobre el tema de los “pisos” y lo plurianual, pero particularmente la falta de voluntad política de los gobiernos, han tenido paralizada su discusión durante casi cuatro años.
Espero que el llamado que realizó la Presidenta el pasado 21 de mayo recién pasado, a entregar mayor y mejores sistemas de control que permitan transparentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, venga acompañado de la decisión firme de cumplir con el programa de gobierno y de implementar las recomendaciones que entregó la Comisión Engel. Esto es, derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento que permita tener los recursos para una adecuada defensa de la Nación.
El Ejecutivo debe tomar la iniciativa y enviar la indicación sustitutiva con los cambios que requiera el proyecto, a más tardar el segundo semestre del presente año. Si no lo hace, tendremos que esperar una nueva promesa en otro algún programa presidencial.
