Revista Nueva Minería

En la industria lo interpretaron como una señal para respaldar un proceso de venta, ya que elimina ciertos riesgos que existían.

No solo como un guiño a Corfo se interpretó en la industria el acuerdo que el lunes firmaron el grupo Pampa y PotashCorp, mediante el cual establecen una mejora en el gobierno corporativo de SQM con la adopción de decisiones mediante mayoría de cinco de los ocho votos de la mesa.

La señal también fue para otro de los actores que ha jugado un rol importante para la minera y sus accionistas en los últimos meses: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) .

Y es que el histórico acuerdo, en el que Julio Ponce Lerou cedió gran parte de su influencia al interior de la empresa, al comprometerse a no ejercer su voto dirimente, se adecua bastante a lo que había objetado el regulador en noviembre pasado y que influyó en el fallido proceso de venta de Pampa Calichera, firma que a la vez da el control indirecto de SQM, a empresarios chinos.

La lectura de la movida realizada entre PCS y el grupo Pampa, y que también incluye a Kowa, se centra en uno de los puntos principales señalados en su momento por el regulador ante la consulta realizada por HK Scott Minerals Company -empresa que participó del proceso de venta-, la robustez y los equilibrios del gobierno corporativo.

Y es que en su momento, surgió la duda de si era o no necesario lanzar un OPA directamente por SQM al comprar Pampa Calichera, dado el control indirecto que hay sobre la minera.

En esa ocasión, la SVS dictaminó que “cualquier persona o entidad que adquiera el control de Pampa Calichera y, con ello, adquiera indirectamente acciones de SQM, deberá efectuar una OPA dirigida a los accionistas de SQM, si mediante dicha operación, el adquirente pueda asegurar la elección de integrantes del directorio de SQM en una cantidad y calidad suficiente para que ellos puedan dominar la toma de decisiones en dicho órgano societario, por cuanto el adquirente del control de Pampa pasaría a tomar el control de SQM”.

Esta es la situación a la que se buscaría dar un giro tras los ajustes impulsados por los accionistas -que se verán confirmados el próximo 28 de abril cuando se nombre el nuevo directorio-, con los que entre otras cosas, se eliminan los “superpoderes” que tenía anteriormente Ponce Lerou a través del voto dirimente, y se nivelan los pesos y contrapesos en la mesa.

“Las razones del cambio tienen que ver con una decisión estratégica de la compañía, pero una de las razones podría dar una señal al regulador, porque esto implica que hay más equilibrio al interior del gobierno corporativo”, sostiene el abogado Luis Cordero.

No obstante, el jurista es tajante en señalar que “tenemos que ver si el regulador comparte si esta es la fórmula de enfrentarlo, lo que sólo se sabría en el caso de una eventual transacción”. Consultados, en la SVS no emitieron comentarios al respecto.

Dudas respecto a la venta

En cuanto a una posible reactivación de la venta de parte de las cascadas, las opiniones son divididas. Por una parte, el abogado Hugo Caneo asegura que podrían verse nuevos intereses en el mercado “porque si ves que hay un perfeccionamiento en la estructura de gobierno corporativo, esto te reduce los costos de transacción y dentro de eso, podría haber ciertos costos de antes que hoy no estén”.

Sin embargo, dentro del acuerdo también se incluyó un nuevo sistema de repartición de dividendos (ver nota relacionada), en el que se establecen retornos de hasta un 100%.

El analista de BCI Corredor de Bolsa, Fernando Errázuriz, apunta a que lo que se busca con esto es mantener la propiedad en Pampa Calichera “ya que los dividendos serán una fuente muy importante de caja para las cascadas, tomando en cuenta que el negocio de litio sigue expandiéndose y hay proyectos en carpeta para crecer aún más”.

Del mismo, dice Errázuriz, las empresas con las que Ponce Lerou controla, deberán enfrentar importantes vencimientos de deuda en los siguientes dos años, con montos superiores a los US$ 413 millones.

Fuente: Diario Financiero