Sistema de Alta Dirección Pública: se necesita mayor creatividad y compromiso del Estado
Las iniciativas que impulsa el gobierno sin duda mejorarán la condición actual, pero como parte de un proceso intermedio que se concentra en el síntoma y no en una solución definitiva para erradicar la enfermedad.
Tras 10 años de su puesta en marcha, el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) se ha transformado en un sofisticado programa de administración de concursos de selección y reclutamiento de directivos públicos, pero que lamentablemente no ha logrado instalarse como un sistema integrado que coordine y gestione la incorporación de los mejores profesionales a la administración general del Estado.
Si bien esta institución ha permitido validar un estándar mínimo de acceso a los cargos de primer y segundo nivel jerárquico, a la fecha no se aprecia la existencia de un sistema que reconozca en los titulares ADP la vocación de servicio y buena gestión en el ejercicio del cargo. La figura del directivo transitorio y provisional (TyP) ha ayudado a su desacreditación y la posibilidad de declarar desierto el concurso, aniquila la idea de la meritocracia como forma de ingreso a la administración pública.
El problema radica principalmente en la estructura orgánica de la administración general del Estado. La institucionalidad en Chile es muy rígida y carece de un ordenamiento ejecutivo que gestione el desarrollo profesional de funcionarios públicos. Salvo ADP, cada ministerio realiza sus propias contrataciones y no existe lógica funcionaria transversal, ni movilidad interministerial o territorial.
Más dramático aún, las plantas funcionarias en general no están integradas y escasamente existe concursabilidad vertical, quedando todo remitido al estatuto administrativo con estamentos saturados y poco representativos, lo que facilita la proliferación de contratos temporales, honorarios o contrata, socavando la esencia de la continuidad de la función pública. Cambiar esto requiere un quorum parlamentario de 4/7.
En países con amplia experiencia en el desarrollo de la administración del Estado, existen escuelas de formación con especial énfasis en la Alta Dirección Pública, con visión de desarrollo integral a través de una formación continua que atrae a los mejores profesionales y promueve el crecimiento profesional al interior del sector público. El caso de Francia es un digno ejemplo.
La base es la concursabilidad y competencia, en los dos sentidos de la palabra, competir para ganar el cargo y ser el más calificado. Lamentablemente en Chile, se premian más los años de servicio y el grado, más que la preparación y buena gestión, donde la verdadera calamidad es la inamovilidad funcionaria, que no inspira ni motiva; simplemente promueve un estado estacionario de gestión que no se mide por resultado.
Las iniciativas que impulsa hoy Rodrigo Egaña, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de ADP, sin duda mejorará la condición actual, pero como parte de un proceso intermedio que se concentra en el síntoma y no en una solución definitiva para erradicar la enfermedad. Que los funcionarios TyP duren seis meses, y no 12 como ocurre hoy, invalidando la postulación al cargo definitivo, probablemente eliminará las críticas a las designaciones provisionales, pero no regula la facultad presidencial de declarar desierto indefinidamente el proceso, lo que simplemente elimina a los mejores.
Es urgente un estatuto administrativo integrado al sistema de ADP que acompañe el proceso de modernización. Es claro que un sector público bien gestionado es la justa retribución para quienes ofrecen su vocación al servicio del país y la mejor inversión para una sociedad que busca mayor libertad, igualdad y fraternidad a través de su servicio público.
Por Ramón Rada J.,Economista y ejecutivo de la industria minera
