Sindicatos de firmas públicas estudian vía judicial si se ratifica dictamen por Codelco

12 mayo, 2017
Sindicatos de Codelco rechazan capitalización y dicen que están "en alerta máxima"

Trabajadores de Codelco están en desacuerdo con capitalización

Ministra de Minería solo señaló que próximamente revisarán el tema en el gobierno.

Actuar de manera unida y coordinada acordaron los sindicatos de empresas públicas como Codelco, ENAP, Enami, BancoEstado, Correos de Chile, Metro y los puertos, ante el reciente dictamen de Contraloría sobre la minera estatal, que en la industria fue interpretado como una restricción para que la administración negocie beneficios más allá del piso legal con sus trabajadores.

Los dirigentes se reunieron en la sede de la CUT y definieron un plan de acción que incluye solicitar audiencias con el contralor de la República, Jorge Bermúdez, para explicarle su posición, así como con los ministros de Hacienda y Trabajo, y con el presidente del Sistema de Empresas Públicas.

Según comenta Nolberto Díaz, de la CUT y ENAP, si no hay una buena reacción al planteamiento, acudirán a la justicia porque consideran que lo que dispone ese y otros recientes dictámenes del ente de control son inconstitucionales e implicarían atribuciones adicionales a las definidas en la legislación.

“Nuestra interpretación es que se está afectando derechos de los trabajadores, como la libertad para negociar”, dijo Díaz.

Agregó que se les está quitando atribuciones a las administraciones de distintas empresas del Estado y se les deja en desventaja frente al mundo privado.

En el gobierno, consultada la ministra de Minería, Aurora Williams, tras participar en un desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señaló que pronto analizarán el dictamen.

Claves del dictamen

Aunque la resolución sobre Codelco surge por la indemnización que recibió al acogerse a un plan de retiro el ex director de Codelco Augusto González, la Contraloría definió que las empresas del Estado, que administran recursos públicos, carecen de “libertad de disposición patrimonial” que tienen las firmas privadas. Esto fue interpretado como una forma de moderar el gasto en beneficios que se logran en negociaciones colectivas.

Otro dictamen que salió a luz, es uno sobre indemnizaciones a nueve funcionarios de ENAP emitido en febrero. En esa ocasión se señaló que los pagos -que no tenían el tope legal- no se ajustaban a derecho y se abrió una investigación al respecto.

Fuente: Diario Financiero

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