SEA echa por tierra intención del gobierno de tener a fin de año línea eléctrica clave
El Servicio de Evaluación Ambiental dijo que Interchile debe entrar al sistema y la firma admitió que esto retrasa el proyecto, que viabiliza la integración SIC-SING.
Zapallar se ha convertido sin dudas en la zona más compleja para el desarrollo del mayor proyecto de transmisión eléctrica que se ha realizado de una vez en Chile: la línea Cardones-Polpaico, que a través de más de 750 kilómetros y una inversión de US$ 1.000 millones, conecta cuatro regiones y es clave para viabilizar la interconexión de los principales sistemas eléctricos del país.
Si al principio fue el municipio de la comuna-balneario de la Región de Valparaíso el que lideró el rechazo de la iniciativa por parte de las más de 20 comunas por las que pasa el tendido, luego fueron importantes propietarios de esta zona quienes plantearon -incluso en tribunales- reparos al trazado de la línea, que busca reforzar el actual sistema troncal entre las regiones de Atacama y Metropolitana.
Ahora es nuevamente esta zona la que concentra la tensión, luego que el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso, resolvió que la variante ubicada en esta comuna, denominada Empastada, y que es uno de los tres tramos de la línea que la filial de la colombiana ISA propuso modificar para evitar el paso por ciertas zonas sensibles, “está obligada a someterse al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)”.
Troncoso fundamentó esta decisión en el hecho de que en esta variante ubicada entre las comunas de Zapallar y Puchuncaví, que la empresa propuso para evitar pasar por donde se emplaza un aeródromo que le pertenecería al empresario Jorge Sutil, faltaban antecedentes respecto de flora y fauna que la empresa encontró, pero acerca de la que no evaluó impactos durante la evaluación inicial del proyecto, que concluyó en diciembre de 2015.
Plazo insuficiente
Como se temía, la resolución del titular de SEA echa por tierra la aspiración de la empresa y del propio gobierno de tener la línea en operación a fines de este año, plazo que fue comprometido por la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que implica adelantar en doce meses el período de construcción entregado en la concesión inicial de este proyecto.
“Si bien la resolución generará un retraso en el proyecto, estamos trabajando para minimizar el impacto en el cronograma, haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con nuestros compromisos y dar respuesta a las exigencias ambientales, de forma seria y responsable como siempre lo hemos hecho”, dijeron en Interchile al ser consultados por la resolución del SEA.
El gobierno le ha brindado apoyo a esta iniciativa, que además del rechazo ha enfrentado la demora en la obtención de permisos vitales, como las concesiones y otras autorizaciones sectoriales por parte de Conaf, todo lo cual la tiene corriendo contra el tiempo. El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, y su sucesor, Andrés Rebolledo, han entregado respaldo y hecho gestiones para tratar de destrabar la inversión.
Recientemente, en el marco de un encuentro organizado por el comité de Energía de la Cámara de Comercio chileno-australiana (Auscham), el actual titular de la cartera, al tiempo que reconoció que la empresa trabaja con plazos ajustados, dijo que están desarrollando conversaciones intensas con la empresa y que están trabajando en conjunto con ellos y los servicios involucrados en el proceso, para lograr avances en más de diez comunas por las que cruza el tendido.
“Estamos haciendo un esfuerzo regulatorio importante, entendiendo que hay que cumplir las normas y conseguir los permisos para tratar de llegar en fecha con la línea y eso significa un trabajo intenso de gestión”, explicó Rebolledo.
En Interchile destacaron la aprobación de la pertinencia en dos de las tres variantes y explicaron que están estudiando el impacto que puede tener la postergación de la aprobación de la variante de Empastada sobre los plazos de construcción del proyecto Cardones-Polpaico y definiendo las futuras acciones a seguir.
Al respecto, en el gobierno estiman que la empresa no necesariamente tendría que presentar un proyecto a evaluación ambiental, bajo la forma de una declaración (DIA), sino que podrían optar por una nueva consulta de pertinencia en la que incluyan la información faltante a juicio del SEA.
Además, la empresa podría pedir la reconsideración del pronunciamiento, aunque el plazo para ello ya se habría cumplido.
Fuente: Diario Financiero
