Revista Nueva Minería

En los últimos cuatro años, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ha destinado US$21,9 millones sólo para asesorías legales en conflictos.

Los conflictos que ha enfrentado la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) han significado un fuerte desembolso en dinero para la compañía en asesorías legales en materia laboral, financiera y arbitral, entre otros.

Entre 2014 y 2018 la petrolera estatal contrató los servicios de diversos estudios de abogados para resolver sus problemas, desembolsando en total US$21,9 millones, según una presentación que envió la compañía a la comisión investigadora que indaga las inversiones y actuaciones comerciales de la compañía.

A la fecha Enap mantiene cerca de 150 juicios abiertos en los que en muchos casos Enap es demandante, pero también es demandado. Pero por otro lado, constantemente son consultados por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en cuestiones regulatorias, que viene a dar cuenta del gasto en que incurre la estatal.

En los últimos cuatro años, Enap ha pagado a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), US$2,5 millones en asesorías legales diversas, tales como la adquisición de Petropower, temas administrativos, arbitraje con Enel, temas marítimos, ambientales. Ejemplo de ello es la causa con la Municipalidad de Quintero con Enap Refinerías S.A. (ERSA) por el derrame del buque petrolero Mimosa. Además se suma la demanda que presentó el Sindicato de Pescadores en contra de ERSA ante el Tribunal Ambiental de Santiago.

A la cabeza del área ambiental del estudio se encuentra el abogado Juan José Eyzaguirre, quien ha liderado la defensa ambiental de Enap durante los últimos cuatro años. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración de gobierno y el cambio del directorio de Enap que es liderado por la también abogada, Loreto Silva, la estatal optó por dejar de contratar los servicios de PPU y fichó al estudio boutique Echeverría-Ilharreborde para su defensa ante la formulación de cargos que realizó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por los episodios de contaminación en Quintero, región de Valparaíso.

Detrás de la decisión de Enap, según cuentan entendidos está la búsqueda de un estudio más pequeño, dedicado y que no tuviera conflictos de interés, pus justamente en la bahía de Quintero se encuentran más de 15 empresas operando y cada una trabaja con un estudio distinto.

En el informe también figura el connotado penalista Juan Domingo Acosta. El abogado junto al abogado Cristián Muga actualmente están encargados de representar a la compañía en el flanco penal del conflicto de Quintero, en el cual actualmente se encuentran en total unos 18 funcionarios de Enap, entre ejecutivos y empleados, siendo investigados por su presunta resposabilidad en el caso.

Detrás de PPU viene Bofill Mir & Álvarez Jana, como el segundo estudio que más recursos ha recibido en asesorías legales. La firma -que encabeza el abogado y ex agente de Chile ante La Haya en el conflicto limítrofe con Bolivia, Andrés Jana– acumula US$1,8 millones en una serie de conflictos en que defendió los intereses de Enap. Rodrigo Gil también es otro de los abogados que asesora a Enap.

Entre las batallas que libró la petrolera estatal de la mano del bufet está el juicio arbitral de ERSA con Gas Valpo, en el cual obtuvo una ganancia de US$25 millones. Al dicho litigio se suma el juicio arbitral de ERSA con AGA Linde. Además del arbitraje entre Enap con Innergy y el acuerdo con Codelco Luz Minera.

En tercer lugar entre los estudios a los cuales más ha pagado Enap durante los últimos cuatro años se encuentra Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Se trata de uno de los bufetes más reconocidos en materia de asesoría financiera del mundo y cuya matriz se ubica en Nueva York. Con ellos, la estatal mantiene una relación de larga data, pues ya en 2011 le asesoró en la colocación de un bono por US$500 millones. La firma estadounidense recibió US$1,4 millones entre los años 2014 y 2018.

Le sigue Norton Rose Fulbright que en el mismo lapso acumula un total de US$974 mil sólo entre 2016 y 2018. Se trata de una firma de abogados internacional, con más de 4000 abogados y otro personal legal con sede en 33 países.

Constantemente consultados
En tanto, Carey y Cia, cuya área de libre competencia es liderada por la abogada Lorena Pavic, acumula US$907 mil entre 2014 y 2018. La abogada –junto a su equipo- ha prestado asesoría a la petrolera estatal en varias consultas ante el TDLC respecto de la estructura del mercado del gas en Chile. Igualmente representó a Enap en un procedimiento de consulta presentado por Copec ante el mismo tribunal a fin de determinar el mecanismo para la venta de sus activos a Terpel Chile.

Mientras que en un noveno lugar en el ranking elaborado por La Tercera PM en base a información que presentó Enap a la comisión, se encuentra el estudio Larraín y Asociados. El estudio fundado por el ex senador Carlos Larrain Peña es hoy liderado por sus hijos.

El estudio -según detalló Enap- resultó ser pieza clave para que la compañía cerrara sus acuerdos con la multinacional Mitsui. El conglomerado nipón busca desarrollar proyectos de Energía Renovable No Convencional (ERNC) junto a la petrolera estatal. Igualmente el estudio prestó asesoría en el proyecto de EPC Cogeneradora Aconcagua.

Por sus servicios, Larraín y Asociados ha recibido en total US$364 mil entre los años 2014 y 2017.

Mientras que Lathrop & Blanco –liderado por las abogadas Catherine Lathrop y Margarita Blanco– acumula un total de 558 mil entre los años 2015 y 2018.

Según el informe presentado por Enap, el estudio asesoró a Enap en la regularización de servidumbres del oleoducto que desde Hualpén a San Fernando, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

“Es una cantidad excesiva”
Para el presidente de la Comisión Investigadora de Enap, Jaime Tohá (PPD) a primera vista los gastos totales de Enap en asesorías legales en los últimos cuatro años (US$22 millones) “en apariencia aparece como una cifra bastante alta, pero hay que tener en cuenta que muchas de las asesorías se relacionan con juicios que tenían en juego cantidades siderales en juego”.

“Nosotros consignamos, aunque el informe aún no está firmado que nos parece una cantidad excesiva si se considera que Enap cuenta con 17 abogados internos”, sostuvo.

El parlamentario se refirió además a la controversia surgida en medio de la sesión de ayer en que el diputado (RN), Leonidas Romero apuntó a un presunto conflicto de interés que tendría la secretaria de la comisión María Eugenia Silva Ferrer, quien es esposa del diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien a su vez es padre del abogado Osvaldo Urrutia Silva, quien aparece en el listado de asesorías legales prestadas a Enap.

El abogado recibió entre los años 2014 a 2017 un monto total de US$82 mil por asesorías ambientales al proyecto Central Nueva ERA. El proyecto consiste en una Central termoeléctrica de Ciclo Combinado (turbina a gas y turbina a vapor) de aproximadamente 500 MW

El parlamentario agregó que dicha situación está “absolutamente” fuera del foco de investigación de la comisión. “Si hay un conflicto de interés debe resolver la secretaría de la Cámara. El diputado Romero se juntó con la presidencia de la Cámara y le entregó los antecedentes. Los diputados no podemos pronunciarnos sobre una persona que tiene un contrato vigente con la Secretaría de la Cámara”.

Fuente: La Tercera