Pugna con Contraloría lleva a Codelco a frenar US$ 100 millones en inversiones en solo dos meses

12 junio, 2017
Fortunas de empresarios mineros caen en 2012

Dólares

Entre marzo y abril de este año solo se ejecutó el 55% de los desembolsos programados.

Conflicto se suma al inicio de un ciclo en que se prevé una baja de la producción de Codelco en los próximos 10 años, llegando a su menor nivel en 2023. Expertos alertan de los riesgos que este escenario conlleva.

No hay salud que aguante esto”. Nelson Pizarro Contador, presidente ejecutivo de Codelco, se quejaba así ante sus colegas por la renuncia de varios ejecutivos en las últimas semanas y la virtual parálisis en la gestión de la mayor compañía de cobre del mundo.

Todo, debido a la disputa que desde inicios de este año la enfrenta con la Contraloría General de la República, dirigida por Jorge Bermúdez. Según la compañía minera, esta pelea ya le ha costado US$ 100 millones en términos de inversiones frenadas entre marzo y abril de 2017, estimándose que si esta pugna se alarga, se paralicen cerca de US$ 500 millones en planes estructurales y de mantención.

De acuerdo con información de ejecutivos de la estatal, el presupuesto destinado a inversión -gastos en mantención y planes estructurales-, tanto en marzo como en abril de este año, solo logró una meta de cumplimiento de 55%, es decir, poco más de la mitad. Esto, por el ajuste de los procedimientos internos adoptados por Codelco para ceñirse a los requerimientos de la Contraloría, que afectan cuatro áreas clave: mecanismos de contratación de bienes y servicios; negociación con partes relacionadas; control sobre suficiencia técnica y económica de las decisiones de Codelco, y negociaciones colectivas (ver recuadro).

La compañía alerta que esta paralización pone en riesgo las metas de producción para los próximos años al atrasar los proyectos estructurales, pero también afecta el día a día en la estatal en actividades tan críticas como la mantención de equipos y la seguridad de las faenas. E incluso, hay temor de que aumente la accidentabilidad en la operación minera, cuentan en Codelco.

Contraloría declinó referirse a este tema. A inicios de la semana se solicitó entrevista con el contralor, Jorge Bermúdez, y la respuesta fue que “no es factible”.

Licitaciones públicas tardan el doble: 10 meses

Nelson Pizarro se ha quejado internamente de que se ha dado una “delegación inversa” de las decisiones. Los trabajadores, más de 18.000 personas, temen equivocarse y traspasan las definiciones a sus supervisores, unos 3.000, y estos, a su vez, delegan en los gerentes, cerca de 300. Como estos tampoco quieren asumir riesgos, reenvían toda decisión, relevante o no, a los vicepresidentes, y ellos a su vez lo remiten al presidente ejecutivo. “Yo tampoco me quiero ir preso”, ha comentado el mandamás de Codelco, quien consulta con el staff de abogados prácticamente todas las definiciones clave de la empresa.

Óscar Landerretche, presidente del directorio de la minera estatal, ha sostenido varias reuniones con el contralor Jorge Bermúdez para destrabar el conflicto, pero sin éxito. También exploró la viabilidad de enviar una ley interpretativa sobre este tema al Congreso, pero el Ejecutivo no ve espacio en la agenda legislativa para impulsarla.

Tras ello, el directorio -que tiene responsabilidad legal sobre estas decisiones, según la Ley de Sociedades Anónimas y la de Gobierno Corporativo de Codelco- optó este lunes por ir a tribunales, pero antes quiere visar esto con el Gobierno, por lo cual convocó a la junta de accionistas donde deben concurrir tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, como su par de Minería, Aurora Williams.

Hasta ahora, la asamblea de socios no tiene fecha, debido a la compleja agenda de la Presidenta Michelle Bachelet -que esta semana estuvo de visita oficial a Canadá y a mediados de mes parte a Colombia- y la ausencia del ministro Valdés, que estaba en la cumbre de la OCDE y luego parte al Chile Day.

Landerretche se ha mostrado confiado en el apoyo del Ejecutivo en este conflicto, aunque -salvo por el respaldo de Valdés- no hay una posición explícita de La Moneda frente a este tema, cuestión que incomoda a la estatal.

Por mientras, a partir de marzo de este año se implementó una guía de procedimientos para minimizar el riesgo legal (ver recuadro), pero aún así este impasse ha significado duplicar los tiempos de licitación, señalan en Codelco. Y es que la Contraloría interpreta que los contratos deben adjudicarse mediante la Ley de Compras Públicas, haciendo licitaciones públicas y no procesos privados.

La diferencia es que mediante el primero de estos mecanismos se invita a todos los que quieran participar y en el segundo, la empresa contratante selecciona a algunos oferentes, normalmente según su tamaño y experiencia. En el primer mecanismo, el proceso tarda 10 meses; por licitación privada, demora entre tres y cinco meses. Según la compañía, el resultado final es parecido, porque las empresas proveedoras de la gran minería tienen escala global y son pocas.

Sin embargo, en la estatal alertan que el atraso de este año tiene efectos para los ejercicios venideros. En concreto, ya se están atrasando los proyectos estructurales, con lo que se ve comprometido el plan de producción de las próximas décadas.

Codelco inicia este año fase de baja de producción y en 2023 generará 10% menos de cobre

En efecto, y hasta antes de todo este impasse , Codelco ya contemplaba experimentar caídas de producción de manera intermitente, pero durante los próximos diez años, debido a los retrasos ya sufridos por los proyectos estructurales.

El último Plan de Desarrollo (PND) de Codelco para 2017, al que tuvo acceso “El Mercurio”, considera una producción que parte en 1,7 millones de toneladas este año -es decir, 11.000 toneladas más que lo previsto en el PND 2016- y que llegaría al año 2041 a 1,6 millones.

Claro que de estos 24 años, la próxima década sería la más golpeada por las caídas en la producción en la cuprera. La baja más relevante, de hecho, está prevista para 2023, cuando la producción total, la estatal la cifra en poco más de 1,5 millones de toneladas, es decir, casi 10% menos que en 2017, contabilizando sus siete operaciones más relevantes, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina y Teniente. El segundo peor año de producción, según estas proyecciones internas de la estatal, sería en 2027 (ver infografía).

¿Qué importancia tiene todo esto? Aunque todo depende de qué nivel de precios tenga el cobre en estos años venideros, considerando la cotización de largo plazo que maneja gran parte del mercado del cobre, estas mermas significarían unos US$ 1.000 millones de menores ingresos en 2023 y otro tanto en 2027, con un impacto de al menos US$ 350 millones de reducción en los excedentes de cada uno de esos años, según Gustavo Lagos, de la UC.

Considerando que el precio promedio del cobre en el largo plazo se sitúe en US$ 3 por libra, los mayores aportes al Estado de parte de Codelco se situarán en los años de mayor producción, esto es, entre 2028 y 2032, quinquenio en que la estatal superará los 1,8 millones de toneladas cada año de cobre propio (no incluye la participación que tiene Codelco en Los Bronces, controlada por Anglo American).

La tendencia zigzagueante a la baja en la producción en la siguiente década se debe a dos factores clave: el ya mencionado atraso de los proyectos estructurales, pero también a la progresiva reducción de la extracción en la faena Gabriela Mistral, que según este pronóstico interno de la estatal, dejará de producir en 2027.

Según Juan Carlos Guajardo, CEO de la consultora Plusmining, este plan refleja un sinceramiento en las proyecciones de Codelco, pero alerta que “existe un riesgo de que la caída de producción pueda ser mayor que lo estimado y antes”, en especial debido al reciente conflicto con Contraloría.

La buena noticia es que expertos consultados destacan que con esos niveles de extracción, la estatal nunca dejará de aportarle excedentes al fisco. Es más. Gustavo Lagos, director del Centro de Minería de la UC, señala que si se zanjara el impasse con Contraloría, en los próximos 20 años la Corporación aportará unos US$ 80.000 millones en excedentes.
Abogado Luis Cordero, jefe del equipo legal de la minera: “La discrepancia con Contraloría es tan estructural e insalvable que la única opción para el directorio es ir a tribunales”

“La discrepancia con Contraloría es tan estructural e insalvable, que la única opción del directorio es ir a tribunales para defender el estatus jurídico de la compañía, que con los dictámenes de Contraloría está viendo comprometida su existencia”. Así lo señala Luis Cordero, socio de Ferrada & Nehme y jefe del equipo legal que representa a Codelco en la disputa con el ente público.

Debido a que a los directores de la minera estatal les cabe el deber de cuidado y diligencia en sus actos, y responden -según la ley de Sociedades Anónimas- con su patrimonio por ello, la diferencia de interpretación con Contraloría supone un gran riesgo legal para ellos, ante lo cual están obligados a concurrir a la justicia.

Cordero acota que “nosotros no hemos cuestionado que Contraloría pueda fiscalizar a Codelco”, pero sí los alcances de esta fiscalización. El socio de Ferrada & Nehme detalla que las discrepancias en este aspecto se resumen en dos. Primero: cuál es el marco legal bajo el cual opera la compañía, si se rige por la Ley de Compras Públicas o por la Ley de Sociedades Anónimas. La minera estatal entiende que es la segunda de las normativas, y ello se sustenta también en el contenido de la Ley de Gobiernos Corporativos, que data de 2009.

Segundo: cuál es el límite de la acción de Contraloría. A juicio de Codelco, la Contraloría debe realizar una fiscalización sobre la legalidad, pero no tiene potestad sobre el mérito, la oportunidad y la conveniencia, por ejemplo, de un negocio.

Cordero explica que esta es responsabilidad del directorio, que según la ley de Sociedades Anónimas y la de Gobierno Corporativo responde con su patrimonio por sus decisiones en la compañía.

Por ello, el experto señala que, dada la trascendencia de las diferencias con la Contraloría, se hizo necesario para el directorio aclararlas ante tribunales, pese a que estos pueden tardar entre tres a cinco años en fallar.

A raíz de ello, el grupo de abogados externos e internos elaboró, a inicios de este año, una especie de manual de procedimientos para minimizar los riesgos legales que tiene para los directivos, gerentes, ejecutivos y supervisores moverse en este difuso terreno regulatorio. Dicha guía la estatal la empezó a aplicar desde marzo de 2017.

En términos prácticos, esto implica mayor papeleo. “Hay que explicitar cosas que para cualquiera que trabaja en la gran minería son evidentes: que se necesita tal insumo que lo suministran tales compañías y no otras; cuyo servicio se entrega bajo tales condiciones, precios, garantías, etcétera… un papeleo que resulta excesivo, ineficiente e implica mayores costos para una compañía como Codelco, que compite con las grandes empresas mineras del mundo”, precisa Cordero.

El abogado señala que hasta ahora hay cinco caminos legales, todos en la ruta del derecho civil y administrativo.
Gustavo Lagos, académico de la UC: “Decisión del Contralor hará que Codelco pierda plata, lo que no ha ocurrido en sus 41 años de historia”

Para los expertos en minería, la intervención de la Contraloría en Codelco pone en riesgo la generación de excedentes en la cuprera estatal. Gustavo Lagos, académico de la UC, alerta: “la decisión del Contralor hará que Codelco pierda plata, lo que no ha ocurrido en sus 41 años de historia”.

“Lo que ha hecho el Contralor con estas acusaciones es poner a Codelco al mismo nivel de otras instituciones que han sido acusadas de mal uso de recursos públicos”, señala. “Esto es una tragedia, porque impide el adecuado desarrollo de la empresa, y ahora todo lo que tiene que ver con decisiones administrativas -contratos, planes de egreso, inversiones- se desarrolla más lento, con lo que los contratos están llegando al presidente ejecutivo (Nelson Pizarro), porque pocos quieren firmar”, dice.

Por ello, Lagos advierte que “mediante la decisión del Contralor se ha autodesignado en los hechos en el presidente ejecutivo de Codelco. Él tendrá decisión en lo que hace y no hace la Corporación, y en cómo se toman las decisiones”.

Además, precisa que las observaciones del ente contralor atañen a administradores anteriores. “Esos mismos actos no podrían ocurrir hoy, debido a las nuevas normativas de transparencia que ha introducido este directorio”.

“Codelco es posiblemente el mejor negocio que tiene el país. El Contralor no entiende lo que ha hecho, habría que explicárselo”, asevera el investigador de la UC.

Fuente: El Mercurio

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