Revista Nueva Minería

Compartir los beneficios que puede tener un proyecto eléctrico con la comunidad donde se emplaza, sería uno de los objetivos principales del proyecto de asociatividad que el gobierno está elaborando en varios frentes. ¿Puede existir el riesgo de que la relación entre ambos actores se instrumentalice y se convierta en una mera “transacción monetaria”? ¿Esta iniciativa apuntaría a encubrir los impactos ambientales que generan los proyectos? La discusión recién comienza.

Daniela Tapia
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Era noviembre de 2014 cuando en el marco de la puesta en marcha oficial del parque eólico Los Cururos de la colombiana EPM, la presidenta Michelle Bachelet anunció que a fines de ese año el gobierno enviaría al Congreso el proyecto de ley sobre asociatividad.

Una iniciativa que tiene como norte compartir el beneficio corporativo que puede tener un proyecto eléctrico con la comunidad donde se emplaza. La idea apunta a evitar su rechazo por parte de los vecinos que pudiesen verse afectados evitando la judicialización, que ha estado paralizando varias obras en el último tiempo. Sin embargo, a la fecha el proyecto se ha estado trabajando en varios frentes, lo que explica su retraso.

Pero no es una nueva estrategia. Se trata de una idea antigua, cuya primera versión data de cuando el actual gerente general de Enap, Marcelo Tokman, era el ministro de Energía en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en 2009. En ese entonces se le llamó “ley de compensaciones” y tenía un objetivo parecido: buscar hacer partícipes a las comunidades aledañas a los proyectos de generación de los beneficios que trae consigo la instalación de estas unidades.

En simple: un “ganar-ganar” entre ambos actores, que aunque efectivamente fue tramitado en el Parlamento nunca vio la luz. Luego se aplazó y fue congelado definitivamente durante la administración Piñera. Pero en su segundo mandato, la presidenta Bachelet reactivó la propuesta, aunque cambiando el concepto central, pasando de “compensaciones” al de “asociatividad”.

Es así como dentro de esta política está el proyecto que propone un sistema de equidad tarifaria, que persigue nivelar las tarifas de la luz a lo largo del país, además de un reconocimiento a las zonas productoras que verán una reducción en sus tarifas eléctricas. Al cierre de esta edición, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó en general el proyecto, quedando en condiciones de ser votado en primer trámite legislativo.

¿Cómo funciona? El mecanismo se hará efectivo mediante la modificación de la componente de distribución de las tarifas residenciales. Es decir, la baja con la que se beneficiarán algunas comunas será financiada por quienes consuman sobre 180 kWh/mes, y se aplicará paulatinamente durante los dos años siguientes desde que se apruebe la ley.

Al momento de dar a conocer esta medida, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, valoró la iniciativa destacando los beneficios que traería para quienes viven en comunas intensivas en generación de energía. “En Mejillones, por ejemplo, se reducirá la tarifa en un 18,7%; en Tocopilla, se generará una baja de 8,8%; y en Taltal, la rebaja será de un 7,8%”, sostuvo el secretario de Estado.

A ojos de un grupo de ONG’s, como Chile Sustentable, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano, este proyecto de asociatividad puede ser utilizado con el único fin de destrabar proyectos energéticos o de inversión.

Se trata de una idea que, a juicio del director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, tiende a compensar aquellas diferencias que premian a quienes viven en las ciudades más grandes y densas.

“Muchos vivimos en las ciudades más grandes y pobladas y pagamos una cuenta de electricidad menor que la de nuestros compatriotas en zonas menos densas. Un pequeño esfuerzo de quienes somos más beneficiados puede implicar una gran ayuda para los más desfavorecidos”, sostiene el timonel de la entidad gremial.

Pero algunos especialistas del rubro señalan que esta propuesta no sería la forma más efectiva de hacerse cargo de la desigualdad territorial que subyace al pago de las cuentas de electricidad. Así lo afirma el director de la carrera de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Carlos Silva.

“Es un hecho que los bienes y servicios tienen precios diferentes en las distintas zonas del país, debido a que reflejan distintos costos de producción y transporte. ¿Se debe equiparar el precio del pan, de los combustibles y de los bienes raíces a través de subsidios cruzados? Probablemente no”, señala.

Para el experto, la solución pasaría por políticas públicas enfocadas a promover zonas prioritarias, que podrían ser zonas rurales o extremas, utilizando herramientas como subsidios directos y franquicias, y no por distorsionar el costo real de la electricidad u otros bienes y servicios.

Mientras que en opinión de la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, los problemas que puede tener esta ley son de diverso tipo, como el hecho de que la rebaja tarifaria para una comuna o localidad no sea significativa.

“Para las empresas no existe un cambio sustantivo respecto al lugar donde deciden instalar sus proyectos y por ende, seguiremos teniendo zonas altamente contaminadas, con conflictos socioambientales, pero con menor tarifa eléctrica domiciliaria”, asevera la especialista.

Por otra parte, la segunda iniciativa, que aún está en estudio, plantea reformar la ley de Rentas Municipales para forzar a las empresas a que paguen patentes proporcionalmente en las zonas en que están sus instalaciones. Una idea que está siendo trabajada por la vía administrativa, hasta ahora con un resultado sobre 80%, aunque la meta es alcanzar el 100%. “Obviamente una ley nos va a apoyar en eso”, ha planteado el director de la División de Participación y Diálogo Social del ministerio de Energía, Javier Zulueta.

Hasta el momento, esta medida despierta consenso en el sector, ya que según diversos análisis, no debería afectar la inversión. La razón está en que en general, las patentes municipales son un monto menor en la estructura de costos de las empresas generadoras, y este cambio sólo buscaría enfocar dicho pago en los lugares donde las empresas tienen más actividad, es decir en las municipalidades donde se emplazan sus centrales. “La reforma busca solamente corregir una distorsión de la ley actual”, señala Carlos Silva, de la UAI.

Conceptos indefinidos

No hay duda que el punto ligado a la asociación entre desarrollo local y los proyectos energéticos es el más polémico. Es por esto que hace unos meses el ministerio de Energía presentó el “estándar de participación ciudadana para proyectos de energía”, que conformaría el tercer pilar de la política de asociatividad, y cuyo objetivo apunta a orientar la forma en que los proyectos de generación y transmisión de energía debiesen diseñarse y ejecutarse en su relación con las comunidades, con el propósito de respetar el derecho de éstas a participar en las decisiones que las afectan.

“Si bien no tendrá fuerza legal, estamos convencidos de que será aplicado y que generará un cambio cultural en relación al desarrollo de mejores proyectos de energía, alineándose así con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Como ministerio de Energía estamos aunando criterios y estableciendo mecanismos eficaces y representativos, con un papel de mediador entre las partes, es decir, entre las empresas y las comunidades”, expresó el ministro de Energía, Máximo Pacheco, tras su presentación.

Y es este punto el que genera mayores discrepancias, ya que a juicio de algunos actores, de asociatividad hay muy poco, si es que este concepto se entiende como la construcción de acuerdos sustantivos de colaboración mutua entre las empresas generadoras de energía y las comunidades que habitan los territorios donde éstas buscan asentarse.

Para el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Transelec, David Noe, podría surgir una delgada línea entre la entrega de un aporte monetario a la comunidad a cambio de la “licencia social para operar” en beneficio de la compañía. En este punto, existiría el riesgo de que efectivamente la asociatividad sea percibida como una herramienta que busca instrumentalizar la relación entre los proyectos y las comunidades.

“Si, por el contrario, se entiende que la asociatividad significa construir relaciones de confianza entre la empresa y las comunidades, generando valor compartido mediante la ejecución de programas de desarrollo local, donde la llegada de un proyecto a un territorio signifique mayores oportunidades para sus habitantes, ese riesgo desaparece”, agrega el ejecutivo.

Desde las organizaciones sociales han dicho que en la medida que la propiedad de los bienes comunes esté en manos de las empresas, cualquier estrategia de asociatividad se implementará en condiciones desventajosas para las comunidades.

Algo en lo que está de acuerdo Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, para quien la filosofía detrás de la política de asociatividad es precisamente, impedir que se genere un intercambio económico. “Lo que está detrás es, justamente, el que en conjunto podamos trabajar en el modelo de desarrollo y los proyectos de vida de las comunidades y los territorios”, sostiene.

Pero a ojos de un grupo de ONG’s, como Chile Sustentable, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano, este proyecto puede ser utilizado con el único fin de destrabar proyectos energéticos. Es por esto que entregaron un documento a las autoridades en el que acusan que esta iniciativa no aborda realmente un proceso asociativo entre empresas y comunidades, obedeciendo más bien a un nuevo formato para compensaciones monetarias de los inversionistas hacia las comunidades locales.

Además, han dicho que en la medida que la propiedad de los bienes comunes esté en manos de las empresas, cualquier estrategia de asociatividad se implementará en condiciones desventajosas para las comunidades.

Por ello, advirtieron que la relación entre las empresas y las comunidades locales debiera considerar una asesoría independiente para el apoyo hacia las comunidades y un royalty o participación en utilidades de la empresa no inferior al 10%. Para su administración, deben conformarse fundaciones o corporaciones integradas mayoritariamente por miembros de las comunidades afectadas, elegidos para tal efecto, y asignarse colectivamente para un plan de desarrollo local.

¿Cuál sería entonces el camino más factible para viabilizar la relación entre las empresas y las comunidades? La clave, para gran parte de los representantes de la industria, estaría en el diálogo y la participación ciudadana de forma anticipada y con todos los actores locales representados.

De hecho, para el ejecutivo de Transelec, David Noe, la necesidad de conocer en etapas tempranas la visión de desarrollo local, y la percepción que la comunidad tiene acerca de un determinado proyecto, hace más factible la posibilidad de que éste sea un complemento a dicha visión.

“Evidentemente hay territorios en que la visión de desarrollo local es diametralmente opuesta a la idea de que un proyecto energético se instale, y es ahí cuando se hace necesaria la participación del Estado, quien debiese otorgar lineamientos sobre el uso del territorio que incorporen las diferentes visiones respecto de éste, tanto locales como nacionales. Sin embargo, con diálogo permanente, y habiendo construido relaciones de confianza, es más fácil aunar criterios para hacer compatible un proyecto con la visión de desarrollo local”, expresa.

¿Los próximos pasos? Aunque aún está en proceso de desarrollo, gran parte de los actores del sector coinciden en el espíritu que guía a esta política de asociatividad, pero hay un punto crucial: si el gobierno está realmente interesado en materializarla, debe establecer el presupuesto para ello, como afirma Flavia Liberona, de Fundación Terram.

Así, “todos los países que han logrado buenos resultados en estas materias lo han hecho con mucho tiempo. Con mucha discusión. Equivocándose, enmendando el rumbo. Aprendiendo y escuchando. Aquí puede estar la llave de su éxito”, concluye Rodrigo Castillo, de Empresas Eléctricas.