Rolando Humire: “Tenemos que reconocer que estamos en una situación de conflicto”

13 octubre, 2014
Rolando Humire

Rolando Humire

El delegado de los pueblos indígenas más reconocido en el ámbito minero asegura que el diálogo es la clave para aproximar diferencias entre las empresas, el Estado y las comunidades, tomando en cuenta que, a su juicio, el aparato público “ha carecido de una tremenda voluntad política para solucionar los conflictos”.

Camila Morales – Revista Nueva Minería y Energía
 

Intensos son los días de Rolando Humire en la capital. Con una copada agenda, el presidente de la Sociedad Naturalista San Pedro de Atacama y del Consejo de Pueblos Atacameños viaja por algunos días desde el norte del país para asistir a encuentros y reuniones relativas a su foco de interés: las comunidades indígenas.

Es uno de los representantes de los pueblos originarios más reconocidos en el sector minero. Su llamado al diálogo y a la autonomía de los pueblos ha generado interés para fortalecer las conversaciones entre los diferentes actores del sector, llegando incluso a participar como “invitado permanente” en la recién creada Comisión Nacional del Litio.

“Yo soy de la nueva generación en las comunidades indígenas, podemos hablar de tú a tú con los empresarios o técnicos”, explica Humire a la salida de su participación en la reunión denominada “Agenda para la productividad” para la minería convocada por el gobierno.

Es Rolando Humire, el portavoz de las comunidades indígenas, quien en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía analiza cómo ha evolucionado la relación entre los empresarios y los pueblos originarios, una “situación compleja donde todavía existe mucho prejuicio”, afirma.

¿Cuál debiera ser el rol del Estado para fortalecer el entendimiento de las comunidades con las empresas?

El rol del Estado debiese funcionar más bien como aparato público y no como el gobierno de turno. Vemos que conforme van habiendo alternancias, como lo hubo con el presidente Piñera, existe cierta tendencia a decir que aquí está todo malo, que hay que hacer todo de nuevo. Uno no puede decir eso, porque siempre va a haber algo que rescatar y algo que hacer mejor.

Definitivamente ha faltado Estado. Hay políticas de gobierno muy cortoplacista, sumado a la falta de voluntad política para hacerse cargo de un tema complejo, como lo es la relación de la industria minera con las comunidades que han ocupado esos territorios desde tiempos inmemorables.

¿En qué están al debe las empresas mineras para avanzar en una mejor relación con las comunidades donde se insertan?, asimismo, ¿qué falta por parte de las comunidades para mejorar este entendimiento?

De parte de las comunidades sin duda que falta capital humano, quizás un poco más técnico, porque cuando se producen estos eventos entre la empresa privada y la comunidad, se discute sobre documentos técnicos y muchas veces nuestros comuneros no tienen conocimiento como para poder entender y discutir. Yo soy de la nueva generación en las comunidades indígenas, podemos hablar de tú a tú con los empresarios o técnicos, porque también somos técnicos.

En el caso de las empresas, aún hay mucho prejuicio que no contribuye a generar una relación más fluida para mejorar la confianza. Hay un ambiente de conflicto y eso es claro, la judicialización da cuenta de eso. Sin embargo, aquí también hay que aclarar que las empresas han sido mucho más proactivas que el Estado, obviamente porque al inversionista le interesa que su inversión rente. Entonces el estándar de relación lo pone la empresa privada, a pesar de que eso debiera ser regulado por el Estado.

¿Considera que actualmente las empresas tienen reales intenciones para alcanzar la “licencia social para operar”?, ¿comparte este concepto?

Es que la institucionalidad te establece una licencia legal, y claro, es consecuencia de cómo funciona el mercado. No digo que sea lo óptimo, pero al menos existe una mayor sensibilidad de que en la toma de decisiones no solamente pueden estar los políticos y los intermediarios, sino que además tienen que estar los sujetos de derecho y esas son las comunidades indígenas.

Creo que estamos viviendo un punto de partida que esperamos que sea una nueva relación moderna y con altura de miras, donde veamos que los beneficios no sean en el corto plazo, que es lo que busca el inversionista, sino que a nosotros nos interesa que haya una visión más a largo plazo, porque nosotros no nos vamos a ir del territorio, pero los privados sí.

Por eso estamos convencidos de que nadie más que nosotros puede hacer una planificación en el largo plazo. Si bien el diálogo todavía es insuficiente, se observa un clima de mayor sensibilidad y quizás exista una posibilidad de enmendar el rumbo, pero eso requiere más que de sensibilidad, de voluntad política y esa no siempre está.

¿Cuál es su opinión con respecto a la judicialización de los proyectos mineros y/o energéticos?

La judicialización no hace otra cosa que dar cuenta de la ausencia de Estado y la precariedad de la institucionalidad. No puede ser que en el siglo XX un juez de la Corte Suprema sea quien dirima cuál proyecto de inversión es o no es viable, siendo que existe una institucionalidad que debiera dar cuenta de esa posibilidad mucho antes.

Creo que es el peor escenario en el cual podemos estar. Lamentablemente el Estado ha perdido su condición de garante para la implementación de su propia institucionalidad, por muy precaria que esta sea. Entonces, nosotros, sujetos de derechos, tenemos que defendernos con lo que hay, y lo que hay son los tribunales.

pueblos indígenas

Actualmente, ¿con qué empresas están dialogando las comunidades asentadas en Atacama?, ¿cuál es el trabajo diario que realizan?

Ahora estamos en una etapa de nuevo diálogo con el gobierno y con las empresas, porque somos unos convencidos de que la forma para abordar las diferencias y reestablecer la confianza es el diálogo. Tenemos que reconocer que estamos en una situación de conflicto y ese conflicto es la consecuencia de una historia que nos queremos que se vuelva a repetir.

Por eso estamos trabajando arduamente por el cumplimiento de nuestros derechos, porque este tema debe ser abordado desde un punto de vista multisectorial. Ya ha pasado un tiempo suficiente para que Chile se reconozca como un gobierno plurinacional y desde esa realidad es que de una buena vez valoricemos lo que significa ser distintos.

La propuesta minera y el litio

En el mes de junio un grupo transversal liderado por Ricardo Lagos entregó al gobierno una propuesta de política minera, ¿Cuáles fueron sus razones para participar en la memoria alternativa de este documento junto a Sara Larraín y Nancy Yáñez?

Dentro de la metodología de trabajo que hubo en esa mesa de trabajo se nos pidió que elaboráramos una memoria alternativa porque había muchos puntos en los que no había consenso. Luego de elaborar el documento alternativo, algunos puntos se incorporaron a la memoria entregada a Bachelet, pero Nancy con Sara después decidieron no suscribirse al documento final.

Yo decidí suscribirme porque logramos incorporar en el texto el tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el capital del territorio. Por eso yo opté por suscribirme, porque creo que hace falta generar esas instancias de diálogo genuino y desprejuiciado, y no hacer las cosas por cumplir, sino hacerlas porque uno quiere mejorarlas.

¿En qué puntos está a favor y en contra con respecto a la propuesta de Lagos?

Creo que la propuesta insta a que el diálogo se amplifique y pueda ser tomado por más actores y es lo que sucedió ahora. El gobierno integró muy bien la propuesta y quiere seguir trabajando en ella. Hay que ser claros que el documento no persigue más que eso, proponer, pues es una base. Pero el desafío es que aquellos aspectos que no fueron integrados se incorporen en el futuro.
Como representante de las comunidades indígenas quiero aportar desde nuestra visión este conflicto. Porque muchas veces es abordado desde los juristas, políticos o burócratas de Santiago, pero normalmente eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el norte.

Tomando en cuenta que este documento va a servir de base para plantear cambios en el área, ¿qué se logró en la instancia de “Agenda de productividad” convocada por el gobierno y en la cuál usted participó?

Era la primera sesión, se divide en dos subcomisiones y creo que nuevamente este es el punto de inicio. Chile de una vez por todas debe reconocer la importancia que tienen los pueblos originarios y que tenemos no sólo el derecho, además la capacidad de participar de estos diálogos que son de alto nivel.

Estas instancias se traducen en una política pública y quienes las vamos a tener que implementar somos nosotros. Por eso entendemos que es un gesto concreto de parte del ejecutivo querer enmendar el rumbo, pero hay que ver qué sucede. Yo suelo ser muy optimista, pero hay que pasar del discurso al hecho y eso no siempre es fácil.

En julio expuso ante la Comisión Técnica del Litio, ¿qué problemáticas dio a conocer en esa reunión?, ¿cuál fue la recepción que obtuvo por parte de las autoridades y expertos?

La repercusión inmediata es que después me invitaron a formar parte de todo el proceso como “invitado permanente”, lo cual es positivo para nosotros. Lo que preocupa son los plazos que se auto impone el gobierno para generar políticas públicas como esta. A nosotros nos interesa lo que sucederá en el largo período, pero eso muchas veces no se condice con las acciones que tienen los gobiernos de turno.

¿Cree que sería beneficioso para las comunidades de Atacama una política nacional del litio o que se inicie la concesión para la futura explotación del mineral?

Aún es prematuro responder esta pregunta, pero sí puedo decir que es rescatable que al menos tuvieron la deferencia de involucrarnos en la conversación. Sin duda tenemos que ver cómo concluye, pero ahora manejamos mucha información y estamos muy al tanto de lo que ocurre en nuestro territorio.

De todas maneras tenemos la convicción de que la mejor forma para resolver los problemas es evitándolos y uno los evita con diálogo, incluso antes de la misma prospección. Ante la ausencia de una institucionalidad que te permita que eso suceda, se están dando estas relaciones caso a caso y ahí nuevamente el Estado ha estado un poco ausente. La idea es cambiar esta forma de actuar.

¿Qué le parece la idea legislativa de establecer una ley de rentas regionales?, ¿cree que este tipo de iniciativas fomentan el desarrollo de las zonas mineras?

Evidentemente que eso no va a llegar a buen puerto si es que están ausente los sujetos de derechos, o sea nosotros, y por lo que sé, hasta ahora nosotros no hemos sido parte de la discusión.

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