Revista Nueva Minería

(Foto: Felipe Pinto)

Preocupada por el trabajo que están realizando distintos actores sociales en relación al cambio climático, la abogada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia –también llamado (CR)2-, analiza este escenario desde el punto de vista legal y humano. En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, la experta recalca la importancia de que Chile se adapte a los nuevos tiempos en materia de sustentabilidad.

Camila Morales
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“No hay que dejar fuera de la discusión las dimensiones humanas”, es lo primero que señala la abogada Pilar Moraga al momento de hablar sobre cambio climático. Y es que desde su rol como investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, su interés se centra en analizar este escenario ambiental desde el área del derecho y desde dimensiones humanas como la sociología y la psicología.

Para esta abogada el cambio climático ya no es un escenario futuro, sino que es cuestión del presente. En ese contexto, “Chile debe pasar a otro tipo de regulación”, comenta Moraga, quien además enfatiza la mirada integral que debe tener este proceso de transformación, donde la sociedad civil y el sector privado participen activamente y ya no sólo como espectadores.

En su visión, hacer del tema como algo propio es la clave para que todos los actores sociales estén convencidos en la necesidad de trabajar para aminorar los efectos del calentamiento global en un país como Chile, “donde sabemos lo que es vivir con situaciones naturales extremas”, dice la experta.

¿Cuál es su opinión respecto a los pasos que ha seguido Chile en relación al cambio climático?

Chile ha hecho lo que ha tenido que hacer en el desarrollo de una política pública que se inicia con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A partir de eso, el país comienza a crear una política respecto al tema, que se ha ido fortaleciendo progresivamente. En ese sentido, diría que Chile ha ido lento pero seguro.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en un momento en que se hace necesario pasar a otra etapa y esto se ve a nivel internacional. Lo anterior se explica por la firma del Acuerdo de Paris en diciembre de 2015 y por la evidencia que los efectos de este fenómeno antrópico será cada vez más notorio, sobre todo en países como el nuestro, caracterizado por un alto nivel de vulnerabilidad en este ámbito.

Así, este acuerdo se firma en el marco de un nuevo contexto, en que el cambio climático ya no es fruto de la futurología, sino que es cuestión del presente. Por eso Chile está en un momento en que también debe pasar a otro tipo de regulación, en que el cambio climático tenga otro nivel de jerarquía en el aparato del Estado.

Hoy día es un departamento que está inserto en lo que es la división de aire del ministerio del Medio Ambiente, y eso revela cuál es el nivel de prioridad que se le da el tema en Chile. Como este es un problema económico, ambiental y social, requiere de soluciones que sean integrales, que vayan más allá de opciones sectoriales que se puedan adoptar.

En ese sentido, lo que nosotros hemos propuesto es contar con una Ley de Cambio Climático para Chile.

¿Por qué consideran que se necesita una ley?

Porque es la manera de dar permanencia al tema en el tiempo, darle estabilidad, que es lo que se requiere también para una mayor seguridad jurídica de lo que se va a implementar.

Necesitamos pasar a otro nivel en que la participación sea el involucramiento de los actores, que es imprescindible para tener medidas que funcionen. Por eso proponemos el fortalecimiento de los gobiernos locales, y también lo que es la institucionalización de las ciencias, por medio de la creación de un ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenga una división encargada del cambio climático para tomar las decisiones adecuadas de manera preventiva y no reactiva.

En relación a la escasez hídrica, Pilar Moraga indica que la institucionalidad es absolutamente deficiente y no está respondiendo al problema que tenemos en la actualidad.

¿Qué rol debe asumir el gobierno y el sector privado para aminorar los efectos del cambio climático?

La coordinación entre distintos sectores está entregada al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aunque aún no se ha formalizado legalmente la inclusión de éste último. De todas formas esta instancia no resulta suficiente, porque es un consejo que es liderado por el ministerio de Medio Ambiente, en un contexto en el que las acciones en esta materia de parte de otros ministerios es de carácter voluntario, por lo que no asumen este tema como propio y no lo incorporan de manera transversal a su gestión.

En este sentido, la experiencia comparada demuestra que es necesario elevar el cambio climático a lo más alto de la jerarquía del Estado, institucionalizar la ciencia para generar políticas públicas basadas en evidencia y convocar a la sociedad civil, al sector privado y a los gobiernos locales, como actores fundamentales en la implementación de acciones en materia de mitigación y adaptación.

Habrá un cambio en la regulación de los mercados internacionales, al cual el sector privado se va a tener que adaptar. A lo anterior se suma el carácter vulnerable de nuestro país, lo cual se manifiesta en los eventos extremos cada vez más recurrentes en materia de sequía, incendios, marejadas, entre otros. Todo eso va a influir necesariamente en la productividad, y por ende, es necesario que este sector esté preparado y esté en conocimiento de lo que necesita para tomar buenas decisiones.

Uno de los principales efectos del cambio climático es la escasez de agua. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a la actual regulación del sistema hídrico del país?

Sucede que en el tema hídrico pareciera que la solución pasa por la mayor infraestructura, cuestión que no comparto porque hoy estamos pasando a otra lógica en el mundo, que es el uso eficiente de los recursos. Ese es el primer peldaño.

En relación a este tema, la institucionalidad es absolutamente deficiente y no está respondiendo al problema que tenemos en la actualidad. Si analizamos los mecanismos que posee el Código de Aguas para responder ciertos eventos extremos, como la sequía, vemos que éstos son reactivos y no preventivos, en circunstancias que la sequía ya no es una emergencia, sino un fenómeno prácticamente permanente, al menos así lo ha sido en los últimos ocho años. Por ende, una reforma sí es necesaria y urgente.

Se han estado dando soluciones tecnológicas como lo es el uso agua de mar, por ejemplo. Pero son soluciones que también requieren una mirada preventiva y estratégica, porque los procesos de desalinización conllevan consecuencias ambientales importantes, y ese es un tema no regulado en nuestro país. Así, una solución para un problema actual, puede transformarse en un gran problema en el futuro si se carece una mirada prospectiva que permita tratar los problemas ambientales de manera sistémica y coherente. Es decir, el cambio climático nos plantea un cambio de mirada. Una política pública robusta en esta materia permitiría entregar tal coherencia, si consideramos que se trata de un problema transversal a problemas ambientales, económicos y sociales.

En la industria minera y energética señalan que con ésta y otras reformas habrá mayor incertidumbre en el desarrollo de proyectos. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación?

Voy a citar el caso de Reino Unido. Hace poco vino un experto a contarnos su experiencia con la dictación de la Ley de Cambio Climático. Él nos señaló que el sector privado quería esta ley para tener una mayor certeza jurídica. ¿Qué era lo que sucedía? Los gobiernos muchas veces implementaban nuevas exigencias para las empresas que podían cambiar con la llegada de nuevas autoridades. Así, las inversiones realizadas en este ámbito podían no servir de mucho en el corto plazo. En este sentido, una regulación clara y precisa les daba seguridad en horizontes a mediano y largo plazo.

O sea, si la certeza fuera sinónimo de inmovilismo, efectivamente cualquier cambio que se fuera a hacer provocaría incerteza. Pero la certeza es contar con reglas claras que necesariamente se van a tener que ir adaptando a las nuevas necesidades, pero de manera previsible. Por ejemplo, no podemos seguir con un Código de Aguas que está totalmente inadaptado a la situación actual de escasez del recurso hídrico. Es el mismo sector privado el que se ve afectado por esta situación. Por ende, hay que entender bien qué es la certeza jurídica.

“Si la certeza fuera sinónimo de inmovilismo, efectivamente cualquier cambio que se fuera a hacer provocaría incerteza. Pero la certeza es contar con reglas claras”, aclara Pilar Moraga. (Foto: Felipe Pinto)

¿Qué evaluación hace de la gestión ambiental que realizan las grandes compañías mineras y energéticas? ¿Cree que las medidas ayudan a una real conservación de la biodiversidad?

Como sociedad aún tenemos un problema en relación a lo que es el desarrollo de grandes proyectos. Nuestra institucionalidad ambiental tiene falencias en ese sentido, porque dependiendo del nivel de conflictividad que presenta el desarrollo de proyectos, es el modo en que hacen las cosas, cuestión que en otras partes del mundo es un tema resuelto.

Cierto, Chile ha alcanzado un nivel de desarrollo donde la comunidad valora su entorno. En ese contexto, el desarrollo de proyectos de inversión, cualquiera sea su escala, deberá considerar este aspecto para ser exitoso. Sin embargo, las políticas públicas muchas veces no ha estado a la altura, favoreciendo la judicialización como mecanismo para esclarecer vacíos o ambigüedades normativas. En este sentido, es posible afirmar que el cumplimiento de la legislación actual no es suficiente para asegurar la conservación de la biodiversidad en nuestro país.

Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia

Nacido en 2011 y financiado por Conicyt, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia –también conocido como (CR)2, es una entidad de carácter multidisciplinario que realiza investigación en temas como la variabilidad y escasez de los recursos hídricos en el norte y centro del país, así como en la creciente urbanización y el rápido cambio de uso del suelo en las zonas centro y sur del territorio nacional.

A su vez, considera cinco líneas principales de investigación: biogeoquímica, dinámica del clima, servicios ecosistémicos, dimensiones humanas y modelación y sistemas de observación.

“Están todas las ciencias duras representadas y la gran novedad del centro es la incorporación de una línea de dimensiones humanas, que es el área que yo lidero como investigadora”, explica Pilar Moraga.

Esta área contempla la línea de la sociología, economía, psicología del cambio climático y el área legal, que es la zona de experticia de Moraga. “Es un área nueva, pero que sin embargo a nivel internacional es un tema casi prioritario, que tiene como propósito investigar y contribuir en las políticas públicas que se implementen”, agrega la abogada.