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Pasivos ambientales mineros: ¿Qué pasa en los países vecinos?

1 abril, 2019
Pasivos ambientales

(Foto: Jorge Chávez)

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

Por Camila Morales

Revista Nueva Minería y Energía

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

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