Pasivos ambientales: hacia una política de acción

5 septiembre, 2016
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(Foto: Fundación Chile)

La paralización o abandono de una faena, incluyendo sus residuos, es un tema complejo en la minería, ya que siempre está latente el potencial riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Y si bien los cambios legales apuntan a regular esta realidad, aún hay temas pendientes respecto a los pasivos mineros más peligrosos.

Camila Morales
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Corría el mes de marzo del año pasado cuando el juez de la zona de Los Vilos ordenaba a Minera Los Pelambres la demolición del tranque de relaves mineros El Mauro, luego que considerara insatisfactoria la solución de la empresa para permitir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes.

Lo que siguió ya es historia conocida. A los pocos días del fallo, la empresa minera controlada por el grupo Luksic recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena para apelar al dictamen, donde logró que se ratificara que el depósito de relaves fue diseñado y construido de acuerdo a las normas legales vigentes en Chile y cumpliendo con “altos” estándares de seguridad.

A pesar de aún no estar clara la disputa a nivel legal y que posteriormente Pelambres alcanzó un acuerdo con parte de los habitantes de la zona para poner fin al conflicto, el episodio en Caimanes marcó un punto de inflexión sobre la forma en que las empresas manejan sus residuos y las sanciones que pueden recibir por sus incumplimientos.

“Lo ocurrido con el tranque El Mauro es una muestra que la sola aplicación de estándares técnicos, aunque sean de excelencia, no es suficiente garantía para evitar dificultades. Hay que incluir otros factores. Falta establecer una estrategia común que sincere los objetivos de la industria y facilite el entendimiento y comprensión con la economía. En esta área hay mucho que hacer”, señala Sergio Barrera, consultor senior en Depósitos de Relave y Embalses de agua de la empresa Delfi Ingeniería.

Y es que el caso de Minera Los Pelambres pone en el debate la manera en que actualmente las compañías manejan sus residuos y el posible impacto que esto tiene en el entorno, especialmente en el caso de aquellas faenas que terminan de producir.

De acuerdo a la ley, sólo una parte de las faenas mineras paralizadas o abandonadas presenta niveles de riesgo para la comunidad y el entorno. Precisamente las que presentan este tipo de riesgos se denominan Pasivos Ambientales Mineros (PAM), definida como aquella “faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente”.

El gran desarrollo que ha tenido la minería en Chile en las últimas décadas ha producido millones de toneladas de mineral, pero de igual forma, ha implicado un alto volumen de residuos de todo tipo, lo que ha generado la necesidad de regular el manejo adecuado de los desechos de esta actividad extractiva, tanto en la pequeña, como en la mediana y gran minería.

“En general estos pasivos están identificados en cuanto a su ubicación pero no parece estar claro el riesgo asociado a cada uno de ellos”, indica Sergio Barrera, consultor senior en Depósitos de Relave y Embalses de agua en Delfi Ingeniería. (Foto: Sergio Barrera)

“En general estos pasivos están identificados en cuanto a su ubicación pero no parece estar claro el riesgo asociado a cada uno de ellos”, indica Sergio Barrera, consultor senior en Depósitos de Relave y Embalses de agua en Delfi Ingeniería. (Foto: Sergio Barrera)

Sin embargo, el hecho de que actualmente la legislación chilena no regule de manera específica los pasivos ambientales originados en las principales áreas industriales del país, amplía la discusión sobre la remediación de zonas afectadas con o sin una empresa responsable identificada.

En este contexto, ¿es suficiente una normativa sobre el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras? ¿Debería existir una regulación específica para controlar los pasivos ambientales mineros en Chile? ¿Cuáles son los desafíos pendientes sobre los PAM? Estas son sólo algunas de las dudas relacionados con este tema.

La normativa

Considerando que a nivel legislativo los PAM no son regulados de manera específica, la ley que reglamenta el Cierre de Faena e Instalaciones Mineras es la norma que se relaciona directamente con este tema. Con vigencia desde noviembre de 2012, a la fecha un total de 144 faenas con una producción mayor a las 10.000 TPM han presentado sus planes de cierre, lo que totaliza un cumplimiento de un 95%.

Así lo indica Rodrigo Álvarez, director nacional de Sernageomin, quien aclara que si bien el “balance es positivo” en relación a la ley sobre cierre de faenas, ésta norma “no busca dar solución” al tema de los pasivos.

“Como servicio estamos encargados del levantamiento de las faenas mineras abandonadas, pero para poder regular es necesario contar con un buen catastro de pasivos mineros, por lo que se hace necesario poder contar con mayores recursos”, añade.

Si bien el nivel de cumplimiento de la ley de cierre de faenas mineras es aplaudido por las autoridades y la industria, expertos coinciden en que ahora el principal desafío es establecer un tratamiento de los pasivos mineros con plazos establecidos.

“En general estos pasivos están identificados en cuanto a su ubicación pero no parece estar claro el riesgo asociado a cada uno de ellos. El análisis de la experiencia de otros países en esta materia podría ser de interés. En particular el retratamiento de ellos y la posibilidad de establecer incentivos para que los pasivos de menor tamaño puedan ser trasladados a grandes operaciones existentes. Algo de esto último ya se ha hecho, pero a una escala muy pequeña”, explica el consultor en Depósitos de Relave y Embalses de agua, Sergio Barrera.

De acuerdo a datos actualizados, el costo de los planes de cierres de faenas en el país superarían los US$ 10.000 millones, mientras que las garantías previas que realizan los proyectos que actualmente están en operación alcanzarían los US$ 1.000 millones. Estas cifras son parte de los nuevos procesos al que han tenido que adaptarse las empresas para resguardar la seguridad del medio ambiente y de las personas.

No obstante, además de constatar un plan de cierre ante las autoridades, el tratamiento, intervención y rehabilitación de depósitos de relaves o de zonas afectadas por la minería sigue siendo un tema que genera debate, especialmente respecto a la eliminación eficaz de los pasivos.

¿Qué se espera?

En marzo de 2015, Sernageomin informó que en la Región de Atacama existen 164 depósitos de relaves, de los cuales 55 se encuentran en actividad, 18 están paralizados y 91 en calidad de abandonados. El catastro en la Región de Coquimbo, en tanto, arrojó que existen 293 depósitos, de los cuales 86 están en actividad, 179 paralizados y 28 abandonados.

Con estos antecedentes en mano, algunos parlamentarios han insistido en definir una política pública sobre los PAM.

En noviembre del año pasado, por una unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita al gobierno definir una política pública y elaborar una iniciativa de ley relativa a Pasivos Ambientales Mineros (PAM), además de facultar al Sernageomin para intervenir depósitos de relaves paralizados o abandonados.

“Como servicio estamos encargados del levantamiento de las faenas mineras abandonadas, pero para poder regular es necesario contar con un buen catastro de pasivos mineros”, afirma el director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez. (Foto: Sernageomin)

“Como servicio estamos encargados del levantamiento de las faenas mineras abandonadas, pero para poder regular es necesario contar con un buen catastro de pasivos mineros”, afirma el director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez. (Foto: Sernageomin)

“Es necesario contar con una norma específica para regular los pasivos ambientales mineros. En Chile resulta inevitable contar con normativas específicas para las diferentes temáticas, y los pasivos ambientales mineros son, sin duda, un tema muy relevante para el país. No podemos olvidar nuestra historia minera”, explica el director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez.

Pero no todo debe quedar a nivel legislativo. Tal como comenta Sergio Barrera, el siguiente desafío es que las empresas tomen una actitud proactiva respecto a los PAM.

“Más que una norma específica, es importante generar incentivos para que las faenas mineras en operación puedan apoyar a la eliminación paulatina de estos pasivos. Esto tendría un doble efecto: la minería demostraría que puede colaborar aportando espacio donde acopiar estos desechos y la comunidad eliminaría focos que presentan algún riesgo”, explica.

Es así como poco a poco, actores de diversos sectores han debido internalizar una nueva lógica de desarrollo minero. Así, el desafío de alcanzar una minería sustentable desde el inicio y hasta el fin de la operación, también debe considerar lo que sucede después del cese de funciones, especialmente en lo que respecto a los peligrosos PAM. Pero no basta con tener proyectos de rehabilitación de zonas afectadas. También se necesita que el resguardo al medio ambiente tome el sitial que se merece.

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