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Ordenamiento territorial para la anticipación de conflictos

20 julio, 2018
Opinión - María Fernández_foto

“La discusión sobre cómo compatibilizar en un mismo espacio geográfico la producción a distinta escala, con respeto a las identidades locales y protección del medioambiente (…); significa un paso sustantivo para una mejor articulación de la institucionalidad pública”.

Por María Ignacia Fernández, Directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp)
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Casi desapercibida pasó en febrero de este año la aprobación de la reforma a la Ley sobre Gobierno y Administración Regional, que incrementa las competencias de los gobiernos regionales para la gestión del desarrollo. La mencionada reforma queda en deuda con las demandas de transferencia de competencias que hace más de una década vienen levantando las regiones, y que bien recogió el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, convocado por el pasado gobierno en 2014.

Muy probablemente, esta “deuda” tendrá fuertes repercusiones en la capacidad de los nuevos gobernadores regionales elegidos por votación popular a contar de 2020, de decidir en forma autónoma sobre un conjunto de bienes y servicios públicos de claro asiento territorial.

Pero, dejando de lado por un momento la potencial fuente de conflicto que deriva de esta asimetría entre las atribuciones políticas y administrativas que resulta de una tramitación dubitativa y a pie forzado, quisiera detenerme en uno de los aspectos mejor logrados del proyecto: el incremento de atribuciones a los gobiernos regionales para el ordenamiento territorial.

Dos son los principales avances al respecto. Primero, asignar carácter vinculante al Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), “instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos, y una macro zonificación de dicho territorio” (Art. 17).

Segundo, la creación de la figura de Áreas Metropolitanas, que, aunque todavía sin muchas atribuciones específicas, constituye un avance hacia una gestión integral de territorios que comparten un conjunto de problemas y desafíos comunes.

Estos avances pueden constituir pasos decisivos para una gestión integral del territorio. La idea es que se ponga en común, intereses muchas veces en conflicto de actores como el sector privado, las organizaciones sociales, los gobiernos locales o la comunidad organizada.

La discusión sobre cómo compatibilizar en un mismo espacio geográfico la producción (minera, pesquera, forestal, agrícola, etc.) a distinta escala, con respeto a las identidades locales y protección del medioambiente, junto con otros usos del territorio, significa un paso sustantivo para una mejor articulación de la institucionalidad pública, para la cual el PROT será de cumplimiento obligatorio.

Pero más importante aún, es que si se toma en serio la obligación que establece la ley de someter el PROT a consulta pública, este instrumento puede contribuir, además, a anticipar conflictos socio-territoriales que hoy tienen en jaque a varias comunidades en distintos lugares del país, con el consecuente costo para el bienestar de las mismas.

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