Revista Nueva Minería

Dos conflictos en la Provincia del Choapa tienen a Pelambres en alerta. Vecinos del sector alto del valle han presionado a la minera para que asegure el recurso hídrico en la zona, y un fallo judicial obligaría a la compañía a cerrar su tranque El Mauro. 

Por Roberto Celis – Revista NME

El yacimiento de Los Pelambres en el Valle del Choapa es conocido desde tiempos prehispánicos. Su nombre se debe a que en las épocas de deshielos el agua que escurría desde la cordillera al entrar en contacto con los minerales en esa zona se volvía tan ácida que literalmente pelaba las patas de los animales que entraban en contacto con ella.

El agua, los minerales y sus efectos en su entorno más próximo sellaron para siempre la identidad de Minera Los Pelambres (MLP), y son los mismos elementos los que hoy ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones. Una creciente oposición de comunidades impactadas por las actividades de la minera, especialmente por el uso del agua en sus procesos y el tratamiento de sus residuos mineros, ha comenzado a obtener respuestas favorables a sus aspiraciones desde los tribunales de justicia.

Cronología del conflicto

Las tensiones de la minera con las comunidades de la Provincia del Choapa, como asimismo sus esfuerzos por obtener su licencia social para operar, se remontan a la década de los 90.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) destaca en un informe que han sido cuatro los momentos críticos que ha enfrentado la compañía a lo largo de su historia. El primero ocurrió en 1996 en la localidad de Los Vilos, debido al anuncio de la instalación del terminal marítimo, y posteriormente se destacan los hechos acaecidos en el Valle del Choapa, particularmente en la localidad de Chillepín, a propósito del anuncio de construcción de tranques de relave en el sector El Manque entre los años 2001 y 2002.

En el mismo período generó conflictos la evaluación y calificación del proyecto “Optimización operación actual a 114 ktpd”, y más recientemente aparecen las acciones realizadas por la comunidad de Caimanes en oposición a la aprobación y construcción del depósito de relaves El Mauro, contenido en el Proyecto Integral de Desarrollo de Minera Los Pelambres.

Este último conflicto se prolonga prácticamente desde comienzos de la década de 2000 a la fecha y ha tenido su punto de mayor tensión en las últimas semanas luego de que el Tribunal de Los Vilos ratificara el dictamen de la Corte Suprema del 21 de octubre de 2014 que señalaba que el muro del tranque debía ser demolido o realizar las obras que permitan volver el cauce del estero Pupío a su normalidad.

La decisión del juez de Los Vilos que confirmó la demolición del tranque El Mauro representó un triunfo para las comunidades en su lucha contra la minera, pero al mismo tiempo, generó un intenso debate en la industria sobre la factibilidad de cumplir con la resolución judicial. La compañía a cargo -Antofagasta Minerals- incluso fue más allá, afirmando que el fallo podría generar un precedente para otras operaciones mineras similares en el país, lo que pondría en riesgo el desarrollo de la minería en el país.

En las últimas semanas también apareció un quinto foco de conflicto en la historia de la explotación a gran escala de este yacimiento. Esta vez parte importante de la comunidad de Salamanca salió a manifestarse contra el proyecto de expansión de la minera argumentando que este dejaría al valle en estado crítico de escasez de agua.

Caimanes: La justicia tiene la palabra

En 2008, 178 vecinos de Caimanes presentaron una demanda contra la operación del Tranque El Mauro, faena que había sido autorizada por la legislación ambiental en 2004.

Desde comienzos de la década pasada, ya venía generándose un movimiento social de oposición a la construcción de dicho depósito de relaves. La resolución de octubre de 2014 de la Corte Suprema antes mencionada, obligó a MLP a asegurar el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a Caimanes y ordenó también a la minera hacer una presentación de un plan de obras que permitiera cumplir con dicha resolución ante el tribunal de Los Vilos. Este plan fue presentado en noviembre de 2014 por la minera.

El pasado 9 de marzo, el juez de Los Vilos estimó dicho plan de obras como insuficiente y ordenó la demolición del tranque.

Sandra Dagnino, abogada de los demandantes, indicó que en la propuesta de la minera “no hay ninguna obra que vaya, de alguna manera, a permitir el libre escurrimiento de las aguas”.

Sin embargo, la empresa dice estar “convencida” de que las obras propuestas sí cumplen con el propósito. De acuerdo a la propia minera, estas obras incluyen reforzar las medidas “ya implementadas por la compañía para entregar aguas libres de contacto con el relave”.

“Además se reforzará la captación del agua que cae y escurre sobre las quebradas y laderas de la cuenca del Mauro y su conducción hacia la cuenca del estero Pupío, a través de un sistema que asegure su mínima pérdida por infiltración o evaporación. También se propone que sean órganos independientes, acreditados ante la autoridad, los que controlen y fiscalicen la calidad de las aguas, mediante información que estará disponible para la comunidad. Y dado el contexto de sequía en la zona, se habilitará una planta de tratamiento y un estanque de almacenamiento que permita su óptimo uso y consumo por parte de sus habitantes”, asegura el gerente de Asuntos Externos y Sustentabilidad de Minera Los Pelambres, Jorge Araneda.

Apenas conocido el fallo, Minera Los Pelambres informó que adoptaría todas las medidas legales disponibles para demostrar que su plan de obras es suficiente para garantizar que el agua del estero Pupío llegue hasta la localidad de Caimanes.

La empresa explicó en un comunicado que la eventual demolición del tranque implicaría la suspensión de las operaciones de MLP, la que por fuerza mayor debería interrumpir indefinidamente todos sus contratos con sus proveedores de bienes y servicios y con sus propios trabajadores.

“Estamos seguros que nadie quiere esto, por eso vamos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para permitir que Los Pelambres pueda seguir aportando al desarrollo de la región y del país”, declaró en ese momento Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc.

En este mismo sentido, señaló que “el fallo genera un precedente para otras operaciones mineras similares en el país, lo que pone en juego la posibilidad de que la minería pueda mantener su desarrollo en Chile y contribución al crecimiento”.

Por su parte, junto con celebrar el actuar de los jueces, el presidente del Comité de Defensa de Caimanes, Cristian Flores, indicó tajante que “los fallos judiciales no se comentan, se cumplen”.

De esta manera, Flores rechaza cualquier iniciativa que busque sentarlos en una mesa negociadora con MLP y autoridades tal como se ha hecho en Salamanca. El vocero de Caimanes aclara que los vecinos de Caimanes desconocen “cualquier gestión” de los diputados Jorge Insunza (PPD) y Luis Lemus (PS) y de la senadora Adriana Muñoz (PPD), que habían comentado a la prensa sus intenciones de promover una mesa de diálogo con las comunidades de Caimanes.

“Reiteramos que los fallos judiciales, más aún los de la Corte Suprema, no se dialogan ni negocian y que estos parlamentarios, a quienes durante años solicitamos apoyo, ya no nos representan y no son bienvenidos en Caimanes”, agrega Flores.

El 12 de marzo Pelambres presentó su apelación ante la Corte de Apelaciones de La Serena, Entre los argumentos del
recurso de apelación, la minera expuso que la resolución del juez de Los Vilos “ignora que la alternativa de cumplimiento elegida por MLP es aquella que mejor se condice con las exigencias contenidas en ella: que el agua no entre en contacto con el relave”, reiterando que el plan de obras propuesto ante el juzgado de Los Vilos cumple y asegura el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío hacia la localidad de Caimanes.

Un informe de la DGA, que ya está en manos de los tribunales, sería clave para respaldar la posición de la minera, la que en definitiva busca evitar la demolición de la pared del tranque.

Salamanca saca la voz

El 28 de febrero pasado, manifestantes de comunidades del valle del Choapa, específicamente del sector alto del Choapa, se tomaron el camino de acceso a la mina Los Pelambres. Desde esa fecha, las protestas generaron daños a la garita de acceso y a instalaciones utilizadas en los procesos de producción, fuera del recinto minero.

Aún cuando las manifestaciones tuvieron bajo impacto en las operaciones de la mina, de todas maneras lograron entorpecerlas, según indicó la misma compañía.

A comienzos de marzo el gobierno decidió intervenir en el conflicto enviando contingente policial adicional para reestablecer el tránsito normal hacia la faena e instaló una mesa de diálogo.

La demanda de la comunidad se resume en una sola palabra: agua. En medio de una prolongada sequía y ante el anuncio de la expansión de Los Pelambres, la comunidad se organizó para exigir a la compañía y a las autoridades, garantías para el resguardo del vital recurso.

“Salamanca y el Valle del Choapa despiertan por fin, y exigen sus derechos justamente para evitar que les ocurra la devastación y usurpación que asesina a Caimanes”, sentencia Cristian Flores, aclarando que las luchas de Caimanes y del sector alto del Choapa constituyen temas distintos.

“La situación en Caimanes es totalmente distinta y no está relacionada con los hechos violentos que han afectado al sector de Salamanca. Y no guarda relación con la forma en que MLP y las más de 40 comunidades del Choapa han interactuado y trabajado todos estos años”, indica por su parte Jorge Araneda.

Ante estos acontecimientos, Minera Los Pelambres decidió participar en la mesa de diálogo que incluyó a representantes del gobierno, del municipio de Salamanca, dirigentes locales y parlamentarios de la zona. La compañía indicó que se sumaba a este esfuerzo para buscar una salida pacífica al conflicto, con la única condición de que se terminara el uso de la violencia, lo que implicaba especialmente el despeje del camino de acceso.

El 11 de marzo finalmente se firmó un acuerdo que puso fin a la toma del camino y que estipuló la conformación de una alianza público-privada para desarrollar el proyecto correspondiente a una planta desalinizadora cuyos usos serán definidos por una comisión de trabajo, que reunirá a los actores sociales y productivos de la zona.

El acuerdo además, establece el compromiso de la compañía de utilizar agua de mar ante la eventualidad de una expansión de su proyecto minero. Por último MLP se comprometió a financiar en el plazo de un año, el estudio de ingeniería de un embalse de cabecera en el río Choapa, además de la inyección de recursos en una alianza público-privada para la ejecución del proyecto.

“Llevamos más de 15 años trabajando en diversas iniciativas con la comunidad. En todo este tiempo, hemos establecido relaciones de colaboración y hemos llevado adelante numerosas iniciativas. Sentimos, sinceramente, que hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Caimanes, de la provincia de Choapa y de la región de Coquimbo. Nuestro compromiso es seguir haciéndolo por mucho tiempo”, asegura el gerente de Asuntos Externos y Sustentabilidad de MLP, Jorge Araneda.

Un número también importante de personas de la comunidad apoyan el actuar de la minera y defienden su existencia como principal fuente de trabajo en la zona. Y al igual que los opositores, han realizado manifestaciones a favor de Pelambres, lo que ha generado tensión entre los habitantes de la zona.

Ambos conflictos están aún en desarrollo.En los últimos días ha sido la naturaleza la que ha puesto una tregua en el conflicto, ya que las lluvias han vuelto al valle generando una transversal esperanza en sus habitantes de superar o al menos paliar los efectos de la prolongada sequía que los afecta. No obstante, es claro que esta es una situación positiva puntual que no distrae la atención de las comunidades y de la minera respecto de los procesos judiciales y de la concreción de los acuerdos establecidos.

Reacciones de la industria ante el fallo del tribunal de Los Vilos

Tras conocerse el fallo del juez de Los Vilos el 9 de marzo, diversos actores de la industria minera manifestaron su opinión y preocupación al respecto.

“Respetamos el fallo, pero no lo compartimos”, manifestó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas.

“El fallo es complejo porque la empresa tiene todos los permisos, ha estado sometida a permanente control de la DGA y Sernageomin y no había sido notificada de incumplimientos que justificaran una decisión tan radical. Decisión inejecutable, a menos que se acepte causar un daño humano y ambiental sin precedentes”, declaró a la prensa el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Por su parte, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), expresó en un comunicado su “extrema preocupación por dictámenes de esta naturaleza, que desde nuestra perspectiva no contribuyen a resolver las diferencias entre las partes, y agravan un clima en general adverso a la industria minera chilena”.

Fuente: Revista Nueva Minería y Energía