Ministerios de Minería y Energía pretenden fortalecer la comunicación con las comunidades
Mientras en el área del Ministerio de Minería la idea es levantar información para trazar una hoja de ruta, en Energía se esboza una zonificación de los proyectos
Más de US$ 54 mil millones en inversiones están paralizados directamente por la judicialización derivada de temas ambientales y sociales que generan conflicto en el país.
Chile así se convirtió en el undécimo país con más conflictos ambientales del mundo, de acuerdo con el Atlas Global de Justicia Ambiental, casi triplicando los conflictos que tiene Canadá, y multiplicando por 10 los de Australia.
Esto llevó a que durante el gobierno de Sebastián Piñera, múltiples fueran las iniciativas para destrabar la cartera detenida: se crearon mesas de trabajo y se buscaron alternativas que permitieran acelerar las inversiones y tribunales ambientales, pero en la práctica, la queja de los privados es que aunque la autoridad autorice los proyectos, estos aún pueden ser rechazados.
Esta incertidumbre llevó a que las nuevas iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental cayeran 60% en el primer trimestre del año, con una reducción de inversiones que llega al 83%, su menor nivel en 17 años.
En ese panorama la Presidenta Bachelet transmitió a sus ministros su preocupación por la relación del gobierno con las comunidades. Los proyectos detenidos o en peligro son transversales, por lo que el trabajo debería ser multidisciplinario. Eso sí, las dos carteras más afectadas son Energía y Minería. Por eso, ambos ministerios nombraron el 11 de marzo a “encargados de diálogo con las comunidades”, dos cargos inéditos que buscarán internalizar el movimiento ciudadano que tiene tan complicado a estos sectores, “sin retroexcavadora”, como dice un funcionario ministerial.
A poco más de una semana de asumir Patricio Díaz, encargado de Comunidades del Ministerio de Minería, explica que está en pleno levantamiento de información sobre el sector, con miras a presentarle a la ministra del ramo, Aurora Williams, una propuesta de trabajo.
“Los plazos serán definidos dentro de los dos primeros meses. Aquí se pretende lograr un plan de trabajo, junto a los distintos actores de la minería, las comunidades y otros actores públicos y privados”.
Este trabajo está dentro de las prioridades del ministerio pues, explica Díaz, los conflictos “tienen un rol protagónico en el desarrollo de los proyectos de la minería”.
La idea de su trabajo es “sumar a los proyectos una mayor capacidad de inclusión, participación y diálogo para encontrar en conjunto nuevas y mejores soluciones a sus problemas y necesidades sentidas”.
En este sentido, “el rol de ministerio es contribuir al desarrollo de una sinergia entre comunidades y empresas mineras, en términos crecientes, constantes y sostenibles”, dice Patricio Díaz.
Energía busca consensuar zonas para las centrales
Javier Zulueta es el nuevo director de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía. Desde aquí explica que por estos días su misión es iniciar el diálogo y empezar a levantar información y tender lazos con las distintas fuerzas sociales que podrían activarse en caso de conflicto, por lo que hace dos semanas visitó junto al ministro Máximo Pacheco la Región de Magallanes, en donde dialogaron con empresas, autoridades, pobladores y líderes sociales, con miras a incluir a la sociedad en las variables.
“Hasta hoy, el ministerio abordaba el tema energético con un enfoque más técnico y no se consideraba a los distintos grupos de interés relacionados al mundo energético a la hora de hacerlos partícipes del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en energía”, dice Zulueta.
En ese sentido, dice el ex miembro de Un Techo Para Chile, su mandato no es “destrabar proyectos”, sino que buscar que las propuestas que se presenten en el futuro sean las mejores para todas las partes interesadas y se desarrollen de manera rápida y segura.
Así esboza una propuesta alineada con la solución que han planteado varias veces las empresas eléctricas: buscar desarrollo de una especie de “zonificación” en donde los distintos actores, junto con el Estado, definan qué tipo de energía podría ubicarse en cada lugar, y sobre esa base diseñar una política energética. La idea de Zulueta es similar al modelo que se usa en Brasil, pero incorpora, ex ante , a las comunidades
Este no es trabajo fácil, no solo porque debe analizar si es que se necesita un cuerpo legal que haga vinculantes las decisiones que se tomen junto a la comunidad, sino porque también incluye el levantamiento de datos y la coordinación con otras reparticiones, como Bienes Nacionales o la Dirección de Aguas. Esto hará que el desarrollo de las soluciones tome un tiempo, aunque no sabe cuánto, dice Zulueta.
Fuente: El Mercurio
